En Perú con el motivo de reparar las consecuencias que tienen los casos de feminicidio en las niñas y niños que pasan a una nueva condición de orfandad, organizaciones civiles impulsaron un proyecto de ley para que el Estado les otorgue una pensión económica.
El pasado 8 de marzo –a propósito del Día Internacional de la Mujer- el llamado “Proyecto de Ley de Pensión No Contributiva y Protección Social Integral para Hijos e Hijas de Víctimas de Feminicidio” fue presentado ante el Congreso de la República por el Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), donde exponen que en la última década alrededor de cuatro mil menores de edad están al desamparo por el asesinato de sus madres.
El CEP detectó que en Perú –como ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica- existe un vacío legislativo en relación con la protección de menores de edad en orfandad por el feminicidio de sus madres, a pesar de que tan sólo el año pasado los registros oficiales reportaron 130 casos de feminicidio. Esta situación, los llevó a presentar este proyecto.
Con esta iniciativa se busca crear el “Programa Nacional de Protección Social a los Hijos e Hijas de Víctimas del Feminicidio” un mecanismo que sería regulado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el manejo de los fondos económicos y la afiliación de los menores de edad.
Se propone que la pensión sea equivalente a un salario mínimo de Perú (que ronda los 250 pesos mexicanos) y sea activado una vez que se tenga una denuncia penal contra el agresor. En la iniciativa contemplan que este apoyo económico se ratifique cuando se dé la sentencia condenatoria como medida de reparación del daño.
Esta pensión se mantendría hasta que la niñez alcance la mayoría de edad (18 años) o bien culmine los estudios superiores. A la par, el personal de enfermería de esta organización también plantea su participación para dar seguimiento a la protección social de estos menores de edad con énfasis en su acceso a la salud.
EL RETO, LOS REGISTRO OFICIALES
Pero para que este este proyecto se concrete, indicó el Colegio de Enfermería, el primer paso es mantener un registro certero de estas víctimas secundarias.
El informe “Feminicidio: un fenómeno global de Bruselas a Salvador de la organización Heinrich Böll Stifung, indica que Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó en Perú 927 casos de feminicidio entre 2009 a mayo de 2017, además de mil 165 tentativas de feminicidio, esto se traduce en un promedio anual de 115 casos de intentos o asesinatos de mujeres por razón de género.
En este reporte en el que participó el “Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán”, también resalta que a pesar de que los registros oficiales del feminicidio han mejorado desde su implementación en 2009, aún existen desafíos para la documentación de este fenómeno como la falta de información sobre la situación de la niñez en estado de orfandad a consecuencia del asesinato de sus madres.
PROTECCIÓN A LA ORFANDAD EN EL CONTINENTE
Este no ha sido el único esfuerzo en Latinoamérica por proteger a la orfandad por feminicidio, en Argentina se aprobó en septiembre de 2017 la “Ley Brisa” que además del apoyo económico obliga al Estado asegurarle a los menores de edad la educación y salud psicológica.
En México en diciembre de 2017 se aprobó la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres Una Vida Libre de Violencia que obliga a las entidades a crear políticas públicas a favor de estas víctimas secundarias.
Otras iniciativas como la República Dominicana buscan incorporar un protocolo de actuación para que las autoridades reaccionen de manera eficaz al conocer este tipo de casos.
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