Hace tiempo que la violencia intrafamiliar dejó de ser un problema doméstico. Sólo en Chile mata a 70 mujeres al año y motiva más de 80 mil denuncias, de las cuales sólo el 14 por ciento recibe sentencia.
El principal escollo para lograr sanciones efectivas es que la actual legislación no considera estos hechos como delito, algo que pretende enmendar un proyecto de ley que lleva tres años en el Congreso. Sin embargo, los parlamentarios no tienen una sola postura al respecto, informó el Servicio Especial de la Mujer (SEM).
Quien sí tiene una opinión muy clara es su electorado femenino. Una encuesta nacional, efectuada a más de un millar de chilenas inscritas en los registros electorales, revela que el 97.6 por ciento estima que las agresiones domésticas a la mujer constituyen un delito que debe ser sancionado.
La abrumadora cifra es un claro emplazamiento a los diputados que decidirán si aceptan o rechazan las enmiendas al proyecto efectuadas por el Senado, que despojó a la iniciativa legal de la posibilidad de sancionar como delito la violencia reiterada contra la mujer. Esta posición contrasta con la dura realidad: 19 mujeres ya han fallecido por esta causa en lo que va de año.
El sondeo de la Corporación Humanas, encargado al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muestra además que el 57.7 por ciento de las mujeres encuestadas cree que el maltrato doméstico afecta a todas sus congéneres y constituye una manifestación extrema del machismo.
Asimismo establece que una denuncia de violencia intrafamiliar es la segunda razón por la cual las mujeres se abstendrían de votar por candidatos al Congreso o la presidencia, con un 17.4 por ciento. En tanto, el 54.6 por ciento identifica «la plata» como tema principal de las confrontaciones.
La psicóloga Carolina Carrera, vicepresidenta de la Corporación Humanas, afirma que las cifras de la encuesta se contradicen con lo obrado hasta ahora por el Congreso. «Este sondeo habla sobre la calidad de la democracia y la representación que se adjudican los parlamentarios en tanto no consideran lo que dice su electorado femenino. Pareciera que estamos ante una legislatura a puertas cerradas, que no concuerda en nada con el sentir social».
Si los diputados no enmiendan esta limitación, las agresiones a mujeres sólo podrán originar procedimientos a cargo de los tribunales de familia, con un rango similar al de la justicia civil y con meras sanciones de multas.
«Sería un profundo retroceso en nuestra legislación poner a la violencia al mismo nivel que el robo del espejo de un auto. Hoy día solamente cuando hay violación, homicidio o intento de homicidio el caso pasa a la justicia penal. Pero el deber de una ley es evitar ese crimen, dar esa señal y por lo tanto sancionar un delito que viene de mucho antes», asegura Carrera.
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