NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sólo discursos para atender la violencia contra las mexicanas
Reportaje - Saldo negativo en DH en primer año de Peña Nieto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 09/12/2013

El gobierno de Enrique Peña Nieto arrastra varios pendientes en materia de Derechos Humanos (DH), que heredó de la administración anterior y que van desde recomendaciones de Naciones Unidas hasta sentencias de organismos internacionales.
 
El año pasado el Estado mexicano recibió diversas observaciones de Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), muchas de las cuales siguen vigentes.
 
Algunas de las recomendaciones del Comité de la CEDAW se referían a atender la violencia contra las mujeres, así como la desaparición forzada y la trata de personas, delitos en los que ellas son las principales víctimas.
 
Con este antecedente, el actual sexenio comenzó con la intención por parte del diputado priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra de echar para abajo la reforma constitucional en materia de DH publicada en junio de 2011, y la cual dotó de importancia los tratados internacionales en la materia.
 
En enero pasado el diputado presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo primero de la Constitución en materia de DH, y dotar de supremacía a la Carta Magna sobre los acuerdos internacionales. Sin embargo, ante el rechazo de la sociedad civil no prosperó.
 
Tras la intentona de contrarreforma, el Estado mexicano recibió una serie de recomendaciones de la ONU expresadas a través del Examen Periódico Universal (EPU) y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés).
 
Tales recomendaciones estuvieron orientadas a mejorar los derechos de las mexicanas, toda vez que ambos mecanismos consideraron que en México se violan las garantías humanitarias de las mujeres, y que por ello es necesario tomar medidas para abatir esta situación.
 
Entre los temas que llamaron la atención de la comunidad internacional están la violencia de género, las amenazas y agresiones contra las activistas, la tortura, las deficiencias del sistema de justicia militar, y las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, entre otros temas.
 
CLIMA DE VIOLENCIA
 
En su periodo de sesiones en Nueva York, del 4 al 15 de marzo, la CSW reafirmó que la comunidad internacional debe tratar los derechos de forma global y de manera justa y equitativa, y que cada Estado tiene el deber de proteger las libertades fundamentales.
 
El mecanismo expresó que son preocupantes los asesinatos violentos de mujeres y niñas por motivos de género y por ello reconoció que en algunos países, como México, se integrara a la legislación nacional el concepto de feminicidio.
 
En este sentido el mecanismo expresó que son preocupantes los asesinatos violentos de mujeres y niñas por motivos de género y por ello reconoció que en algunos países como México se integrara a la legislación nacional el concepto de feminicidio.
 
No obstante consideró que aún falta implementar acciones para garantizar los derechos femeninos, y por ello llamó a promover el uso de todas las fuentes del derecho internacional y recurrir a las mejores prácticas para proteger a las víctimas de violaciones de DH.
 
En su declaración final, la CSW definió al asesinato de mujeres y niñas como “la forma más brutal y deplorable de la violencia de género”, y pidió que se promovieran políticas para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual o agresiones.
 
Otra encomienda fue apoyar y proteger a quienes se afanan por eliminar la violencia contra las mujeres, incluidas las defensoras de DH que se ocupan de la cuestión, quienes se ven particularmente expuestas al riesgo de violencia
 
REPROBADO EN EL EPU
 
En octubre pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió y realizó el EPU a México, una evaluación que hacen los países miembros para verificar la situación de los DH en cada país.
 
Justo un día antes de que México fuera examinado, Enrique Peña Nieto envió al Congreso cuatro iniciativas de reforma para proteger y garantizar las garantías humanitarias.
 
Los temas que tocó el Ejecutivo fueron modificar los límites del Estado para suspender las garantías individuales; acotar la actuación en la expulsión de extranjeros; modificar el tipo penal de desaparición forzada; evitar la discriminación contra militares con VIH/Sida, y retirar diversas reservas a tratados internacionales. 
 
Esas propuestas no evitaron que la ONU emitiera 176 recomendaciones en diversos temas, muchos de los cuales no fueron tratados en las iniciativas de Peña Nieto.
 
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en el EPU se emitieron 25 recomendaciones relacionadas a periodistas y defensores, de las cuales dos se referían a incorporar el enfoque de género en el combate a la impunidad y en un protocolo de investigación.
 
Para las organizaciones que integran esta red es indispensable que el Estado cumpla con estas disposiciones, ya que de 2010 a 2012 se registraron 25 asesinatos de defensoras y tan sólo en 2012 hubo 118 agresiones y siete asesinatos de activistas.
 
No obstante, las autoridades anunciaron que examinarán las recomendaciones durante el 25 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se realizará en marzo de 2014.
 
GRAVES PENDIENTES
 
Entre 2009 y 2011 el Estado mexicano recibió cinco condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos sobre violación sexual, desaparición forzada, feminicidio, tortura y detención arbitraria.
 
Mientras cuatro de esas sentencias recomiendan modificar el sistema de justicia militar, sigue pendiente la reforma al Código de Justicia Militar para que las violaciones a DH cometidas por efectivos castrenses sean investigadas y juzgadas en tribunales civiles a fin de garantizar justicia.
 
Desde julio pasado la Comisión de Justicia del Senado presentó un dictamen de reforma al sistema de justicia militar y aunque hubo audiencias con académicos, juristas y sociedad civil, hasta ahora no hay fecha para que se apruebe.
 
En noviembre, Jaqueline Sáenz, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, advirtió “una presión de la Sedena” para evitar se apruebe una reforma al fuero de guerra, ya que la dependencia ha señalado que primero se necesita un marco regulatorio y ha insistido en que no juzga a la población civil.
 
Además, justo en marzo pasado, una comitiva del gobierno de Peña Nieto se presentó en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde buscó dar por concluido el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
 
La delegación mexicana propuso una solución amistosa con las mujeres de Atenco a pesar de que hace siete años fueron agredidas por elementos policiacos y a la fecha los responsables no han sido castigados. La oferta fue rechazada.
 
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