REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   En un acto público el 21 de febrero
Alberta, Teresa y Jacinta: un Estado obligado a disculparse
Jacinta Francisco Marcial. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2017 Durante 4 años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
 
Después de un proceso judicial de más de una década, el próximo martes 21 las tres mujeres recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la disculpa pública pero, sobre todo, el reconocimiento de su inocencia y que no cometieron ningún delito, ante integrantes de su comunidad, en la que fueron estigmatizadas por haber estado en prisión.
 
Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en 2006 en su comunidad,  Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro. Bajo engaños y sin intérprete, pues ninguna hablaba español, fueron acusadas del presunto secuestro de 6 policías; en el caso de Alberta Alcántara, fue acusada por posesión de narcóticos (cocaína).
 
Nunca les explicaron los motivos por los que las acusaban ni tampoco sus derechos, todo lo supieron hasta el día de la sentencia, que le fue dictada en 2008 a Jacinta, y en 2009 a Alberta y Teresa.
 
La organización internacional defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia”, por ser mujeres, indígenas y pobres; la Cámara de Diputados integró una comisión especial para investigar las violaciones a sus Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el recurso de apelación interpuesto para determinar, una vez analizado, que eran inocentes y, por tanto revocar la sentencia y ordenar su libertad.
 
El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer no se presentaran, argumentando tener “otras actividades”, o que los testigos tampoco se presentaran.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señala que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.
 
Pese a ello, la PGR impugnó en tres ocasiones para evadir su responsabilidad de reparar el daño, pero sobre todo para reconocer su inocencia.
 
De acuerdo con una solicitud de información realizada por el Prodh a la PGR, para conocer cuántas indemnizaciones había otorgado de 2006 a 2016, la instancia respondió a partir del año 2009 al 2016. De acuerdo con la información proporcionada, de 206 indemnizaciones solicitadas por daño moral, la dependencia impugnó 82.
 
INICIA EL PROCESO LEGAL
 
Jacinta obtuvo su libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010.  En el caso de Jacinta, presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010. Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.
 
En el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.
 
Ante ello, el Prodh interpuso los juicios de nulidad correspondientes ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.
 
En el caso de Jacinta, el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.
 
Para el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.
 
En entrevista con Cimacnoticias, destacó la persistencia de las tres indígenas y enfatizó que la sentencia del TFJA revierte los patrones de impunidad persistentes en nuestro país.
 
Señaló que el acto que se realizará el próximo martes 21 en el Museo de Antropología e Historia “es una medida de justicia restaurativa en la que quedan en el centro las propias personas que han vivido violaciones a Derechos Humanos (DH)”.
 
“Cuando un acto de reconocimiento pone en el centro a las víctimas y no a las instituciones, les permite participar y recoge su voz, puede ser una medida de justicia restaurativa muy relevante” y  es lo que esperan Teresa, Alberta y Jacinta, dijo.
 
Pero también el fallo del Tribunal envía mensajes claros, agregó Santiago Aguirre, de que sí “existen instancias en este país que están reconociendo que cuando el Ministerio Público comete irregularidades es posible encontrar un remedio en las instancias judiciales nacionales”.
 
En este sentido, la relevancia de esta sentencia radica en que es la primera en el ámbito nacional que ordena un acto de esta índole retomando la jurisprudencia internacional.
 
Para las tres indígenas otomíes, no cabe duda de que su persistencia para lograr justicia servirá para otras personas que vivan situaciones similares pues, explicó el abogado, las sentencias emitidas por el TJFA han quedado firmes y dieron pie para que se hicieran algunas tesis que podrían ser invocadas por otras personas que hayan sufrido las consecuencias de actuaciones irregulares de las instancias de procuración de justicia de nuestro país.
 
“Ese es el aporte de las sentencias. Abren la puerta para responsabilizar a Ministerios Públicos y a la PGR cuando sus funcionarios realizan actividades que vulneran derechos y contravienen la ley, se genera un elemento disuasor muy relevante para evitar repeticiones” enfatizó.
 
Es un mensaje de justicia muy importante y es el que están esperando escuchar el martes, conscientes de que han obtenido una victoria, por lo que esperan que el evento esté a la altura, concluyó. 
 
17/LGL/GGQ
 







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