Organizaciones de derechos humanos y feministas definieron el año 2004 como un año negativo para las mujeres de Guatemala, de las cuales al menos 465 fueron asesinadas en los primeros 11 meses.
Datos recopilados por agrupaciones sociales indican que 2004 se caracterizó por ser uno de los años más violentos para las mujeres en Guatemala, con una población total de 12.7 millones de habitantes, pues se incrementó el feminicidio, es decir, los asesinatos contra mujeres por su género, y las denuncias por violencia intrafamiliar.
Además, agregaron integrantes de la Red de la No Violencia contra la Mujer, crecieron los decesos de mujeres por falta de atención médica en los hospitales estatales, en comparación con años anteriores.
Una campaña de la Coordinadora 25 de Noviembre enfatizó que «la indiferencia de las autoridades también es violencia contra las mujeres», situación que prevaleció, ya que las instituciones oficiales no implementaron planes efectivos de seguridad.
En el período tampoco se designó el presupuesto fijado para el Plan Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar (Planovi 2005-2014).
Según un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), durante 2002 ocurrieron 163 muertes violentas de mujeres; en 2003, la cifra subió a 383, y de enero a noviembre del año en curso se perpetraron 458, pero en pocas semanas subió a 465.
La mayoría de las víctimas, según confirman informes del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil (PNC) y las agrupaciones feministas, fueron indígenas, dueñas de casa, estudiantes y trabajadoras de maquila, con edades que oscilan entre los 16 y 40 años.
Para analistas, observadores internacionales y medios periodísticos locales, las muertes de mujeres en Guatemala han tenido características significativas, como misoginia, tortura y violación sexual antes de los hechos.
Incluso, a muchas mujeres se les mutilaron órganos y extremidades, mientras un significativo porcentaje perdió la vida a manos de sus esposos, novios y convivientes, pandilleros juveniles o por motivos definidos en Guatemala como «limpieza social».
La PDH atribuyó el aumento de la violencia contra las mujeres a la pobreza que se vive en el país, la cual obliga a las mujeres a trabajar en horarios no habituales, en particular en las maquilas.
En ese sentido consideró urgente fortalecer la capacidad de las instituciones competentes en materia de investigación y enjuiciamiento para lograr la efectiva persecución penal y la condena de los autores de los crímenes.
Por otro lado, reclamó como indispensable iniciar un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad e implementar políticas públicas de seguridad, especiales para las guatemaltecas.
La Red de la No Violencia exigió al director de la PNC, Edwin Sperissen, actuar para detener la violencia de género y disponer de mayor presencia policial en las áreas de peligro, así como acatar las órdenes de captura contra los victimarios.
Andrea Barrios, del proyecto de género del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, destacó la necesidad de reformar el Código Penal para que se tipifique el acoso sexual y no se perdone a un violador si se casa con la víctima, como ocurre ahora.
2004/MR