A 6 años del asesinato de Mariana Lima, aprehenden a su agresor

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Fallo de SCJN, aún sin cumplirse del todo por parte del Edomex
A 6 años del asesinato de Mariana Lima, aprehenden a su agresor
Conferencia de Prensa del OCNF, los defensores legales del caso e Irinea Buendía | CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2016

Tuvieron que pasar dos gobernadores mexiquenses –entre ellos Enrique Peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal–, tres procuradores generales de justicia, y cuatro subprocuradoras especializadas contra la violencia de género, además de tener que recorrer 20 agencias del Ministerio Público (MP) y soportar seis años en demanda de justicia, para que Irinea Buendía Cortez, convertida hoy en defensora de Derechos Humanos de las mujeres, pudiera ver al asesino de su hija, el policía de investigación Julio César Hernández Ballinas, detenido y a punto de ser juzgado.
 
Este martes 28 de junio se conmemoran seis años del feminicidio de Mariana Lima Buendía, cuyo asesinato en 2010 –cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México– fue investigado como suicidio por la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM), que no realizó diligencias con perspectiva de género ni peritajes adecuados para descartar que la muerte de la joven de 29 años estuviera vinculada con la violencia feminicida en el Edomex, primer estado donde se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Y es que desde el día del asesinato de la joven en el municipio de Chimalhuacán, su madre y su padre sospecharon y denunciaron que su hija en realidad había sido ultimada por su ex pareja, pero fue hasta el pasado 15 de junio cuando la PGJEM les dio la razón y tras reponer la investigación (pero ahora con perspectiva de género) consignó a Hernández Ballinas por el delito de homicidio calificado, y ocho días después, el 23 de junio, logró su aprehensión.
 
Así lo confirmaron hoy en conferencia de prensa en esta capital el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los defensores legales del caso y la propia Irinea Buendía.
 
Ante este logro, Irinea, madre de la víctima y ahora defensora de otras mujeres, declaró: “Recuerdo como si ahorita fuera cuando empezamos a tocar puertas y ninguna se abría, todas permanecían cerradas. Me daba cuenta de qué manera acuna la mentira, de qué manera acuna la corrupción que acuna impunidad (…); más de 20 MP, tres procuradores, cuatro subprocuradoras de género, dos fiscales, y nadie creyó lo que yo decía, lo que había visto con mis propios ojos (… ); no hay crimen perfecto”.
 

 
La consignación de Julio César Hernández Ballinas se consiguió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el 25 de marzo de 2015 –en la primera sentencia del alto tribunal por un caso de feminicidio– al gobierno del Edomex investigar nuevamente con perspectiva de género y debida diligencia la muerte de Mariana Lima, explicó la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, del OCNF.
 
Para dar cumplimiento a la sentencia, el 30 de abril de 2015 el ahora gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, mandató la creación de un Grupo Especializado para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, que se encargaría de investigar el asesinato de Mariana con apego a los lineamientos ordenados por la SCJN.
 
El grupo quedó integrado por la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros; la fiscal especializada en feminicidio, Irma Millán Velázquez; la agente del MP Brenda Bazán Varela; peritos de medicina, psicología, criminalística, trabajo social y antropología; policías ministeriales, y –actor clave, según el OCNF– el doctor José Mario Nájera, perito guatemalteco experto en violencia feminicida.
 
El personal especializado se basó en tres dictámenes forenses que demostraron que la muerte de Mariana se debió a asfixia por estrangulamiento y no por suicidio o ahorcamiento, como determinó anteriormente la PGJEM.
 
Se comprobó también que el cuerpo y la escena del crimen fueron manipulados; y se realizaron peritajes psicosociales y socioculturales a diversos testigos, los cuales permitieron acreditar el contexto de violencia feminicida que vivía la joven.
 
Las y los expertos demostraron –como desde el principio señaló la familia de Mariana– que el lazo con el que supuestamente se suicidó la joven no resistía más de 50 kilos de peso, que el cuerpo presentaba golpes y que era imposible que la víctima se hubiera colgado de un clavo.
 
Además la nueva pesquisa permitió la coadyuvancia o participación de la familia, cuyos integrantes testificaron para demostrar el contexto de violencia que vivió Mariana durante 18 meses por parte de Julio César Hernández Ballinas.
 
Así, el agresor fue consignado por homicidio doloso, y no por feminicidio, toda vez que el asesinato de Mariana sucedió un año antes de que se tipificara este último delito en el Código Penal mexiquense.
 
Este miércoles vence el plazo para declarar el auto de formal prisión contra Hernández, y se prevé que un Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl inicie un proceso penal que podría durar meses, y durante el cual se desahogarán las pruebas para que eventualmente se dicte una sentencia de 40 a 70 años de prisión.
 
Al respecto, el OCNF dijo que esta nueva indagatoria demuestra que los protocolos para investigar y realizar peritajes con perspectiva de género sí funcionan, sobre todo cuando hay voluntad para hacerlos valer, por lo que deben implementarse en todo el país para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como el caso de Mariana.
 
Las y los activistas confiaron en que el juzgador aplique el Protocolo de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género de la SCJN, y dicte una sentencia ejemplar contra Hernández, es decir, la máxima pena (agravada porque la víctima era su cónyuge y actuó con premeditación) y para que garantice la no repetición de los hechos.
 

Mariana Infographic

 
PENDIENTES
 
Sin embargo, Rodolfo Domínguez, litigante del OCNF, advirtió que la sentencia que emitió la SCJN por el caso Mariana Lima en el expediente 554/2013 no ha sido acatada del todo.
 
En primer lugar –precisó– falta que se investiguen y sancionen las omisiones, negligencias y obstrucción de justicia que cometieron agentes judiciales al no indagar el asesinato de Mariana, por lo que hasta ahora la subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género identificó 56 irregularidades en la investigación original, y dio aviso a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos y al Órgano Interno de Control, por posibles hechos constitutivos de delitos.
 
Si bien la Fiscalía Especializada informó que ya rindió un informe y se inició una carpeta de investigación de los hechos, aún no hay consignaciones.
 
El abogado recordó que Ballinas también tiene responsabilidad en su calidad de servidor público, ya que laboraba como policía de investigación de la PGJEM.
 
Asimismo, el Edomex debe reparar el daño a las y los familiares de Mariana, quienes requieren de atención psicológica y médica debido al desgaste en su exigencia de justicia, explicó Domínguez. 
 
16/AJSE/RMB