Alertan equivocada aplicación de la ley sobre aborto en El Salvador

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   Asamblea evadió despenalizar la interrupción del embarazo
Alertan equivocada aplicación de la ley sobre aborto en El Salvador
Imagen retomada de Tribuna Feminista
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/05/2018

“Si a las mujeres no se les permite defender su vida, difícilmente se les van a reconocer otros derechos”, afirmó la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Morena Herrara, quien habló de las consecuencias de que la Asamblea Legislativa de El Salvador concluyera sus funciones, hace dos semanas, sin legislar la despenalización del aborto.

Este año, expuso en entrevista con Cimacnoticias la feminista y defensora de Derechos Humanos (DH), la Asamblea Legislativa mostró su compromiso por despenalizar el aborto pero aun cuando se presentaron las iniciativas necesarias no aprobó las modificaciones a la ley, por tanto las salvadoreñas siguen sin tener alternativas seguras para la interrupción de un embarazo no deseado y prevalecerá el suicidio como la principal causa de muerte de adolescentes embarazadas por violencia sexual.

La aplicación de la legislación vigente que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, explicó Morena Herrara, sigue discriminando a las mujeres: por ejemplo, en los hospitales y centros de salud la “equivocada aplicación de la ley”, dijo, obligará al personal médico a seguir considerando criminales a las mujeres que se presenten por tener complicaciones obstétricas y no un aborto voluntario precisamente.

Para la defensora de DH existen dos ideas que fijadas en la sociedad salvadoreña con relación a este tema: “aborto es igual al asesinato y mujer que aborta es una asesina”, por eso las organizaciones civiles, feministas y defensoras de DH iniciaron diversas campañas enfocadas en informar el impacto que tiene la penalización absoluta del aborto en la vida de las mujeres y de la sociedad.

La Asamblea Legislativa, expresó, se ha dedicado a inhibir la discusión del aborto porque en su opinión las y los diputados no están conscientes del costo político que conlleva penalizar a quienes no desean ejercer la maternidad. Incluso, dijo, después de las elecciones en El Salvador del 4 de marzo y la integración de la nueva Asamblea, se conoció la muerte de una mujer por un embrazo ectópico, es decir porque el feto se desarrollaba fuera del útero.

En este contexto la defensora resaltó que decenas de mujeres han pasado más de una década en prisión por interrupciones del embarazo que en muchos casos han sido involuntarios, sin embargo, eso no las exime de ser acusadas de cometer un delito.

Morena Herrera agregó que de las 24 mujeres condenadas actualmente por aborto, la mayoría provienen de condiciones económicas precarias sin posibilidades de poder solventar atención médicas particular o ir al extranjero para realizar la interrupción del embarazo.

Tal es el caso de las “17 y más” de El Salvador, nombre con el que se conoce a las mujeres salvadoreñas encarceladas por sufrir abortos “extrahospitalarios”. Dos de estas mujeres, Teodora del Carmen Vázquez y Maira Verónica Figueroa Marroquín, recibieron la conmutación de la pena, después de estar en la cárcel durante 11 y 15 años, respetivamente.

A pesar de lograr la libertad de estas dos mujeres, las organizaciones civiles siguen en busca de que el Estado salvadoreño repare el daño a ellas y a muchas otras mujeres encarceladas.

Herrera, recalcó que finalmente el apoyo que tenían tanto de diputados de izquierda como de derecha no fue suficiente porque tuvieron miedo de ser señaladas como “abortistas”.

No obstante consideró que a pesar de que esta legislatura está compuesta en la gran mayoría por perfiles conservadores, seguirán en la lucha para que se garantice justicia y libertad a las mujeres encarceladas injustamente por aborto, se detenga la violación a los derechos fundamentales de todas las salvadoreñas y se dé seguridad jurídica a los médicos.

Destacó que después de las elecciones en aquel país, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Norman Quijano, asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa por un periodo del 1 de mayo de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019. La decisión fue ratificada por 82 votos de las diputadas y diputados. El cargo de vicepresidente para el mismo periodo fue concedido al diputado del Partido de Concentración Nacional (PCN), Serafin Orantes.

Cabe recordar que el Congreso salvadoreño ha debatido la despenalización del aborto desde 2016, cuando la diputada del partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) presentó un proyecto de ley para reformar el Artículo 133 del Código Penal y permitir la interrupción del embrazado por cuatro causales: cuando esté en riego la vida o salud de la mujer, por inviabilidad de la vida del feto, si era producto de una violación y en caso de menores de edad por violación y estupro.

Más tarde, el tema se volvió a retomar, en 2017, cuando el diputado del partido Arena, Johnny Wright plantó otra propuesta para permitir aumentar la condena de mujeres o personal médico como auxiliares que lleven a cabo una aborto sin el consentimiento de la madre o fuera de las cuatro cuales mencionadas. Estas dos iniciativas abrieron el debate sobre el aborto, por primera vez desde la reforma, en 1997, al Código Penal.

FALTA DE ALTERNATIVAS IGUAL A MUERTE MATERNA

Más de 60 organizaciones de personas, feministas y defensoras de Derechos Humanos (DH) de El Salvador e internacionales, en un comunicado, aseguraron que las y los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales no cumplieron con sus obligaciones de garantizar el derecho constitucional a la salud y a las vida de mujeres y niñas.

Esto a pesar de que esta Comisión recibió opiniones de diversas instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, así como de instancias médicas, organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos (DH), entre otras, quienes reiteradamente recomendaron al Estado revisar y modificar la legislación en este campo.

Las organizaciones expresaron que el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Justicia de Salud Pública, entidades especializadas como la Asociación de Ginecología y Obstétrica han evidenciado las dificultades de disminuir el número de mortalidad materna si las mujeres no tienen acceso a la opción de interrumpir su embarazo a tiempo.

Resaltaron que otra consecuencia de la penalización del aborto es la inadecuada aplicación de la justicia ante casos de abortos espontáneos o de complicaciones obstétricas. Las mujeres, explicaron las organizaciones, son acusadas por cometer o inducirse a un aborto sin una investigación previa. Esto, ha generado estigma contra las mujeres y el aborto, al dejar de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos.

Las mujeres, explicaron, son acusadas por aborto sin una previa y “suficiente” investigación, que conlleva a la violación de su derecho a la presunción de inconciencia y condenándolas por homicidio agravado a penas de hasta 30 años cárcel, añadieron. Esta legislación deja en una situación de inseguridad jurídica al personal médico y a los prestadores de servicios de salud para poder actuar ante embarazos de alto riesgo con  base en criterio médicos sin correr el riesgo de ser procesados.

Después que el Estado salvadoreño reformó su Código Penal en 1997, estableció la penalización absoluta del aborto, incluso en los casos en que la vida de la mujeres o del feto está en riesgo, o si el embarazo fue producto de una violación sexual. Este delito (aborto culposo) condena a las mujeres con sanciones de 6 a 12 años de prisión e inhabilita al personal médico o personas auxiliares que realicen un aborto.

Asimismo, explicaron que otra consecuencia de esta legislación criminalizadora del aborto es impedir a las niñas y adolescentes que tienen un embarazo producto de una violación que puedan acceder a la interrupción segura de la gestación. Datos del Ministerio de Salud registraron 55 embarazos en niñas y adolescentes al día durante 2016.

Ese mismo año, el Instituto de Medicina Legal evidenció que de los mil 844 casos donde niñas y adolescentes vivieron abuso y violencia sexual (alrededor de cinco casos diarios), 80 por ciento fueron cometidos por un familiar o conocido, al ocurrir dentro de un ámbito familiar. Muchos de los casos no se denuncian.

Las organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.

18/AEG