La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Secretaría de Salud (SS) tiene etiquetados 30 millones de pesos para la construcción de 10 clínicas antiaborto del ultraderechista grupo Provida, aunque aclaró que esos recursos no se han entregado.
Representantes de Hacienda se reunieron la noche del martes en San Lázaro con diputadas federales de la Comisión de Equidad y Género, para informar sobre los avances en el ejercicio presupuestal de programas de atención para mujeres de diversas secretarías de Estado.
El tema central del encuentro fue el desvío de recursos del presupuesto para atención al VIH/SIDA y salud de las mujeres por parte del diputado panista Luis Pazos, quien en enero pasado a título personal asignó 30 millones de pesos a la organización ultraconservadora Provida para la construcción de los antiabortistas Centros de Atención a la Mujer.
Ante la confirmación de la SHCP de que tal monto está etiquetado, las legisladoras María Elena Chapa, María de los Angeles Sánchez Lira y Concepción González –presidenta de la Comisión de Equidad– cuestionaron a la directora de Programación y Presupuesto de la dependencia, Cecilia Barra, el por qué de esa asignación a una organización de la sociedad civil.
María Elena Chapa, visiblemente molesta, advirtió a la funcionaria que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Luis Pazos, «violó la Constitución y la aprobación del presupuesto por parte del pleno» de San Lázaro, al reasignar los recursos destinados al combate del SIDA y para la salud de las mexicanas.
Subrayó que la secretaría que encabeza Francisco Gil Díaz «no puede» dar dinero del presupuesto federal a organizaciones civiles como Provida.
La diputada del PRI apuntó que en el desglose presentado por Hacienda sobre el presupuesto ejercido hasta el momento para mujeres, no aparecen los 300 millones de pesos que aprobó el pleno legislativo en diciembre pasado para programas de salud reproductiva y combate del cáncer cérvico uterino y mamario.
Chapa Hernández recalcó que para cada programa fueron aprobados 100 millones de pesos. Añadió que en el documento presentado por Hacienda tampoco aparece el presupuesto ejercido para prevenir y atender el VIH/SIDA.
El escueto desglose entregado por las y los funcionarios de la SHCP a las diputadas indica que para salud reproductiva se aprobaron solamente 87.8 millones de pesos, de los cuales se ejercieron hasta junio pasado 16.8 millones de pesos.
En tanto, los programas de cáncer cérvico uterino y mamario aparecen en un solo rubro con 123.1 millones de pesos. Hasta junio anterior se ejercieron 25 millones de pesos, informó Hacienda.
Ante los cuestionamientos, Cecilia Barra hizo un ademán en señal de que desconocía si hubo o no desvío de recursos. Explicó, sin convencer a las diputadas, que Hacienda «no utiliza ni decide por su cuenta» sobre el manejo de los montos aprobados en San Lázaro. «Yo sólo informo», dijo con simpleza.
Añadió que es la SS la que tendrá que ejercer los 30 millones destinados para Provida, y mostró a las diputadas un oficio enviado a Hacienda y firmado por la priista Josefina Hinojosa –quien asistió a la reunión– y en el que según Cecilia Barra aparecían las reasignaciones presupuestales.
En entrevista posterior al encuentro, Barra dijo a Cimacnoticias de modo contradictorio que Hacienda no tiene una partida específica para Provida, ya que esa organización, señaló, «no forma parte de la administración pública».
No obstante, reafirmó que la SHCP «respeta» la designación de recursos que les envió el diputado Pazos y en la que aparecen los 30 millones de pesos para las clínicas antiaborto.
Agregó que la dependencia se apega al monto total aprobado por el pleno legislativo, y en el que no aparecen «detallitos» sobre asignaciones para SIDA o el test médico conocido como tamizaje –para detectar cáncer cérvico uterino y mamario–, y que fue aprobado por la Comisión de Equidad.
Como conclusión, la diputada Concepción González lamentó el reporte de Hacienda al que calificó como «nada halagador», ya que «queda un mal precedente por la falta de respeto a las decisiones del pleno legislativo». Lamentó que «alguien de última hora» cambie los montos aprobados para VIH y salud de las mujeres.
2003/RM/MEL
