Las investigaciones sobre 17 asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez entre 1995 y 2001, muestran graves deficiencias que obstaculizan la aprehensión de el o los culpables y promueven que haya más homicidios, afirmaron hoy grupos civiles.
En el ciclo Semana de Sensibilización por las Muertas de Juárez, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrantes de grupos civiles que buscan el esclarecimiento de los asesinatos se refirieron al análisis realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El estudio fue presentado el pasado 26 de febrero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un informe paralelo al del gobierno federal sobre la muerte de más de 290 mujeres en Ciudad Juárez.
Señala entre las principales irregularidades la falta de acciones por parte de las autoridades para buscar a mujeres reportadas como desaparecidas, de hecho, en muchos casos las víctimas permanecieron secuestradas dos días antes de ser asesinadas, justo el tiempo que espera la Procuraduría de Justicia del estado para comenzar una averiguación.
El informe de la CMDPDH, integrante de la campaña ¡Alto a la impunidad: Ni una muerta más!, que agrupa a un centenar de redes y organizaciones, indica otras irregularidades como la fabricación de pruebas para desviar la investigación.
Además la elaboración de culpables, negligencia en la integración de las averiguaciones previas, entrega retrazada de los cuerpos, falta de exámenes periciales indispensables como el de ADN y el ocultamiento y destrucción de pruebas.
Aura Gutiérrez, coordinadora general de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Elige, también integrante de la campaña, afirma que las autoridades encargadas de la investigación de los casos no cuentan con capacitación ni recursos materiales indispensables y los destinados por el gobierno del estado a la Fiscalía Especial encargada de la investigación de los crímenes.
La coordinadora de Elige que participó en el ciclo, el cual concluye el próximo viernes, condenó el clima de hostigamiento a las Organizaciones no Gubernamentales, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, que van desde amenazas vía telefónica, hasta persecuciones en automóvil.
Por su parte, Elsa Conde vicepresidenta del partido México Posible, señaló que el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los últimos 10 años no es prioridad para los partidos políticos, ya que simplemente ignoran el caso en sus plataformas políticas.
La socióloga calificó el feminicidio en Ciudad Juárez como el más grave atentado a los derechos humanos de las mujeres, su dignidad y su integridad, así como una manifestación expresa de la desigualdad y la violencia.
Por último, Elsa Conde demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informe sobre la situación que guarda la recomendación 44/98 emitida por esta instancia en 1998, que señala con nombre y apellido a tres funcionarios públicos de Ciudad Juárez que incurrieron en omisiones durante la integración de las averiguaciones previas de los casos.
MM/MEL
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