Inicio QR tiene plazo de 6 meses para prevenir y castigar feminicidio

QR tiene plazo de 6 meses para prevenir y castigar feminicidio

Por Andrea Franco, corresponsal
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El gobierno del estado de Quintana Roo (QR) tiene un plazo de seis meses –es decir, hasta noviembre próximo– para acatar las recomendaciones contra la violencia feminicida, o de lo contrario la Secretaría de Gobernación (Segob) decretará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
 
Así lo determinó el Grupo de Trabajo –integrado por personal académico y autoridades federales y locales– que analizó la violencia feminicida en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.
 
El pasado 13 de mayo, el gobierno estatal encabezado por el priista Roberto Borge aceptó las 11 conclusiones del informe elaborado por el Grupo de Trabajo, luego de que el Consejo Estatal de las Mujeres presentó la solicitud de AVG al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el 4 de diciembre de 2015.  
 
Entre las recomendaciones a cumplir, resaltan 13 modificaciones al Código Penal de QR, siete al Código Civil; y se propone revisar y modificar las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad; la de Trata de Personas; para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación; y la de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
 
También se recomendó la elaboración y aplicación de protocolos para investigar con perspectiva de género y específicamente el delito de feminicidio, así como incorporar especificaciones relativas a las medidas de protección o cautelares para delitos en razón de género.
 
El Grupo de Trabajo determinó que a partir de información del Consejo Estatal de las Mujeres y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, con apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo reportado por el gobierno del estado, y las entrevistas realizadas en los cinco municipios, “se detectó que existen índices considerables de violencia, particularmente contra las mujeres, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad”.
 
Se indicó que en Cancún existe una zona que concentra violencia feminicida y delitos sexuales. Se trata del área comprendida por las regiones populares de la 102, 103 y 105, al oeste de la ciudad; la 247 y 248 –al noroeste–, y las delegaciones de Alfredo V. Bonfil y Avante Valle Verde, estos dos últimos asentamientos irregulares.
 
Sin embargo, el gobierno estatal no reportó ningún feminicidio, aunque el delito está tipificado como tal desde el 19 de junio de 2013, y pese a que reconoce la existencia de 62 homicidios dolosos de mujeres entre 2011 y 2015 en Cancún y Solidaridad, de los cuales se levantaron 60 averiguaciones previas.
 
El 74 por ciento de esos crímenes ocurrió en Cancún y 25.8 en Solidaridad. En los otros municipios no hay registro de casos, según la versión que el gobierno dio al Grupo de Trabajo.
 
Pero la Secretaría de Seguridad Pública de QR contradijo el dato e informó que en Cozumel se atendieron dos homicidios de mujeres y otros dos en Isla Mujeres en ese mismo periodo.
 
El Grupo de Trabajo citó que en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal tan sólo en 2011 se reportaron 55 homicidios de mujeres en QR, y hubo 30 mujeres que denunciaron lesiones y tres víctimas de abuso sexual.
 
Al margen de las cifras oficiales y los datos contradictorios entre dependencias e instancias sobre el número de asesinatos de mujeres, el Grupo de Trabajo destacó que ninguno de los casos se ha investigado y menos aún consignado como feminicidio, aunque exista el tipo penal y los crímenes probablemente se apeguen a su tipificación.
 
Por tanto, una de las recomendaciones consiste en que “todos los casos de muertes violentas de mujeres, deben ser primero investigados por el delito de feminicidio, y en caso de no actualizarse los elementos del tipo penal, reclasificado”.
 
Se reconoció también la existencia de violencia institucional contra las víctimas por parte de funcionarios de la Procuraduría de Justicia local, así como de instituciones médicas que no reportan como obliga la ley los casos de violación sexual.
 
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