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Segob ignora propuestas de activistas a favor de las migrantes

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La Secretaría de Gobernación (Segob) omitió las observaciones de la sociedad civil en la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, que limitaban las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar operativos y revisiones en los que se arriesga la vida de las y los migrantes en su paso rumbo a Estados Unidos.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), dijo a Cimacnoticias que con la Ley de Migración y su reglamento ?a punto de ser promulgado? las personas en tránsito quedaron desprotegidas en materia de Derechos Humanos (DH).

La abogada indicó que el INM conservó las mismas facultades que tenía antes de este marco jurídico, ya que en la ley y en su reglamento se priorizó el tema de la seguridad y no los DH de las y los migrantes, por lo que se prevé que los agentes migratorios continúen con los operativos y revisiones que ponen en peligro la integridad de esta población.

Un ejemplo de la violación a los DH de estas personas es que de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que 11 mil 333 migrantes fueron víctimas de secuestro. En la comisión de este delito, víctimas y testigos señalaron la colusión de autoridades, incluidos agentes del INM.

De acuerdo con la Segob, cada año ingresan al país 150 mil migrantes en situación irregular, la mayoría provenientes de Centroamérica. Según organizaciones civiles la cifra asciende a 400 mil al año.

Gretchen Kuhner, cuya organización forma parte del Grupo de Trabajo que entregó observaciones a la Segob para la redacción del reglamento, lamentó que mientras continúan las condiciones de riesgo para las personas en su paso por México, en la legislación «no hay ninguna facilidad para que transiten de forma regular».

Sólo si son víctimas del delito podrán regularizar su estancia en el país, según lo plantea la ley y su reglamento, pero «ahí la dificultad consiste en identificar a las víctimas, y que ellas quieran quedarse en México», observó.

Otra demanda de las asociaciones civiles era la inclusión del acceso a la salud de las personas migrantes, pero este derecho tampoco quedó enunciado con claridad como una obligación en el reglamento, abundó la activista con base en el anteproyecto que compartió la Segob con el Grupo de Trabajo.

La especialista en migración con enfoque de género refirió que establecer los lineamientos para que las migrantes tuvieran acceso a este servicio, sobre todo a los especializados en salud sexual y reproductiva, era fundamental debido a la violencia sexual a la que están expuestas en su cruce por el país.

No obstante su acceso a servicios de salud dependerá de «si la Secretaría de Salud y el INM se coordinan, pero no es obligatorio», lamentó.

En contraste, la también coordinadora del Programa de Mujeres en la Migración del Imumi, refirió que las migrantes que lleguen a México como su país de destino tendrán algunas facilidades para regularizar su estancia, y, de este modo, acceder a derechos como la educación y la salud.

Kuhner dijo que las y los inmigrantes podrán regularizar su situación si cuentan con documentos de identificación, una oferta de trabajo o si entregan al INM un escrito bajo protesta diciendo que trabajarán por cuenta propia como empleadas domésticas, por ejemplo.

En conclusión, la directora del Imumi recalcó que con la Ley de Migración y su reglamento «no hay mayor protección para las mujeres migrantes».

Cabe recordar que la legislación está vigente desde mayo pasado y el reglamento será analizado en breve por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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