Demandan familias se declare AVG para todo el Edomex

NACIONAL
VIOLENCIA
   Urge atender casos impunes y sancionar a funcionarios omisos
Demandan familias se declare AVG para todo el Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 27/07/2015

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México debe decretarse para toda la entidad y no sólo para 11 municipios, además de que debe comenzar con brindar justicia en los casos de feminicidio que están impunes, y sancionar a los funcionarios que incurren en omisión y mala actuación en la indagación de este delito.

Así lo demandaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición, quienes crearon el Colectivo Familiares en Búsqueda de Justicia para demandar que la AVG no sea utilizada con fines partidistas, y por el contrario esté a la altura de la gravedad de la violencia que viven las mexiquenses.
 
El pasado 7 de julio, a cinco años de que grupos civiles pidieran la activación del mecanismo, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, anunció que solicitaría al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) declarar una AVG para 11 municipios de la entidad.
 
Según lo dicho por el mandatario estatal, la AVG se pidió para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco, ya que se han identificado como un “foco rojo” de violencia contra las mujeres.
 
Mañana martes los institutos estatales de la Mujer y las instancias federales que integran el SNPASEVM sesionarán para analizar la solicitud y eventualmente declarar la primera AVG en la historia del país.

En tres ocasiones distintas (una en 2010 y dos en 2013), el SNPASEVM negó la procedencia de una investigación por violencia feminicida en el Edomex, y fue hasta abril de 2014 que anunció, tras un mandato judicial que le obligó hacerlo, que se realizaría una indagación, pero hasta ahora se desconocen los resultados de la misma.

En conferencia de prensa hoy, organizaciones mexiquenses, en compañía del Colectivo de Familiares –integrado por al menos 20 familias de mujeres asesinadas y desaparecidas en el Edomex–, recalcaron que la AVG no puede ser activada sólo en los 11 municipios, debido a que la violencia de género ocurre en toda la entidad.
 
Yuritzi de la Rosa, integrante de la Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México, explicó que si bien se ha identificado que en esos 11 municipios existen “focos rojos” en materia de desaparición y asesinatos, éstos no pueden verse como si fueran independientes de los 114 municipios restantes, donde también existe una marcada “violencia machista y comunitaria” contra las mexiquenses.
 
El Colectivo de Familiares también dio a conocer algunas acciones en las que debería traducirse la AVG, y advirtió que no permitirán que el mecanismo sea utilizado como una estrategia para promover al gobierno del estado, o como una herramienta de campaña rumbo a las elecciones de 2018. 
 
Estarán vigilantes –apuntaron– de que los recursos que se asignen al Edomex, mediante la declaratoria de AVG, no se desvíen y se utilicen para las acciones que se requieren, como la capacitación de funcionarios, ya que hasta ahora han demostrado que carecen de conocimientos sobre perspectiva de género y Derechos Humanos.
 
La necesidad de capacitar e incluso sancionar a personal judicial la evidenciaron al presentar los casos de sus hijas que siguen impunes, luego de que durante las pesquisas imperara la corrupción, la falta de capacitación y sensibilización de los ministerios públicos para investigar los casos, no se brindara protección a víctimas de violencia familiar o de pareja, y no se realizara de manera inmediata la búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas.
 
De esta manera María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra  Muciño Márquez, joven asesinada en 2004; Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía Cortés, asesinada en diciembre de 2010; José Diego Suárez Padilla, padre de Rosa Diana Suárez Torres, asesinada en diciembre de 2010, y Marisol Méndez Rizo, hija de María Dolores Rizo Juárez, desaparecida en 2011 demandaron que no se utilice la AVG de manera inadecuada.
 
La resolución de estos casos –exigieron– debe ser la línea de cumplimiento de la AVG, pues es indispensable que se resuelvan y en su caso sancionen todas las omisiones y negligencias cometidas por funcionarios durante estas averiguaciones previas.
 
Demandaron al gobierno federal que como parte de la AVG se contemple la creación de un Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio en el Edomex, que sería el encargado de monitorear el cumplimiento de las acciones y exigir rendición de cuentas.
 
Ello al informar que hasta el momento no se ha dado ningún acercamiento de las autoridades con las familias de las víctimas que han expuesto sus casos, y que constantemente se bloquea la información a las organizaciones civiles.
 
Cabe recordar que la demanda para que se declare la AVG en el Edomex data de diciembre de 2010, cuando el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la activación de la alerta, ante los 922 asesinatos violentos de mujeres documentados durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto.
 
La solicitud fue negada luego de que en una sesión del Sistema Nacional –entonces encargado de definir la procedencia de la AVG–, funcionarias del Edomex aseguraran que en la entidad no existía la violencia contra las mujeres, y que la solicitud “era un golpe político” para Peña Nieto, entonces aspirante a la Presidencia de la República.
 
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