La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, acusó hoy a los gobiernos federal y local en Chihuahua de «fragmentar» los esfuerzos para detener y esclarecer la ola de violencia que desde 1993 ha dejado más de 400 víctimas en la ciudad fronteriza, por lo que exigió un mando único en las pesquisas.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde, aseguró que tanto el gobierno del presidente Vicente Fox, como el del gobernador priísta, Patricio Martínez, han contribuido a mantener el clima de «confusión e incertidumbre» que prevalece en torno a las pesquisas de los crímenes.
Informó que en breve comparecerán ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados y el Senado, la Fiscal Especial para investigar el feminicidio en Juárez de la Procuraduría General de la República (PGR), María López Urbina y el gobernador de extracción priísta, Patricio Martínez.
Puso como ejemplo de la falta de coordinación que los informes del pasado 3 de junio de la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, Guadalupe Morfín, y la Fiscal López Urbina, fueron contradictorios en cuanto a los datos que aportaron y el análisis que hicieron de la situación.
Marcela Lagarde advirtió que las investigaciones de la fiscal carecen de enfoque de género, y por esa razón, habría asegurado que en 50 de los más de 300 casos, no se encontraron indicios de asesinatos seriales, lo que provocó indignación de grupos civiles de mujeres y familiares de las víctimas.
«Las seriales son las víctimas no los asesinos», replicó la antropóloga feminista, y explicó que en al menos 137 crímenes hay evidencias de violencia sexual y mutilaciones.
Exigió que las investigaciones tengan perspectiva de género para que se aclaren las posturas encontradas, al recordar que en su momento, un grupo de legisladoras demandó que la Fiscal Especial tuviera una formación con ese enfoque.
FALTA COORDINACIÓN
Lagarde manifestó su «desconcierto» ante el anuncio de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua de que investigará a 54 funcionarios y ex funcionarios que habrían incurrido en negligencias durante las investigaciones del feminicidio, toda vez que López Urbina había informado que al menos 81 servidores públicos serían indagados por ese mismo motivo.
La legisladora perredista, acompañada de las diputadas Blanca Gámez del PAN, Eliana García del PRD y el diputado José González Schmal, de Convergencia, reiteró la exigencia de que haya un «mando único» en las investigaciones del feminicidio, pues mientras la fiscal especial hace su labor, al mismo tiempo siguen en funcionamiento la fiscalía de Chihuahua y la fiscalía mixta PGR-Procuraduría de Chihuahua, lo que provoca «confusión» en la información que se otorga a la ciudadanía.
Insistió que el feminicidio en Ciudad Juárez es un «crimen de Estado», por lo que urgió a las autoridades federales a implementar de inmediato una política de Estado «uniforme» y coordinada para poner fin a la violencia de género que se extiende ya a las ciudades de León, Jalisco y el Distrito Federal.
Por su parte, la diputada Eliana García adelantó que se preparan iniciativas de reforma constitucional y a los códigos penal y civil federales para tipificar el delito de feminicidio como crimen de lesa humanidad, y así evitar que ese flagelo prescriba y se impida la acción de la justicia.
El diputado González Schmal consideró urgente que México se adhiera a la Corte Penal Internacional para el castigo de estos crímenes.
Tanto las legisladoras como el diputado por Convergencia, advirtieron que no se debe permitir la impunidad en Ciudad Juárez, y exigieron castigo para las y los funcionarios y ex funcionarios de la administración de Chihuahua, incluyendo ex procuradores de justicia y ex gobernadores que hayan obstruido las investigaciones.
Eliana García y Marcela Lagarde destacaron la disposición del coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Francisco Barrio para colaborar en las pesquisas.
Fue durante la gestión de Barrio como gobernador de Chihuahua cuando comenzó la ola de violencia contra las mujeres, al grado tal que grupos ciudadanos han exigido a la comisión especial de la Cámara baja promover un juicio político contra él.
La legisladora García aseguró que en tanto se logran las reformas legales pertinentes, el Congreso de la Unión seguirá insistiendo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga las investigaciones del feminicidio y sancione a los responsables.
Mientras Lagarde opinó que el «machismo y la misoginia» prevalecientes en la sociedad provocan una «profunda» desigualdad política y jurídica de las mujeres frente a los hombres, la cual se refleja en la impunidad de los asesinatos de Juárez.
2004/RM/GV/SM
