LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Presentan informe de CIMAC sobre el tema
Debe visibilizarse la violencia contra las periodistas
Por: Anayeli García Martínez
04/10/2012

/México, DF, 4 oct 12 (CIMAC).- En México existe el estigma de que las periodistas ?como todas las mujeres? mienten, exageran y provocan las agresiones de las que son víctimas, lo que deriva en que ellas no denuncien, vivan la violencia en silencio y el acoso se quede en la impunidad.

Las periodistas Lydia Cacho, Anabel Hernández, Elia Baltazar y Sanjuana Martínez advirtieron que la violencia contra las periodistas debe denunciarse a fin de hacerla visible, y que las comunicadoras no se queden en riesgo y sean protegidas.

Así lo señalaron hoy durante la presentación del informe "Violencia contra mujeres periodistas 2010-2011", elaborado por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). Se trata del primer diagnóstico en su tipo en el mundo desde un enfoque de género.

Elia Baltazar, reportera y fundadora de la red Periodistas de a Pie, afirmó que este informe no es una recopilación más de cifras, sino un documento exacto que caracteriza los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres periodistas.

En su participación lamentó que aún exista el estigma de que las mujeres siempre mienten y exageran cuando dicen ser agredidas porque esa afirmación las aleja de la denuncia, del seguimiento de sus casos, y genera que los delitos se distorsionen y queden en la impunidad.

"Cuántas veces hemos escuchado la duda que condena: ?¿Será verdad, no está exagerando??. La palabra de la mujer puesta en duda, la descalificación, la sentencia a priori que desalienta la denuncia", criticó la defensora de la libertad de expresión.

En un país donde la violencia contra la prensa es una constante, Baltazar criticó que nadie se involucre en el seguimiento de una agresión y que el gremio no exija cuentas sobre los avances en las investigaciones de las y los colegas asesinados o desaparecidos.

"Como gremio dejamos mucho que desear. Si tenemos una deuda con los periodistas, es mayor con las mujeres (porque) a muchas las hemos dejado solas", advirtió al explicar que ni las organizaciones ni las autoridades las toman en cuenta.

HOSTIGAMIENTO COTIDIANO

/La investigación de CIMAC revela que de 2002 a 2011 fueron asesinadas 10 mujeres periodistas y 94 denunciaron algún tipo de violencia sexual, acoso u hostigamiento en el ejercicio de su labor informativa.

Los nombres de estas mujeres se nos escapan de la memoria ?reconoció Baltazar? porque "la violencia cotidiana se naturaliza como una consecuencia del oficio, por ello correr la cortina y ver la realidad es tan difícil que preferimos aceptar el silencio y creer que no pasa nada".

Con estas reflexiones coincidió Anabel Hernández, periodista que ha mantenido un marcaje personal al actual secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, seguimiento que le valió amenazas y una campaña de desprestigio que afectó su vida personal.

La también autora de los libros "Los señores del narco" y "Los cómplices del Presidente" calificó el diagnóstico de CIMAC como un informe histórico donde una reportera puede mirarse en el espejo, aunque es posible que muchas no quieran reconocer que están ahí.

"No sólo somos las mujeres (víctimas de violencia), en general el gremio, sin embargo hay que reconocer ?me guste o no? que hay una agravante cuando se trata de una mujer", dijo al relatar su experiencia cuando a través de su trabajo periodístico denunció las supuestas corruptelas de García Luna.

Explicó que en ese momento estaba embarazada y la campaña de difamación en su contra le implicó serios problemas de salud para ella y su hijo, por ello reconoció que la violencia contra las mujeres no es menor, es igual que la que se ejerce contra los hombres, pero "con otros matices".

/Durante su participación habló de las mujeres despedidas, amenazadas, discriminadas; muchas que trabajan sin protección social, económica o moral, y de otras tantas que fueron obligadas a exiliarse. Esa es la violencia contra las periodistas, reconoció.

Al respecto, Lydia Cacho, quien ha sido acosada y amenazada por sus investigaciones periodísticas, dijo que este informe es excepcional porque aplica una nueva perspectiva a lo que ya se ha dicho: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Tras anunciar su regreso a México luego de permanecer en el exilio dos meses por las amenazas de muerte que recibió, relató que cuando trabajó como reportera en un diario local de Quintana Roo comprendió que el poder lo tienen los hombres y que no lo van a dejar.

Desde 2005 cuando destapó una red de pornografía infantil que involucraba a empresarios y funcionarios de Quintana Roo y Puebla, Cacho ha vivido acoso aunque afirmó que hay muchas otras periodistas que deciden callar antes de perder su prestigio.

Explicó que para una mujer que crece como reportera, se consolida como periodista y gana prestigio, es muy complicado revelar algún tipo de acoso o violencia, porque eso significaría acabar con su carrera ya que se cree que las mujeres siempre mienten o exageran.

La periodista Sanjuana Martínez, detenida en julio pasado en medio de un gran operativo policiaco cuando en realidad enfrentaba un proceso civil por divorcio, aseguró que con este informe se debe empezar a hablar de las periodistas y hacerlas visibles.

En marzo de 2011 Martínez publicó una entrevista con el general Carlos Bibiano Villa, quien le habló de los zetas y los militares. Lo que no se difundió de ese encuentro es que el general le dijo a Sanjuana que le gustaba y quiso abusar de ella. "¿Frente a eso qué haces?", cuestionó la periodista.

/"Hay que decirlo, la violencia contra las periodistas se ha exacerbado porque el cuerpo de la mujer se convirtió en el botín de esta guerra, porque la dignidad de la mujer se atropella con el acoso sexual, por ejemplo, a la hora de hacer nuestro trabajo", sentenció.

En el encuentro también participó la feminista y antropóloga Marcela Lagarde, quien colaboró en la elaboración del informe de CIMAC.

Las periodistas, activistas e integrantes de la organización civil exigieron al gobierno que cumpla con su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, y el derecho a la información de las y los comunicadores.



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