NACIONAL
VIOLENCIA
   Se deben transformar contextos que permiten las agresiones
Mujeres víctimas de violencia no acceden a reparación del daño
Imagen retomada del sitio adnarg.blogspot.com
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 27/10/2014 La reparación del daño para las mujeres víctimas de violencia es una obligación de Estado que va más allá de una compensación económica o el encarcelamiento de su agresor, pues se deben transformar los contextos discriminatorios y misóginos que permitieron que fueran violentadas, concepto que no ha sido entendido por los gobiernos.
 
Reunidas en la mesa redonda “Violencia de Género y Reparaciones. Un panorama hemisférico a 20 años de la adopción de la Convención de Belém do Pará” –realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington–, expertas internacionales coincidieron en que los Estados no han entendido el concepto de reparación integral del daño.
 
Tracy Robinson, comisionada presidenta de la CIDH, sostuvo que el concepto de reparación del daño ha estado en el centro de los debates y en los diversos llamados de organismos internacionales desde que se aprobó en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), no obstante no ha sido asimilado por las naciones.
 
Por ello explicó que a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos (como el robo), donde el objetivo del resarcimiento es devolver a la víctima a la circunstancia en la que aún no se cometía el crimen, en el caso de mujeres víctimas de violencia las reparaciones “no pueden ser devolverlas al lugar en donde estaban antes de la violencia”. 
 
Robinson aclaró que el deber de los Estados en materia de reparación y resarcimiento es promover mecanismos administrativos “que tengan un efecto transformador de las razones por las que (las mujeres) padecen violencia”, es decir, mecanismos que cambien los contextos que permitieron que ellas fueran violentadas.
 
La también relatora sobre los derechos femeninos de la CIDH dijo que la justicia no sólo se mide por un proceso penal, sino por la ausencia de demoras no razonables en los procesos administrativos y penales, así como en las herramientas que se les brindan a las mujeres para salir de esa situación.
 
Abundó que la CIDH seguirá insistiendo en que los Estados recopilen y den a conocer los datos “que nos permitan medir la eficacia de las políticas públicas, para poner fin a las múltiples formas de violencia que (las mujeres) enfrentan”.
 
Rashida Manjoo, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, sostuvo que pese a los múltiples llamados (tanto de comités de expertas como de grupos civiles), los Estados “no han entendido lo que son los recursos ‘transformativos’, que tienen que ver con cambiar la realidad de las mujeres víctimas de distintas manifestaciones de violencia”.
 
Además de que no han entendido a profundidad el hecho de que la violencia contra las mujeres es una barrera para el acceso al ejercicio y goce pleno de todos sus derechos, y generalmente es un continuo de situaciones de violación y abuso.
 
En ese sentido destacó que para cumplir con su obligación de atender y erradicar la violencia, los Estados deben actuar con la debida diligencia y abordar las causas estructurales de la violencia, “y no sólo enfocarse en la creación de legislaciones y acceso a la justicia entendida como encarcelamiento (de los agresores)”.  
 
Expuso que se ha avanzado muy poco en el cabal entendimiento de la reparación del daño, por ejemplo la práctica común en las naciones es esperar a que el autor de la agresión pague la reparación, que en muchas ocasiones se limita al aspecto económico, cuando se debe contemplar que las mujeres viven de manera distinta la violencia de acuerdo con sus peculiaridades.
 
Existe –añadió Manjoo– una obligación de los Estados para establecer mecanismos de reparación del daño cuando las otras partes no están dispuestas a cumplir con sus responsabilidades.
 
La especialista reiteró la urgencia de crear sistemas de registro de información para conocer el número real de mujeres que enfrentan violencia de género, así como mecanismos de evaluación de las medidas que emprenden las naciones para conocer con claridad si impactan o no en la realidad de las mujeres.
 
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