En medio de la preocupante ola de asesinatos de mujeres, que en 2003 cobró 383 vidas y que hasta el 7 de mayo del presente año suma 166, el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Tercero de Sentencia en contra de tres victimarios de dos mujeres, constituye una esperanza de que con voluntad por parte de los órganos de investigación y sanción, es posible esclarecer los hechos y sentar precedentes y ejemplos aleccionadores para potenciales delincuentes.
El referido estrado fue escenario de dos hechos simbólicos en la justicia guatemalteca. Por un lado, la pena de cincuenta años de prisión dictada en contra de Ludwin Haroldo Chacón García, Aníbal Raúl y Benny Rodolfo Sacul Pineda, por el delito de asesinato, y por el otro, la bofetada lanzada al rostro de uno de los condenados por parte de una familiar de las agraviadas, en un gesto impropio que, sin embargo, pone de manifiesto el dolor, la angustia, la frustración, la impotencia y el malestar colectivo ante los embates de la delincuencia y la incapacidad del Estado para defender a la colectividad.
Sin embargo, de una y otra reacción, vinculantes entre sí, se puede sacar la conclusión de que no todo está perdido en materia de investigación y sanción, y que es posible aplicar justicia cuando funcionan los estamentos públicos, difunde hoy el Editorial del periódico guatemalteco Prensa Libre.com
En este caso, la sentencia contra los tres miembros de la pandilla Salvatrucha fue posible porque la Fiscalía contra la Mujer, del Ministerio Público, aportó pruebas inobjetables de la culpabilidad de los procesados, debido a que en su trabajo privaron las cualidades y características ya enumeradas del buen servidor público.
Esta misma actitud ante esta abierta ola de asesinatos de mujeres, permitirá que en breve presenten otros seis casos con evidencias suficientes para merecer condenas.
El doble crimen que originó el actual fallo, obedece a que los tres acusados descuartizaron a las hermanas Deborah Elizabeth y Olga Aracelly Tomás Villeda, vecinas de La Lagunilla, San Pedro Ayampuc, Guatemala, por el simple hecho de que una de ellas no accedió a pretensiones de uno de los incriminados.
Este exitoso trabajo de investigación es ejemplar, porque lamentablemente es una excepción y no la regla, como debe ser lo obligado.
Con frecuencia, muchos casos fracasan por las pesquisas superficiales y a desgano de los fiscales, aunque los afectados, sus deudos y la propia sociedad, tengan la total certeza de la comisión del atropello.
Por otra parte, las pesquisas se podrían acelerar y enriquecer si parte del esfuerzo recriminatorio de entidades ligadas al tema se enfocaran a auxiliar en la investigación.
Así, además de señalar y exigir, una tarea por cierto fácil, también les cabría la satisfacción de haber contribuido a hacer justicia, y con ello atenuar esta oleada de crímenes en contra de las mujeres, la cual preocupa e indigna.
2004/GV/SM
