La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó al gobierno de Colombia a que atienda de forma integral la violencia y la discriminación contra las mujeres, agravadas por el conflicto civil en ese país andino.
Las colombianas son víctimas de homicidios, secuestros, detenciones masivas, reclutamiento forzado, amenazas y diversos tipos de violencia sexual sin que el Estado colombiano dé una atención integral que tome en cuenta el impacto del conflicto armado, dijo la CIDH en un comunicado.
«El estado colombiano está obligado a aplicar debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra la mujer», agregó la CIDH tras reconocer que el gobierno cuenta con un marco jurídico para proteger los derechos de la mujer.
La Comisión emitió el comunicado un mes después de que la Relatora sobre los Derechos de la Mujer, Susana Villarán, realizara una gira por Colombia el pasado 25 de junio, para evaluar el impacto del conflicto armado sobre las mujeres y niñas colombianas.
Villarán se reunió en Bogotá, Valledupar y Quibdó con funcionarios, víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y agencias intergubernamentales vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de la mujer.
La funcionaria recabó información sobre las medidas legislativas, políticas e institucionales adoptadas por el Estado a fin de proteger los derechos de la mujer, y la CIDH tiene previsto emitir un informe especial al respecto, aunque no precisó la fecha.
La CIDH señaló que si la situación de la mujer en general es preocupante, más lo es la que atraviesan las indígenas, que viven en territorios convertidos en «escenario de guerra y muerte».
En Valledupar, por ejemplo, Villarán recibió testimonios sobre la situación de desprotección de viudas y huérfanos sumidos en la extrema pobreza.
Esa misma situación de vulnerabilidad viven también las mujeres afrocolombianas, constató la relatora durante su visita en Quibdó, Departamento de Chocó.
«Es preciso que el Estado implemente medidas para erradicar patrones socioculturales discriminatorios en razón del sexo, la raza, la etnia y la clase social y tomar en cuenta estas diferencias en el desarrollo de políticas públicas», señala el comunicado.
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