NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Es inoperante, acusan; critican criminalización de protesta social
Abandonan grupos civiles a Mecanismo de Protección del DF
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 14/05/2014 Organizaciones civiles que forman parte del Mecanismo de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal decidieron retirarse de esta instancia, ante las agresiones de las autoridades capitalinas contra informadores y activistas.
 
En conferencia de prensa, los grupos ciudadanos refirieron que, sin ser escuchados, en múltiples ocasiones pidieron al Gobierno del DF hacer efectivo el funcionamiento del mecanismo local, así como la implementación de las medidas de protección para las personas defensoras y periodistas que radican en esta ciudad o se refugian aquí.
 
Denunciaron que nunca obtuvieron respuesta a sus reclamos y que sus recomendaciones no se tomaron en cuenta, o bien, se aplicaron parcialmente pese a que se convocaron a reuniones de trabajo en ocho sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria en la que se revisaron casos, y se insistió en la mejora de los procedimientos.
 
En este contexto y debido a la criminalización de la protesta social, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociadas por los Justo (JASS), Propuesta Cívica, y la Asociación Mundial de Radios  Comunitarias México (AMARC-Mx) anunciaron su renuncia del mecanismo.
 
Marusia López, coordinadora de JASS; Yunhuen Rangel, coordinadora de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC; Gisela Martínez, del área jurídica de AMARC; Clara Meyra, coordinadora del Fray Francisco de Vitoria, y Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica, coincidieron en que no pueden participar en una instancia que no cuenta con las condiciones mínimas para trabajar a favor de las personas defensoras. 
 
Asimismo recordaron que desde el 1 de diciembre de 2012 las autoridades capitalinas han tomado acciones para criminalizar la protesta social, poniendo en riesgo las garantías constitucionales y debilitando la cultura de protección de los Derechos Humanos (DH), por lo que pidieron que mantengan el respeto a la ciudadanía que hasta hace algunos años caracterizaba a la ciudad. 
 
El mecanismo se creó el 29 marzo de 2012 a través de un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
 
En lo que va de 2014 el Comité Consultivo –en el que participaban las y los activistas– fue convocado sólo a una sesión ordinaria por la Secretaría Ejecutiva del mecanismo, a pesar de que cada mes se debía realizar esta reunión.
 
Las activistas criticaron que no se convocó a reuniones de trabajo con el argumento de que no había casos nuevos, pese a que era necesario atender los pendientes y actualizar los casos de personas beneficiarias.
 
De acuerdo con las organizaciones, en diversos momentos informaron de forma pública esta situación y enviaron cartas a la Secretaría Ejecutiva, al subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de las cuales nunca tuvieron respuesta. 
 
A decir de las defensoras, desde la instalación del Mecanismo han llegado 51 casos y si bien todos fueron revisados por las expertas ciudadanas –quienes hicieron los análisis de riesgo y recomendaciones de protección–, indicaron que las autoridades fueron omisas al implementar las medidas. 
 
En este contexto, según las agrupaciones, en otras ocasiones ya habían señalado la necesidad de dotar al Mecanismo de un marco legal que le diera certeza y definiera las obligaciones de las autoridades, para salvaguardar la vida e integridad de periodistas y el derecho a defender los DH.
 
También pidieron que se asegurara que la Secretaría Ejecutiva contara con personal que cubriera el perfil requerido en el convenio, y se dedicara exclusivamente a esta labor, además de garantizar la interlocución efectiva con las personas integrantes del Mecanismo.
 
Para la sociedad civil era relevante que se tomaran medidas para transparentar el presupuesto de la instancia, que se informara por escrito los acuerdos de cada sesión a fin de que todas las partes involucradas los conocieran y les dieran seguimiento, que se elaborara un informe trimestral y trabajara en colaboración con el Mecanismo federal.
 
Una de las propuestas fue pedir que se establecieran rutas claras y ágiles para asegurar la implementación efectiva de medidas de protección y seguimiento a las denuncias de amenazas o agresiones presentadas por periodistas y personas defensoras.
 
Al señalar las limitantes del funcionamiento del Mecanismo, las organizaciones aseguraron que las autoridades deben atender estas inconsistencias para salvaguardar la vida, integridad y labor de los defensores y activistas y generar mejores condiciones de diálogo e interlocución con la sociedad civil.
 
Las activistas aseguraron que aunque se retiran del Mecanismo, se mantendrán como observadoras y confiaron en que la instancia se fortalezca, cuente con presupuesto y personalidad jurídica, y se creen las condiciones para que funcione realmente.
 
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