Especial - Trabajo del Hogar
   Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres
Modelo ecuatoriano para crear políticas públicas sobre trabajo doméstico
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
CIMAC | México DF.- 16/07/2010

A partir de las encuestas del uso del tiempo en Ecuador, que mostraron que las mujeres dedican entre 18 y 23 horas más al trabajo al hogar, en comparación con los hombres, el Estado labora para reducir esta brecha en 2013, mediante la inclusión de artículos constitucionales y acciones prioritarias como parte del Plan Nacional de Desarrollo de esta nación.

Lo anterior lo informó a Cimacnoticias la estadista ecuatoriana Alba Pérez, del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, institución que colabora en la creación de las políticas públicas acerca del trabajo doméstico no remunerado desde una perspectiva de género.

En entrevista, Alba Pérez narró la construcción del camino trazado por el Estado ecuatoriano, encabezado por Rafael Correa, del partido de izquierda, Alianza País, mediante reformas constitucionales, la creación de artículos en su carta magna, y la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en su Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013.

En 2003, "empezamos una medición del trabajo doméstico, cuidados y trabajo comunitario mediante cuatro preguntas que se integraron a la encuesta permanente de empleo", luego del análisis de los resultados, "vimos que era insuficiente, necesitábamos ampliarla y para ello contamos con la voluntad política, sobre todo del Instituto de Estadísticas del Ecuador", puntualizó.

Al año siguiente se incluyeron nueve preguntas, y para el 2005 se realizó una encuesta independiente sobre el uso del tiempo en mil 200 hogares. Se entrevistaron alrededor de 4 mil personas indígenas, afrodescendientes y mestizas, con el objetivo de medir las disparidades según el origen étnico de la población, señaló la estadista.

Previo a la encuesta de 2005, el personal del Instituto de Estadística desde las personas que levantarían la encuesta hasta quienes ocupan cargos directivos, recibieron capacitación y sensibilización sobre el tema, "nos interesaba que estuvieran conscientes de la información que queríamos levantar y de lo que esta información representaría en el cambio de vida de las ecuatorianas".

La encuesta comenzaba de este modo: ¿Ahora, vamos a preguntarle sobre su otro trabajo?, la reacción "especialmente de las mujeres, fue positiva porque empezaron a ver que las tareas en el hogar se les estaban reconociendo como trabajo".

En 2007, la encuesta sobre uso del tiempo se aplicó a nivel nacional en 21 mil hogares, se entrevistaron a unas 80 mil personas, con cuestionarios de 118 preguntas.

Los resultados del levantamiento arrojaron resultados similares a los de la encuesta de 2005, las mujeres de este país latinoamericano destinan en promedio 18 horas más a las labores domésticas que los hombres.

Para las mujeres indígenas, el tiempo de trabajo no remunerado asciende a 23 horas más que el que dedican los hombres de sus comunidades.

A partir de los datos que arrojó la encuesta de 2005, se creó una base para generar políticas públicas, alianzas estratégicas con el Legislativo, muchos de sus representantes con "conciencia progresista, con perspectiva de género", y "fuimos metiendo el tema de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres".

En ese año, lograron incluir dos artículos constitucionales acerca del tema del cuidado, que se aprobaron a finales de 2008. El primero tiene que ver con el derecho a la seguridad social para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, este proceso será de modo progresivo, pues aún se discute la forma en la que el Estado se allegará recursos suficientes para sostener esta medida.

El siguiente artículo constitucional que se consagró en la Carta Magna ecuatoriana, fue el reconocimiento del trabajo de cuidado humano, autosustento y autoconsumo, como parte de la producción económica en el país.

En este contexto, la prioridad fue establecer una agenda de gobierno, en la que entrara la igualdad social como parte del trabajo no remunerado, en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el marco para que se establezcan las tareas de cada sector.

Los ministerios del Trabajo y de Impulsión Económica y Social, el Legislativo y la vicepresidencia de Ecuador, concretaron ya algunas políticas públicas que tienen la finalidad de disminuir la brecha de trabajo reproductivo.

Muestra de ello, es que en 2009 se realizó una reforma a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en la que se establece que los hombres tienen diez días de licencia de paternidad cuando sus parejas sean madres, mientras que las mujeres tienen 12 semanas de licencia.

"También plantea que en caso de que haya dificultades en el parto, ellos tendrán un permiso de 15 días, y si por alguna razón la madre muere, el padre tiene tres meses de paternidad", añadió Alba Pérez.

Por su parte, en 2010, la vicepresidencia de ese país sudamericano, promovió una política para disminuir las tareas de cuidado de personas con alguna discapacidad, enfermas o adultas mayores.

La acción gubernamental consiste en pagar por el cuidado de esta población a "personas solidarias", las cuales perciben el salario mínimo, equivalente a 3 mil 96 pesos mensuales.

Este programa, actualmente es discutido en busca de mejorar el ingreso de las personas que realizan cuidados de forma remunerada. De igual modo, el Ministerio de Impulsión Económica y Social, busca modificar el programa "madres solidarias" para que tengan un salario digno y seguridad social.

"Madres solidarias" consiste en que las mamás, mientras cuidan a sus hijas o hijos, en estancias infantiles, se hacen cargo de más niñas y niños, por un pago de alrededor de mil 32 pesos mensuales. La estadista informó que ahora se busca que ellas reciban el salario mínimo.

Pese a estos pendientes, el avance ha sido significativo para reducir la sobrecarga de trabajo de las ecuatorianas, ello se debe a la voluntad política de las autoridades de todos los sectores, "éste es un tema clave, pues aún cuando se destinen recursos, sin voluntad de los tomadores de decisiones, es imposible concretar políticas públicas para construir una sociedad equitativa", concluyó Alba Pérez.



10/GCJ/LR/LGL