La justicia en el sistema penal mexicano se ha caracterizado por la impunidad y en el caso de las mujeres la situación se agrava, independientemente de que puedan padecerlo en calidad de víctima o presunta responsable, porque tienen que enfrentar actitudes negligentes o discriminatorias por el simple hecho de ser mujer.
Así se dio a conocer en el foro «Simulación de un Juicio de Derechos Humanos de las Mujeres», organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) al dar a conocer el caso de una mujer que asesinó a su esposo, y cuyos nombres se mantienen en reserva.
De acuerdo con los hechos, en 1985 el matrimonio se mudó a un estado de la República por relaciones de trabajo del señor, quien en poco tiempo vio elevada su situación económica y política. Sin embargo la vida íntima de la pareja seguía marcada por la violencia de enfrascada en la violencia física, sicológica y económica de parte del esposo que en muchas ocasiones se manifestaba en público.
Permanentes amenazas de abandono y de arrebatarle a sus hijos eran las principales armas de él. A finales de septiembre de 1995, la pareja tuvo una fuerte discusión y ella recibe una paliza que le deja varias fracturas en su cuerpo, añade el testimonio presentado en el auditorio «Héctor Fix Zamudio» de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ella decide hacer una denuncia penal ante la autoridad judicial local y se dictan una serie de medidas cautelares, tales como que el presunto agresor no permanezca en el domicilio conyugal y que la guarda y custodia de los menores se otorgue a la madre.
Sin embargo, dichas medidas fueron incumplidas por el presunto agresor y hubo una falta de seguimiento por parte de las autoridades judiciales.
La mañana del 23 de marzo de 1996, nuevamente la pareja tuvo una fuerte discusión cuando él le confesó que tenía otra relación y que la dejaría para irse con sus hijos y la amenazó de muerte.
Fue entonces cuando ella se abalanzó contra su esposo quien la empujó y se dirigió a la salida de la casa. Ella se dirigió rápidamente hacia la biblioteca de la casa, para tomar la pistola que su marido guardaba en uno de los cajones del escritorio.
Lo privó de la vida con dos disparos y días después se presentó ante el Ministerio Público para confesar su delito y fue detenida. Antes de rendir su declaración, solicitó la asistencia de un defensor y no le fue proporcionado en ese momento.
Posteriormente, la retuvieron en separos donde estuvo incomunicada durante cinco días. Fue hasta las etapas de consignación y proceso que le fue asignado un defensor de oficio y la sentencia se estableció en el siguiente sentido, «…por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja…»
El 31 de enero de 2002, fue condenada a 35 años de prisión y se tiene conocimiento de que esta sentencia es la más alta que se haya dictado en la entidad donde ocurrió el hecho, en circunstancias similares.
En el auditorio «Héctor Fix Zamudio» de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
2004/RGL/LR
