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Ni perdón ni olvido; justicia para las mujeres

Por Lucía Lagunes Huerta*

La ausencia de los ejecutivos federal, estatal y municipal en el acto público de perdón sobre el feminicidio en Chihuahua y Ciudad Juárez, solo revela una cosa: desprecio por la justicia para las mujeres.

Los actos de perdón tienen en esencia un compromiso político fundamental, reconocer la responsabilidad del Estado ante la violación de Derechos Humanos (DH) y asumir su obligación para hacer justicia y evitar la repetición de los crímenes.

Las madres del feminicidio tienen todo el derecho a exigir la presencia del Presidente de la República y toda su comitiva en un acto público para solicitar el perdón, porque la vida de las mujeres lo vale, porque hay 18 años de impunidad, de complicidad misógina en la investigación de estos crímenes.

Por ello las madres de las mujeres asesinadas en Chihuahua, gritaron una y otra vez, el día de ayer: «Ni perdón, ni olvido, justicia».

La búsqueda de justicia es lo que las ha movilizado durante 18 años, justicia para sus hijas que implica una investigación seria, castigo a los responsables –tanto de los homicidios como de las autoridades que permitieron la impunidad–, y reparación del daño que han sufrido.

Esa búsqueda es la que llevó a las madres de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, a pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intervención.

El acto público de perdón no es un trámite más, ni una palomita en la lista de los pendientes por cumplir en la sentencia internacional de la Corte; no se puede subsanar la ausencia de los principales responsables del Estado mexicano con funcionarias y funcionarios de dependencias que «atienden a las víctimas», o que ven los casos de las mujeres, como se suele decir.

Se trata de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por la violación a los DH consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 8 (Garantías Judiciales); 19 (Derechos del Niño), y 25 (Protección Judicial) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Ahí debieron estar todas las instancias de alto nivel, como lo mandató la Corte para que el mensaje político quedara claro con su compromiso por la justicia para las mujeres; no haberlo hecho vuelve a repetir las actitudes discriminatorias que han caracterizado 18 años de impunidad, como lo señaló la Corte.

Discriminación por no tomar el acto del perdón como de alto nivel, como sí lo están haciendo con otra sentencia, discriminación por culpar a las víctimas de su suerte, por minimizar el problema, por justificar la no intervención a través de estereotipos sexistas, y por carencia de interés y vocación para atender y remediar una problemática social grave, en un claro menosprecio sexista.

Todo esto conjuntó el fallido acto público de la petición de perdón; por ello hoy ni las madres, ni las organizaciones de DH de las mujeres, ni las abogadas y abogados dan por cumplida esta parte de la sentencia, por ello insisten en que lo que vimos ayer es menosprecio y un acto de simulación.

El perdón al Estado mexicano no está dado, la ofensa para las víctimas es aún mayor. Las autoridades tendrán que hacer una nueva relectura de la sentencia y darse cuenta que el acto de perdón con la dignidad que se merecen las mexicanas aún falta; dejar de hacerlo comprueba el menosprecio por la vida de las mujeres y la justicia que se merecen; la deuda sigue estando de su lado.

Twitter @lagunes28

*Directora general de CIMAC.

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