La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) –ratificada por México en 1989–, y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada obligan al presidente Vicente Fox a resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así lo establece la carta entregada esta semana al Senado de la República por el partido México Posible, en la que se enlistan diversos argumentos jurídicos que, según ese instituto político, «obligan» al Estado mexicano a «intervenir directamente» en la solución del feminicidio, que desde 1993 ha dejado más de 300 víctimas.
El pasado 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– el presidente Vicente Fox rechazó atraer el caso Juárez al considerar que la solución de los crímenes corresponde exclusivamente a la justicia de Chihuahua, estado gobernado por Patricio Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La propia PGR reforzó esta semana la negativa presidencial al rechazar intervenir en las pesquisas, pese a una exigencia del Senado en ese sentido.
La misiva, entregada al Senado por la presidenta del Comité Ejecutivo de ese partido en la Ciudad de México, Adela Muñiz Guadarrama, refuta a la PGR y señala que el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Federación «le da la razón» a su instituto político, para que Vicente Fox atraiga las pesquisas del feminicidio.
Tal artículo estipula en su inciso «a» que son delitos de orden federal «los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales». Por ello, la dirigente de México Posible apunta que el Estado mexicano es responsable de garantizar los derechos marcados en el artículo 4 de la Cedaw.
Entre esos derechos para las mujeres se encuentran el de la vida, así como que se respete su integridad física, síquica y moral, y el de su igualdad de protección ante y de la ley.
México Posible añade que el gobierno federal debe atraer el caso Juárez, ante la «incapacidad» del estado de Chihuahua «para solucionar una situación permanente de violación de derechos fundamentales». Aclara que la intervención de la PGR «no atenta contra las facultades» conferidas en la Constitución a las entidades de la Federación.
Muñiz Guadarrama sostiene que los tratados internacionales ratificados por el Senado (como la Cedaw), están según el artículo 133 constitucional, «al nivel de las leyes federales». El artículo 7 de esa convención obliga al Estado mexicano a «actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer».
México Posible también fundamenta su demanda de atracción del feminicidio en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los cuales permiten al Ministerio Público de la Federación investigar crímenes en los que «tres o más personas» perpetran asaltos y secuestros, como ha ocurrido en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Por tanto, México Posible concluye que «ya no es posible ni jurídica ni políticamente sostener que la Federación no ‘pueda’ intervenir en la solución» de los homicidios en la localidad fronteriza con Estados Unidos.
Una copia de la misiva fue también enviada a la PGR.
2003/RM/MEL
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
