Como un golpe a la justicia y a la libertad de expresión calificó la periodista Lydia Cacho el auto de formal prisión que le dictó la Jueza Quinta de lo Penal por los delitos de difamación y calumnia en contra del empresario Kamel Nacif Borge.
Detrás de esta decisión política y no jurídica está el gobernador «y dictador» de Puebla, Mario Marín, «quien había decidido que yo era culpable; nuevamente el emperador del priísmo bají el dedo para mí y en contra de la justicia», anotó la activista al salir del juzgado donde recibió diversas muestras de apoyo de familiares y organismos de derechos humanos
Cacho cuenta con 10 días para apelar el auto de formal prisión; sin embargo no pisará la cárcel debido a que cuenta con libertad bajo caución, aunque sí deberá acudir a firmar el último viernes de cada mes. Mientras, su equipo de abogados analizará en las próximas horas si su cliente apelará esta decisión o se amparará.
La activista mostró a los medios de comunicación la publicación de un diario local que dejaba ver las declaraciones del mandatario priísta: «El caso Cacho esta concluido: Marín».
«Esto es una muestra más de que ya había sido juzgada por presiones del Poder Ejecutivo local contra el Judicial y de que la justicia puede ser vendida al mejor postor», agregó ante una veintena de enviados y corresponsales, no así de representantes de medios locales, quienes reconocieron que en sus respectivas redacciones había línea del gobierno de «no cubrir la nota», situación que se sumó al veto que mantiene el estado a la publicación del libro Los demonios del Edén.
«Esto para mí es un juicio político, es un linchamiento a una y a todos los periodistas, especialmente, que toca los derechos humanos, y era de esperarse, ya que el gobernador (de Puebla) ayer me llamó criminal. Al gobernador y a la procuradora se les olvidó que desde la Revolución en nuestro país hay división de poderes; se involucraron en declararme culpable antes de que el Poder Judicial lo hiciera… es una violación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomará en cuenta», abundó.
OPINA LA JUEZA
En entrevista posterior, la Jueza Rosa Celia Pérez González dijo que encontró las pruebas suficientes para determinar que la periodista es responsable de este ilícito y explicó su decisión:
«Básicamente, porque los datos que nos arrojaba la averiguación previa iniciada permiten acreditar los elementos de los delitos de difamación y calumnia, al igual que confronta la pluralidad que exige el artículo 19 de nuestra Constitución».
Asimismo, hizo ver que la decisión se tomó porque se encontraron datos para continuar con la investigación del asunto.
05/GV/YT
