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POLÍTICA
   Asesinato de alcaldesa perturba ejercicio de derechos políticos
Impostergable tipificar violencia política de género: expertas
Imagen retomada de cmdpdh.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 05/01/2016 La Red Mujeres en Plural y la Organización de Naciones Unidas en México pidieron a las autoridades federales y locales una efectiva procuración de justicia, para arrestar y juzgar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo.
 
Así lo dijeron las perredistas Amalia García, Angélica de la Peña y Claudia Castello, las panistas Eufrosina Cruz y Marcela Torres, además de las priistas María Elena Chapa y Rocío García Olmedo, entre otras mujeres que enviaron una carta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General de Morelos.
 
El sábado 2 de enero alrededor de las 7 de la mañana un comando armado, presuntamente del crimen organizado, ingresó al domicilio de la alcaldesa en la colonia Pueblo Viejo, en Temixco, donde amagó a su familia, preguntó por ella y al identificarse fue asesinada de cuatro balazos, según narró su madre.
 
Al respecto, ese mismo día, el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, y el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, informaron que a unos minutos del asesinato de la edil el Mando Único Policial implementó un operativo y detuvo a tres sospechosos.
 
De acuerdo con la Fiscalía, a las 07:12 horas se reportó una mujer lesionada, a las 07:14 horas el Mando Único implementó un operativo, minutos después ubicaron un vehículo y hubo un enfrentamiento del que resultaron dos muertos y tres detenidos: un menor de edad, un joven de 18 años y una mujer de 32 años.
 
A decir de las mujeres que integran la Red, el asesinato se inscribe en un ambiente de violencia política de género contra las mexicanas que se desarrollan en las esferas públicas, lo que hace impostergable que tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales tipifiquen esta violencia.
 
En Morelos hubo elecciones el pasado 7 de junio para renovar el Congreso local (18 diputados de mayoría relativa y 12 plurinominales; además de autoridades en 33 ayuntamientos).
 
En medio de impugnaciones y quejas contra la participación de las mujeres, tras los comicios resultaron electas seis diputadas locales y seis alcaldesas, entre ellas Mota Ocampo.
 
Según quienes la conocieron, la mujer de poco más de 30 años de edad, ex diputada federal y consejera política de su partido, alzó la voz para evidenciar la necesidad de implementar la paridad de género en los municipios, exigencia que mantuvo pese a que sus compañeros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaron su propuesta. 
 
Para la Red de Mujeres en Plural urge que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se articulen de manera coordinada para consolidar la prevención de estos crímenes, pues advirtieron que de no hacerlo fracasará la protección de los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
 
A la exigencia se sumaron ONU-Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además aseguraron que la participación femenina en los municipios es insuficiente a pesar de la paridad, es decir de la obligación de los partidos de reservar el 50 por ciento de sus candidaturas a las militantes.
 
Ambos organismos expresaron su preocupación por el efecto inhibitorio que estos hechos pueden tener en la participación política de las mujeres, en particular en cargos edilicios, donde la presencia es escasa, toda vez que en 2015 la cifra femenina en presidencias municipales llegó apenas a 13.47 por ciento, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
 
“El asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo no sólo es un grave crimen, sino que también perturba el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres reconocidos y garantizados tanto por la Constitución mexicana como por los tratados internacionales. El empleo de la violencia con el objeto de impedir el desempeño de la función pública es un grave riesgo para la vida democrática del país”, señalaron.
 
Asimismo, las oficinas de la ONU pidieron a las autoridades continuar reforzando las políticas y la institucionalidad existentes en materia de protección y seguridad de las personas que aspiran o ejercen puestos de elección popular, en particular de las mujeres en el espacio municipal por su particular situación de vulnerabilidad.
 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes, de 2006 a enero de 2016 han sido asesinados 37 presidentes municipales, siete alcaldes electos y 31 ex alcaldes.
 
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