Viudas de los campesinos asesinados por el ejército federal en la comunidad de El Charco y esposas de los presos políticos en Guerrero exigieron justicia al gobierno castigando a los responsables de esa masacre e indemnizando a las familias afectadas.
Margarita Joaquina Castro, indígena mixteca cuyo esposo murió a manos de elementos castrenses en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, la madrugada del 7 de junio de 1998, apremió al gobierno federal a castigar a los responsables e indemnizar a las viudas de los diez labriegos asesinados.
«Tenemos muchos hijos y el gobierno no nos apoya en nada, pero vamos a seguir luchando para que se nos haga justicia», advirtió la indígena al tiempo que sostenía una manta en favor de una ley de amnistía para todas y todos los presos políticos del país.
Junto con otras mujeres Margarita encabezó la marcha del pasado viernes en la ciudad de Chilpancingo con el objetivo de exigir la liberación de los encarcelados por motivos políticos.
Por su parte la indígena Marisol Martínez Santiago remarcó que los gobiernos federal y estatal no sólo les hacen daño a sus maridos al encarcelarlos injustamente, sino «también a nosotras como esposas, porque nos convertimos en madre y padre para nuestros hijos.»
En su intervención Marisol dijo que la mayoría de las esposas de los presos políticos se ven obligadas a salir a trabajar para mantener a su familia, que por lo regular tienen de seis a ocho hijos y no pasan de los doce años de edad.
Marisol denunció que ellas son objeto de burlas y discriminación por parte de las autoridades judiciales del estado de Guerrero, ya que cada vez que protestan para exigir la libertad de sus esposos los judiciales les dicen: «Otra vez vienen ustedes a lo mismo.»
«Si ya no quieren que les demos lata, pues que dejen en libertad a nuestros maridos», asegura.
Marisol también enfatizó en que la lucha del movimiento social en el estado de Guerrero se centra en la exigencia de que se castigue a los responsables de la masacre de El Charco y que se dicte una ley de amnistía estatal y federal para liberar a todas las y los presos políticos y de conciencia que hay en el país.
Martínez Santiago es esposa de Rogelio Garza Pineda, detenido el 18 de mayo de 1998 por los presuntos delitos de rebelión y secuestro; fue sentenciado a 32 años de cárcel y actualmente está recluido en el penal del puerto de Acapulco.
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