Activistas de la sociedad civil que realizaron una auditoría ciudadana a los 30 millones de pesos que recibió de manera irregular Provida por parte de la Secretaría de Salud (SS) en 2003, manifestaron hoy su preocupación de que el dirigente de ese grupo, Jorge Serrano Limón, quede impune de las acusaciones de corrupción en su contra.
La directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), Pilar Muriedas, dijo a cimacnoticias que los resultados de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el mal manejo de recursos por parte de Provida, corroboran que la agrupación contraria al aborto legal "tiene la preferencia" del gobierno para recibir fondos públicos "sin vigilancia y sin cumplir normatividad alguna".
La víspera, la SFP dio a conocer el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de cinco funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la SS y el apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, por el desvío de 34 millones 533 mil 266 pesos del erario público.
De ese monto, 30 millones de pesos corresponden a la asignación irregular que desde la Cámara de Diputados hizo el ex legislador del Partido Acción Nacional Luis Pazos en 2003, para la construcción de 10 clínicas antiaborto y los más de 4 millones de pesos restantes forman parte de una partida de 32 millones que la SS tenía previsto entregar este año a Provida.
La SFP reportó que detectó fallas en la comprobación de gastos relativos a los apoyos canalizados por el fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional, a la agrupación opositora al uso del condón.
Pilar Muriedas advirtió que Serrano Limón ha manifestado que presentará a las autoridades facturas "nuevas" para demostrar que su organización no cometió ningún ilícito. La activista observó que existe el riesgo de que el dirigente de Provida quede impune ante la "preferencia" que tiene de parte del Poder Ejecutivo.
La directora de Sipam enfatizó que la SFP debe investigar a fondo la responsabilidad en el desvío de recursos de los funcionarios de la SS -cuyos nombres no proporcionó la dependencia-, así como del secretario de Salud, Julio Frenk.
"Pero no hay que olvidar que quien empezó todo el problema es Luis Pazos", aclaró Muriedas, por lo que demandó a la SFP que audite la asignación de recursos en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) -que encabeza el ex diputado-, para detectar posibles irregularidades.
Exigió que se deslinden responsabilidades y se castigue a todas las personas involucradas en el llamado Providagate, se devuelvan los recursos y se asignen a donde se aprobaron originalmente: la prevención y atención del VIH/Sida.
"Carlos Ahumada está en la cárcel por un fraude de 30 millones de pesos, y Serrano Limón lleva dos años sin castigo por el desvío de una cantidad superior", apuntó Pilar Muriedas.
La defensora de los derechos femeninos remarcó que gracias a la auditoría ciudadana realizada por Sipam, Equidad de Género, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y Letra S, las autoridades intervinieron para intentar aclarar el escándalo de corrupción.
"Gracias al monitoreo de la sociedad civil a favor de la transparencia se supo del caso Provida", subrayó. Tal auditoría ciudadana dejó al descubierto los malos manejos que la agrupación hizo de los fondos que recibió de la SS, como la compra de artículos suntuarios, defraudación fiscal, y creación de empresas "fantasma" para lucrar con recursos públicos.
2004/RM/LR/SM
