“Por las mañanas llegaba a casa aún con tinta en la cara y las manos negras por el líquido revelador de las láminas. El olor a tinta, gasolina y revelador, era mi fragancia de diario”, dice Yaneli Fuentes Morales, reportera del “Diario Alternativo”, en Guerrero.
Ella fue víctima de agresiones sistemáticas durante 2017 por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), grupo de autodefensa con presencia en Marquelia, municipio ubicado en la Costa Chica, ataques por los que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por los que la Procuraduría General de la República abrió una investigación.
El año pasado la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género compiló 24 casos de agresiones contra mujeres periodistas en la entidad durante el periodo de 2014 y 2017. Entre éstas destacan ataque con arma de fuego; hostigamiento para revelar la fuente; hostigamiento digital y judicial con el fin de obstruir el trabajo informativo; la privación de la libertad, amenazas y agresiones físicas durante coberturas.
De acuerdo con los datos de la Red, 80 por ciento de las agresiones y presiones de censura provienen por parte de agentes del Estado (policías, funcionarios municipales y estatales); también han sido violentadas por grupos de autodefensa en las regiones del estado y por grupos criminales.
Guerrero se ha convertido en una de las entidades más violentas para las periodistas quienes optan por el exilio o la autocensura como ocurre en el municipio de Chilapa de Álvarez – ubicado en la zona de la Montaña- donde la violencia provocó el desplazamiento forzado de mujeres periodistas y el auto exilio.
En el caso de la Tierra Caliente en la zona Norte del estado, las comunicadoras han elegido autocensurase como medida de protección ante la impunidad que impera en la región.
DESPROTEGIDAS Y EN RIESGO
En mayo de 2017, tras el asesinato del periodista Cecilio Pineda ocurrido en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente; y la intercepción y robo de la que fueron víctimas siete periodistas en una localidad de San Miguel Totolapan en la misma zona, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, anunció la creación de la Fiscalía Especializada y la Unidad de Atención de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, ésta última con enlace al Mecanismo Federal.
Sin embargo, ambas instancias a más de aún año de su creación, no transparentan la información. A la fecha se desconoce el número de casos denunciados ante la Fiscalía o cuántos casos hay dentro del Mecanismo Federal, tampoco se tiene información desagregada por sexo.
En tanto, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDDHG) informó que de 2014 a 2017 documentó nueve quejas presentadas por periodistas, de las cuales 7 son de mujeres.
De acuerdo con la información proporcionada, solo en uno de los casos de mujeres periodistas se solicitó a la Fiscalía el informe del avance de la averiguación previa por la violación al derecho a la seguridad pública y procuración de justicia; uno se turnó de oficio a la CNDH; 3 se desecharon porque no se comprobaron violaciones a los Derechos Humanos “por falta de pruebas”; una se desistió y el último corresponde al de una reportera del periódico “El Sur” agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo Flores, que sigue en trámite.
El resumen de las violaciones a los Derechos Humanos que registró el organismo estatal en este periodo indicó que las quejas presentadas fueron por violaciones en contra de la integridad, seguridad jurídica, personal e incluso la detención arbitraria referente a la desaparición forzada, acciones y omisiones en contra la libertad de expresión.
El documento también señala que en tres de las agresiones los responsables fueron presidentes municipales, dos de ellas fueron cometidas por la policía investigadora ministerial; una por un fiscal general, una por un coordinador de Seguridad Pública y la que se encuentra en trámite por elementos de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores. Es decir, todas las violaciones en contra de los Derechos Humanos de las mujeres periodistas fueron cometidas por agentes del Estado.
LEGISLACIÓN SIN PESO
En Guerrero, desde 2012 se han hecho intentos porque exista una legislación que proteja al gremio, sin embargo existen leyes que permanecen en la congeladora, pese al riesgo en que las y los periodistas realizan su trabajo.
En 1992 se creó la “Ley 463 de Bienestar Integral de los Periodistas” durante el gobierno estatal de José Francisco Ruiz Massieu, la cual fue reformada en 2012 y contempla en su artículo 25 que en caso de que una o un periodista sea víctima de un delito, o en función de su actividad; un coadyuvante del Ministerio Público por cargo del erario y así sea el caso según la gravedad del delito, tendrá derecho a que se le designe un fiscal especial.
El mismo capítulo indica que el Estado tiene la responsabilidad – mediante convenio con la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos- de brindar asesoría jurídica y capacitación para procurar que se respeten los Derechos Humanos, atención oportuna y eficaz a las y los periodistas, de la misma forma con la Procuraduría General de la República (PGR) para que se den las medidas cautelares cuando se presuma de actos que pongan en peligro la seguridad, la integridad física o moral de éstos.
En 2012 se firmó el Convenio de Colaboración con el Mecanismo Federal de Protección y el gobierno estatal.
En 2014 se validó la “Ley para la Protección de Personas en situación de riesgo en Guerrero”; y desde octubre de 2017 se encuentra “en revisión” en el congreso del estado, la “Ley de Protección a Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
En este escenario de leyes sin efecto y de violencia creciente y recrudecida contra el gremio, los ataques a las mujeres periodistas son constantes. El Fiscal renunció en abril pasado, sin informar sobre el avance en las investigaciones sobre agresiones a periodistas, las desapariciones y los desplazamientos forzados.
Mientras, los casos de violencia contra periodistas se siguen sumando, como el del ataque ocurrido el año pasado contra la locutora indígena de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Marcela de Jesús Natalio en Ometepec (que fue tomado por el Mecanismo Federal); o el de la reportera del periódico “El Sur” en Zihuatanejo, Brenda Escobar, quien fue amenazada por familiares de los presuntos responsables de un feminicidio durante una audiencia pública que cubría.
De acuerdo con el informe “El poder del cacicazgo: violencia contra mujeres periodistas 2014-2015” elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Guerrero se ubicó como la tercera entidad menos segura para las mujeres periodistas con 8.1 por ciento de casos de agresiones a periodistas.
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