Considerada una de las formas más antiguas de regulación de la fecundidad y también la más controvertida hasta la aparición de la inseminación in vitro, ningún otro procedimiento quirúrgico de carácter voluntario produjo con anterioridad el debate que ha desatado éste, destaca un informe de Prensa Latina.
Controversias emocionales y morales, atención por parte de trabajadores sanitarios y de los defensores de los derechos y bienestar de las mujeres, la polémica sobre si aceptarlo libremente o prohibirlo por ley ocupa desde hace años la atención de muchos.
En 1954 el aborto era ilegal en todos los países del mundo, excepto en Islandia, Dinamarca, Suecia y Japón. En las tres décadas que siguieron, más de 30 países, incluyendo algunos de los más populosos del mundo como China y la India, modificaron sus leyes restrictivas para permitirlo bajo el requerimiento de la mujer o debido a una amplia gama de indicaciones sociales.
Sin embargo, penalizado en la gran mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, en la región se practican más de cuatro millones de procedimientos clandestinos, de los cuáles 800 mil requieren hospitalización por complicaciones subsecuentes.
Se estima que por cada mil mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se realizan 30 abortos inseguros y el promedio de muertes maternas es de 194 por cada 100 mil nacidos vivos, a pesar de que con medidas de bajo costo las consecuencias podrían prevenirse o mitigarse.
Desde tiempos lejanos, las mujeres se vieron impulsadas a interrumpir un embarazo por muchas y muy diversas razones. La necesidad de no procrear más, dificultades económicas asociadas a la manutención del hogar, problemas congénitos en el feto, que la gestación sea producto de una violación sexual o incesto, conservar un empleo, continuar un programa de educación, son algunas de las más frecuentes.
Pero el incremento de las relaciones sexuales no seguras, el desconocimiento de la anticoncepción y el difícil acceso a los servicios de regulación de la fecundidad, determinan que aún hoy exista un gran número de embarazos indeseados y sean muchas las mujeres que buscan su terminación.
Las limitaciones legales hacen del aborto clandestino una opción muy usada para dar al traste con una concepción impensada, a pesar de que legisladores y profesionales médicos son conscientes de las graves consecuencias que ello tiene para la salud de la mujer y los costos económicos que causa.
Estimado un serio problema de salud pública, la interrupción del embarazo en Latinoamérica es un tema encubierto por un manto de silencio.
Sin embargo, está demostrado que el uso de anticonceptivos, junto con el buen desempeño de los servicios de planificación familiar, pueden reducir enormemente las gestaciones no programadas.
Creencias erróneas que generan temores sobre riesgos para la salud y la vergüenza respecto a las relaciones sexuales, exacerban el deficiente conocimiento que existe sobre la reproducción y la anticoncepción entre importantes sectores de la población, lo cual constituye un obstáculo más para el uso efectivo de los contraceptivos.
El debate debe continuar y en él conviene considerar todos los factores: éticos y morales, religiosos, culturales, políticos y, sin lugar a dudas, los de salud pública.
*La autora es doctora en medicina y periodista de la Redacción de Ciencia y Técnica de Prensa Latina.
05/VCM/GM
