Para el especialista en violencia de género, Jorge Corsi, es necesario que existan criterios únicos que permitan visibilizar y atender el fenómeno desde todas sus dimensiones, en tanto la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Norma Reyes Terán, se manifestó contra los enfoques conciliadores y la mediación.
De acuerdo con un comunicado del IMO, al dictar la conferencia Género y Violencia ante servidoras y servidores públicos del gobierno estatal, el académico argentino sostuvo que las relaciones desiguales de poder que existen entre mujeres y hombres son la causa de la violencia que se ejerce en contra de ellas.
El fundador y ex presidente de la Asociación Argentina de la Prevención de la Violencia Familiar, señaló que «aún cuando las personas trabajan activamente con este fenómeno, nunca piensan en lo mismo, es decir, no cuentan con las herramientas conceptuales necesarias que permitan identificar y detectar el problema, ya que las acciones judiciales requieren como premisa o como condición que haya una marca comprobable en el cuerpo para poder emitir una acción y muchas veces no las hay, sino que son invisibles».
A su vez, la directora general IMO, Norma Reyes Terán, demandó un cambio de actitud frente a la gravedad de los casos de violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres, «es necesaria la adecuación institucional de la forma en cómo se atiende este fenómeno en el estado».
Ante funcionarias y funcionarios que atienden violencia en Oaxaca, señaló que «si bien, en el gobierno estatal aún prevalecen criterios diversos para la atención, también es cierto que varios de ellos se encuentran contraindicados».
«Nos manifestamos contra los enfoques conciliadores y la mediación para la atención de estos casos, como alternativa para superar esta grave deficiencia que consiente y profundiza la subordinación de las mujeres, proponemos adoptar el enfoque bajo el cual Jorge Corsi identifica causas y conexiones del fenómeno, a fin de que en el gobierno hagamos un ejercicio reflexivo y vayamos superando las inercias que imperan en la actualidad».
Reyes Terán enfatizó que cuenta con la determinación del Gobierno, expresada en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable, para erradicar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres.
Exhortó al personal a ser sensibles ante esta demanda institucional y convertirse en aliadas y aliados para impulsar una reforma de fondo al sistema de atención a las mujeres víctimas de violencia en el estado.
Por otra parte, el IMO informó sobre la firma de colaboración que permitirá realizar acciones conjuntas en el campo académico del género y del derecho, entre esa instancia gubernamental y la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca, A.C., que preside Edna Franco Vargas.
Durante el encuentro, en el que también fue presentada la campaña de comunicación, que forma parte de la primera fase de la estrategia de prevención de la violencia de género, se precisó que este convenio tiene como objetivo realizar actividades conjuntas en materia de docencia, investigación, actualización y difusión de la cultura jurídica desde la perspectiva de género.
Respetamos la capacidad de autorregulación de los organismos civiles y mantenemos una indeclinable vocación para intentar que sus integrantes adopten la teoría feminista como herramienta de análisis para formular propuestas que eliminen la discriminación y los prejuicios hacia las mujeres que, aún se encuentran contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, destacó Reyes Terán.
Por su parte, Franco Vargas manifestó su disposición de trabajar en coordinación con el IMO, para que los derechos de las mujeres sean respetados, sobre todo porque «como sociedad civil uno de nuestros compromisos es precisamente proponer mecanismos jurídicos que permitan el respeto a la vida y a la dignidad de las personas», dijo.
Precisó que como resultado de este convenio, se encuentran analizando el articulado de la propuesta de Ley de Medidas de Protección Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca, elaborada por el Instituto, a fin de proponer mejores mecanismos legales para hacer efectivo el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia.
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