violencia sexual

NACIONAL
LABORAL
   Sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social
Precarización laboral constituye una forma de violencia contra las mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Greta Gómez Rico
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/11/2016

La precarización laboral, que se traduce en sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social, inestabilidad en el empleo, jornadas extenuantes, discriminación y explotación, perpetúa y es antesala de la violencia contra las mujeres.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) señala que más de la tercera parte de las 9.7 millones de mujeres casadas o unidas que trabajan, ha padecido violencia infligida por su esposo o pareja. “Las cifras revelan que la violencia de género se acentúa entre quienes trabajan o buscan incorporarse al mercado laboral”, dice el análisis.
 
En 2010, ONU Mujeres publicó el informe “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”  que afirma que en México las mujeres padecen violencia económica e institucional –como salarios desiguales, menores posibilidades de firmar un contrato y ausencia de seguridad social-, lo que constituyen características estructurales de la violencia feminicida.
 
PRECARIEDAD LABORAL, UNA VIOLENCIA EN SÍ MISMA
 
Al respecto, la etnóloga y educadora popular feminista Norma Cacho, responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDHL un proyecto que convoca y coordina el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC), aseguró en entrevista con Cimacnoticias, que el trabajo precario es en sí mismo una violencia contra las mujeres.
 
Ello porque son las mujeres más marginadas (las que viven en los cinturones de miseria, migrantes, campesinas e indígenas) quienes se ocupan en los escalafones más bajos de los trabajos con nula regulación laboral.
 
“Esto representa una violencia económica estructural porque significa una ausencia de oportunidades de desarrollo laboral que respondan a sus necesidades más básicas y que entre en el esquema de lo que se ha llamado trabajo digno y decente: con seguridad social, estable y que no implique riesgos”, explicó.
 
Cacho, quien también ocupa el puesto de coordinadora del área de Procesos Organizativos del ProDESC, una organización que defiende Derechos Humanos laborales, explicó que por la falta de oportunidades educativas  y el ejercicio de trabajos de cuidado a los que son obligadas las niñas en sus hogares para que los varones salgan estudiar y producir, muchas mujeres tienen acceso únicamente al trabajo del hogar, el trabajo agrícola, la maquila y todo el sector servicios: dependientas de las tiendas, recepcionistas, comerciantes. Sectores bastante precarizados.
 
Sin embargo, desde ProDESC –dijo- hemos detectado que en esos sectores se registran fuertes violaciones a los Derechos Humanos laborales contra ellas "por su condición de mujeres, indígenas, y que viven en contextos de marginación”. Actualmente muchas mujeres siguen teniendo trabajos semiesclavizantes, con ganancias de 50 pesos diarios por 8 horas de trabajo y sin seguridad social, lo que va en perjuicio de ellas y sus familias.
 
Sin un trabajo digno y decente no hay oportunidades de desarrollo, ni de esparcimiento, ni de otros derechos a los que las mujeres deben acceder. Los derechos están muy interrelacionados, observó.
 
Así sucede con las trabajadoras que experimentan acoso sexual y discriminación por embarazo en sus centros de trabajo. Cacho detalló que una mujer que tiene un papel preponderante en el mantenimiento de su familia, que tiene hijos y para quien no es fácil salir de un trabajo para llegar a otro, muchas veces se ve sometida a un círculo de violencia del que no puede escapar porque enfrentaría, además, violencia económica y toda una precarización en su vida.
 
En efecto, el cuaderno de trabajo “Retratos de la violencia contra las mujeres”, que en 2012 publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), muestra que el único grupo de mujeres que presenta un mayor riesgo de ser acosada sexualmente o discriminada por motivos de embarazo es el de las empleadas en fábricas, “con un riesgo 88 por ciento mayor que las empleadas públicas”.
 
Cacho explicó que con el proyecto de la CNDDHL también han registrado que las trabajadoras de estos sectores experimentan fuertes violencias psicológicas y una gran violencia social porque la sociedad subvalora su trabajo, como el trabajo del hogar y el de la maquila.
 
“Son ofendidas por el propio trabajo que realizan. Me tocó escuchar una vez a una mujer que al llegar a su casa su pareja le decía que apestaba a cloro. Ella se la pasaba todo el día lavando tazas de baño con cloro, y era la encargada de llevar el sustento a su familia. Hay una gama de violencias”, relató.
 
La también activista dijo que cuando las trabajadoras pasan de la condición de víctimas y trascienden a defensoras de DH laborales enfrentan otras formas de violencias.
 
Y señaló que hasta ahora, las políticas públicas que ha emprendido el gobierno para enfrentar la violencia laboral y la violencia contras las mujeres en general, tienden a homogenizar a las mujeres en una misma categoría, sin reflexionar sobre la división genérica, racial y de clase del trabajo que realizan.     
 
No obstante, transformar las estructuras sociales, culturales y económicas que sostienen esta precarización va a llevar mucho tiempo y tiene que empezar porque el Estado reconozca el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto del país, y con escuchar a las mismas trabajadoras, “quienes diariamente resisten, recrean sus propios saberes y salen avante”.
 
LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS DEFENSORAS
 
Algunos testimonios que recopiló Cimacnoticias le dan la razón a Cacho. Por ejemplo, Justina Hermillo, integrante de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, A.C. en Guerrero -quien participa en la CNDDHL-, explicó en entrevista que no tienen vacaciones, aguinaldo, seguro social ni atención médica. “Todo eso es lo que nos preocupa porque como trabajadoras del hogar estamos desamparadas totalmente”, explicó.

Esta situación la llevó a reunirse con sus compañeras en un lugar público en Guerrero y visitar a más mujeres que trabajaban en casas, para informarles sobre sus derechos.

Lo mismo pasa en el sector de la maquila, donde Magdalena Izquierdo, integrante del Colectivo Rosas y Espinas, Derechos de las Mujeres, A.C. en Coahuila, (también integrante de la CNDHL), dijo que sus compañeros hombres tienden a relegarlas cuando ellas exigen el cumplimiento de sus derechos.

Además, los hombres conforman sindicatos y las amenazan con propiciar su despido bajo el argumento de que no son jefas de familia y no tienen que llevar un sueldo a casa.

Otro de los retos, dijo, es empoderar a las jefas de familia, quienes tienen que buscar quién cuide a sus hijas e hijos. “Es una situación complicada y es un reto para nosotras como organización que las mujeres tengan un grado de conciencia en cuanto a los derechos que tienen como personas, después como trabajadoras y luego como ciudadanas”.

16/AJSE/GGR/LGL








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Lydia Cacho Plan b*
¿Prostituidores o empresarios?
Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la capital mexicana | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/10/2016

Prostitución o “trabajo sexual”, forma de explotación o independencia laboral. La discusión sobre la posible legalización del comercio sexual que se da en este momento en la Constituyente de la Ciudad de México ha despertado, nuevamente, discusiones infructuosas y debates indispensables, a la vez que insultos, descalificaciones y una poderosa marea de cabildeo al interior del gobierno de Miguel Ángel Mancera a fin de que se considere la legalización del comercio sexual de seres humanos como un trabajo regulado.
 
Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la capital mexicana, defendió recientemente la legalización de la prostitución para reconocerla constitucionalmente como “trabajo sexual”. Esto significa que las personas en el comercio sexual deben estar registradas y bajo supervisión gubernamental, pagar impuestos, recibir seguridad social, etcétera. Este debate atrajo ya la atención de legisladores de otros estados de la República que esperan resultados para plantear en sus propios congresos la legalización.
 
Debo decir que durante 5 años viajé por el mundo entrevistando a cientos de mujeres, niñas, jóvenes, heterosexuales, gays, queer, transexuales, involucradas en el comercio sexual, en la trata de personas, bajo las garras de la delincuencia organizada, regenteadas, administradas por novios, padres, hermanos y o empresariado de bares, agencias de “edecanes” y burdeles especializados en proveer de sexo de pago a las élites. El resultado de esa larga investigación es mi libro “Esclavas del Poder”.
 
Gracias a esas cientos de  entrevistas de largo aliento logré comprender las diversas formas en que personas de todo el mundo normalizan y naturalizan casi todas las violencias, incluidas la estructural que causa la feminización de la pobreza; ellas asimilan la discriminación como un hecho irremediable. Algunas famosas actrices porno, que me dieron entrevistas e incluso escribieron sus biografías, me contaron historias desgarradoras sobre cómo construyeron su narrativa erótica, plagada de discriminación, abusos, explotación, enfermedades.
 
En 2016 el Parlamento europeo determinó que la prostitución, como forma de consumo sexual de mujeres por un precio, constituye una práctica de desigualdad. Richard Poulin profesor emérito del departamento de sociología  y antropología de la Universidad de Ottawa, autor del libro “Sexo, capitalismo y crítica del valor”, estudió científicamente a los países que han legalizado o regulado el comercio sexual. Además investigó a los hombres, que son 95 por ciento de consumidores de sexo comercial del mundo.
 
Algunos resultados de sus investigaciones son útiles para el debate:

“La prostitución no es un acto individual, no es una elección ni una relación de compra-venta en igualdad. Los hombres compran sexo para sentirse superiores y esto no afecta sólo a las prostituidas, sino a todas las mujeres”, (yo añadiría que lo mismo sucede en el sexo comercial con transexuales, la virulencia de los ataques y el creciente asesinato por parte de clientes no es casualidad).
 
Poulin asegura que la sociedad responsabiliza a las mujeres por estar en el mercado sexual, los hombres, en cambio, son denominados clientes o empresarios cuando en realidad son prostituidores. Sus investigaciones han probado que la legalización del comercio sexual incrementa la desigualdad y favorece tres veces más a los dueños de los burdeles en que se puede ejercer legalmente, muchos de ellos pertenecientes a la delincuencia organizada. El experto propone que se analice la industria del sexo como un todo: la trata, el turismo sexual y la industria pornográfica como un corpus cultural y comercial que banaliza las relaciones mercantiles de los cuerpos de las mujeres y profundiza la normalización de la discriminación.
 
La trampa, según él, consiste en argumentar que se defenderán los Derechos Humanos de las “trabajadoras sexuales”, pero si los derechos de las otras mujeres están en constante y creciente riesgo, la dinámica no cambiará por decreto legal. Habrá que imaginar a la Ciudad de México con sus ventanas iluminadas que exhiban mujeres en venta, a los turistas sexuales fascinados con sus paseos.
 
La ideología neoliberal imperante, según el profesor, es que cada cuál es responsable de su suerte, el fracaso económico es un problema individual, se exime al Estado y al sistema de toda responsabilidad en el reforzamiento de las desigualdades y violencias. Lo que se ha demostrado es que con la legalización hay una expansión del comercio sexual y se multiplica el número de prostituidores extranjeros que verán a las mexicanas como mujeres fáciles de comprar gracias a un decreto constitucional. 
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Bogotá y Ciudad de México donde más ocurren
6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público
Foto: Guadalupe Cabañas
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/10/2016

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) se pronunció y adhirió a la campaña “Ni Una Menos”, y reconoció la importancia del derecho de las niñas y mujeres a tener una vida libre de violencia para lograr su autonomía, igualdad y desarrollo, así como la responsabilidad de generar un ambiente seguro y el acceso a la justicia. 
 
El panel sobre “El derecho a vivir una vida libre de violencia” tuvo la participación de Yassmín Barrios, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala quien dio seguimiento al caso de las 11 mujeres mayas q'eqchie's de Sepur Zarco en Guatemala, población en la que el Ejército Guatemalteco ejerció violencia sexual durante 40 años, como una estrategia de exterminio para los habitantes, entre 1962 a 1983.
 
La jueza explicó que este caso paradigmático cerró el 26 de febrero del 2016 con una sentencia de 30 años de prisión en contra del general Esteelmer Francisco Reyes Girón y otros elementos del Ejército de Guatemala.
 
“El cuerpo de la mujer representa el cuerpo del Estado, si se les ataca, se les humilla, se les vulnera, se vulnera también a todo ser humano y a toda la humanidad” dijo Yassmín Barrios, después señaló que con la experiencia que le dejó este caso que involucra delitos de esclavitud sexual, desapariciones, asesinatos y tortura, recomienda a todos los países asegurar el acceso a la justicia de las mujeres.
 
En su participación, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres Argentina, Fabiana Tuñez, habló del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 y dijo que los registros de feminicidio en ese país indican que una mujer es asesinada por violencia de género cada 33 horas.
 
Cabe mencionar que en Argentina surgió el movimiento feminista que llamó a las mujeres a realizar un paro de labores y una manifestación en espacios públicos para exigir que se atiendan los casos de feminicidio como una emergencia nacional el pasado 19 de octubre, bajo el lema “Ni Una Menos”.
 
El informe de la Cepal 2014, ubica al país de Argentina en el cuarto lugar de una lista de 15 países de Latinoamérica y El Caribe, con más asesinatos cometidos contra mujeres, después de Honduras, Brasil y México.
 
Sobre los programas de Ciudades Seguras, implementados por la Organización de las Naciones Unidas, la integrante de la Red Mujer de Argentina, Ana Falú, habló en nombre de la sociedad civil y señaló que las mujeres deben tener autonomía de sus cuerpos pero también “ciudades seguras” en donde sean libres de acoso callejero y se les brinde seguridad en todos los ámbitos (social, político, comunitario y familiar).
 
El documento “Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible” de la Cepal indica que las niñas y mujeres son las principales víctimas de violencia en los espacios públicos, como ejemplo cita que en las ciudades de Bogotá y la Ciudad de México, 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público.
 
Las representantes de la sociedad civil de Uruguay, Nicaragua y Guatemala se hicieron presentes en este panel y pidieron que se incluya la despenalización del aborto como una de las recomendaciones para reducir la violencia y persecución hacia las mujeres.
 
16/GVV/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Protocolos no se aplican, denuncia activista
Ineficaces medidas de protección para víctimas de violencia en Ecatepec
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2016

Las medidas de atención y protección de víctimas de violencia de género son ineficaces para las mujeres y niñas que viven en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, denunció la activista y sobreviviente de feminicidio, Carmen Zamora Villedas.
 
Estas medidas están mandatadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas así como en el protocolo Actuación Policial con Perspectiva de Género para Casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de México, publicado el 22 de abril de este año.
 
Son acciones de apoyo de parte de la policía municipal y estatal, para trasladar a las mujeres y niñas a servicios de urgencia médica o atención psicológica, orientación sobre sus derechos, traslado a la Agencia Especializada del Ministerio Público en Violencia Familiar, Sexual y de Género del Ministerio Público, para que puedan interponer su denuncia.
 
Las medidas deben ser emitidas por el Ministerio Público a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal y consisten en hacer rondines en los domicilios de las víctimas. También contemplan la desocupación de la persona agresora del domicilio de la víctima y acompañamiento al “reingreso” a sus hogares.
 
Sin embargo, en la experiencia de la activista Carmen Zamora Villedas, en 11 casos de mujeres y niñas que interpusieron sus denuncias en este año (a los que le da seguimiento legal a través de su fundación) el protocolo no se ha aplicado.
 
En entrevista con Cimacnoticias, explicó que los policías municipales desconocen sus obligaciones y funciones con las víctimas de violencia de género y no aplican las medidas de atención y continúa la revictimización de las mujeres y niñas que denuncian violencia sexual, de parte de médicos legistas en las agencias del Ministerio Público.
 
Otro de los obstáculos que enfrentan las víctimas es la reclasificación del delito de violación, como abuso sexual, y ejemplificó el caso de tres menores de edad que pese a haber declarado los actos de violencia sexual a los que fueron sometidas, los jueces omitieron sus testimonios.

Cimacnoticias llamó a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Tránsito del gobierno del Estado de México para conocer cuántas medidas de protección a víctimas de violencia de género se han emitido este año y a qué municipios corresponden, pero la asistente particular del Comisario Jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez, dijo que esa era información clasificada a la cual se puede tener acceso a través de un trámite burocrático.
 
La Fundación Carmen Zamora, le da seguimiento legal a 13 casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, que corresponden a denuncias interpuestas durante el período comprendido del 2014 al 2016.
 
De esos casos 5 son denuncias de violación, 3 de violencia feminicida (violencia sistemática en cualquiera de sus tipos a través de los años), 3 de violencia familiar, uno de feminicidio y otro por trata de personas y pornografía infantil.
 
Cabe recordar que la Alerta de Violencia de Género (AVG) fue decretada el 31 de julio del 2015 para 11 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec.
 
16/GVV/LGL








NACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Presentan Estado de la Población Mundial 2016
Una de cada tres niñas es casada antes de cumplir 18 años: UNFPA
Presentación del informe sobre el "estado de la Población Mundial 2016" | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2016

Asegurar el acceso a la educación, postergar el matrimonio y maternidad en las niñas y adolescentes, así como generar un trabajo digno para adultos, son las recomendaciones hechas a nivel global por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su informe sobre el Estado de la Población Mundial 2016, para reducir la desigualdad que viven las niñas por motivos de género.
 
El UNFPA presentó su informe sobre el “Estado de la Población Mundial 2016” en el Museo Memoria y Tolerancia, con el mensaje “Invertir en Niñas y Adolescentes como Objetivos Claves de Desarrollo”, ya que la vida de las niñas cambia cuando cumplen 10 años de edad como consecuencia de las desigualdades de género y los tipos de violencias que enfrentan.
 
El director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Esteban Caballero, mencionó que una de las recomendaciones principales en el mundo es asegurar la escolarización de niñas y adolescentes toda vez que 62 millones de ellas no asiste a la escuela. Entre los motivos por los cuales dejan de ir son la inseguridad en sus comunidades, pero también la maternidad y el matrimonio infantil a temprana edad, y la situación de pobreza.
 
Por ello la segunda recomendación es generar empleo digno para adultos, para que así se reduzcan los índices de falta de escolaridad en las niñas y adolescentes por motivos económicos. Y la tercera es postergar el matrimonio y maternidad para asegurar sus proyectos de vida.
 
El informe “Estado de la Población Mundial 2016”, indica que 47 mil 700 niñas de todo el mundo contraen matrimonio antes de los 18 años de edad y que una de cada 3 niñas de los países en desarrollo (entre ellos los de América Latina) contraen matrimonio antes de cumplir 18 años.
 
El documento señala que los registros de violencia sexual en mujeres se da por primera vez durante la adolescencia y está relacionado las uniones o matrimonios a temprana edad. En el análisis de los datos se vincula la violencia por motivos de género en todas sus modalidades (sexual, física y psicológica) con uniones o matrimonios infantiles y embarazos a temprana edad, lo cual tiene repercusiones en la salud y proyecto de vida de las niñas y adolescentes, pues en su mayoría son forzadas a unirse con adultos que les doblan la edad y eso las coloca en estado de vulnerabilidad ante la violencia ejercida por sus parejas, o bien al riesgo de fallecer por muerte materna.
 
MÉXICO
 
El Oficial Nacional de Programas del UNFPA, Javier Domínguez del Olmo, dijo que la violación en menores de 15 años de edad es un fenómeno no documentado en estadísticas, y a falta de presupuestos el tema, queda en manos de instituciones encargadas de hacer censos a nivel nacional.
 
También advirtió que la violencia sexual de niñas y adolescentes se refleja en los índices de embarazos en la adolescencia y matrimonios infantiles, de manera que los retos y recomendaciones para los tres niveles de gobierno en México, de acuerdo al UNFPA, son: la homologación de leyes en derechos de la infancia, educación sexual y servicios de salud reproductiva de calidad, brindar aborto seguro, la aplicación de los protocolos para investigar y sancionar la violencia sexual y combatir la trata de personas.
 
Según los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) expuestos por su secretaria general, Patricia Chemor Ruiz, del año 2000 al 2004, 8 mil niñas de 10 a 14 años de edad fueron madres; de ellas 14.48 por ciento estaban unidas o casadas con adultos que les llevaban hasta 10 años de diferencia. La mayoría tuvieron que postergar sus proyectos de vida para dedicarse a labores del hogar.
 
Aproximadamente 4.4 por ciento de las niñas de 10 años no asiste a la escuela y 37.3 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años de edad, se ven obligadas a abandonar su educación.
 
16/GVV/LGL 








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La violencia contra mujeres, emergencia en el país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 04/10/2016

Sin que nos diéramos cuenta y aún contra todo pronóstico, la realidad de violencia contra la población en México no sólo se feminizó, sino que las cifras de feminicidio, violencia sexual, trata, acoso público y falta de debida diligencia en la denuncia de violencia familiar fueron a la alza. Tan sólo este fin de semana en algunas entidades del país se registraron 3 o 4 casos de feminicidio en menos de  48 horas.
 
En 2012 el Comité de Expertas de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) recomendó al Estado mexicano tomar medidas para evitar que la violencia derivada de la estrategia contra el narcotráfico se tradujera en un incremento en el número de violaciones, casos de feminicidio, desapariciones y escasa atención a las denuncias de violencia familiar contra las mujeres y niñas, pues se veía una tendencia a la alza.
 
Este año, el gobierno mexicano debió presentar su noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones hechas por este grupo de expertas en 2012, pero de nueva cuenta se retrasó.
 
No obstante la realidad y el recrudecimiento de la violencia contra las niñas, mujeres e identidades femeninas (transexuales, trasvestis, transgénero) coloca en un escenario difícil lo que se informe, y contraste o no, con la realidad.
 
Hay responsabilidades específicas del Estado mexicano, eso ni  dudarlo, y mucha de la responsabilidad que surge a la luz de los registros y denuncias de casos de feminicidio por todo el país es el esfuerzo de “ocultarlos” bajo la clasificación del delito de “homicidio”, pero también hay un problema social de impunidad.
 
Ocultar el dato
 
Cambiar de nombre un feminicidio por "homicidio" en la calificación del delito, no borra el hecho y esto aplica igual con las tentativas de feminicidio clasificadas como “lesiones” u otras retóricas discursivas que operan a favor de la invisibilización de la violencia contra las mujeres pero que no cambian la realidad.
 
Como tampoco lo hace el arma utilizada o el origen indígena, urbano, rural o extranjero de la víctima; tampoco la geografía: no son casos de feminicidio los de Yucatán y el Estado de México, pero no los de Campeche o Baja California por ser “estados vecinos” o más o menos seguros. Lo que subyace detrás de esa retórica es el uso político del feminicidio que no borra los hechos de violencia contra las mujeres.
 
En todos los casos está la misma causa: misoginia y desprecio por la vida de las mujeres.
 
El propósito del tipo penal es retomar lo que plantea la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) para que toda la sociedad visibilice la violencia contra las mujeres por razones de género y se tenga claro que "es una ofensa a la dignidad humana".
 
El de la mujer asesinada por el marido quien luego se suicidó, o la fotógrafa extranjera en Yucatán, el de la joven madre y esposa atropellada en Quintana Roo, las estudiantes asesinadas en Puebla y Edomex, todos esos casos son feminicidio por el desprecio que muestran hacia la vida de las mujeres.
 
No hay casos de feminicidio graves ni menos graves, no es el número de mujeres asesinadas, es la causa.
 
Pretender borrarlas como "homicidios", no sólo habla de la incapacidad en la investigación judicial, sino que confirma lo que sostiene la Relatoría de la CIDH sobre el acceso a la justicia para las mujeres la cual plantea que las instituciones, operadores y actores políticos "son un obstáculo para la aplicación de la legislación e impiden con ello la sanción de quienes violentan a las mujeres". Esto nos lleva a mirar una grave omisión del Estado Mexicano.
 
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio aporta un dato relevante: en 2014, de mil 42 mujeres que fueron asesinadas brutalmente, solamente 353 casos fueron investigados como feminicidio. Siete mil 185 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría entre 15 y 20 años de edad, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres; 26 por ciento de ellas son menores de edad.
 
Podemos seguir omitiendo las cifras, enmascarando las violencias, permitir que sigan saliendo notas en las que se dé cuenta que la reparación del daño a una niña víctima de violencia sexual sea un par de cartones de cerveza en una comunidad de Oaxaca, como lo reportó un medio, podemos seguir en retóricas discursivas o asumir que hay una grave emergencia nacional de violencia contra las mujeres y niñas.
 
Hay también un uso de la violencia institucional como medida para mantener la desigualdad, es la discriminación sistémica apoyada y que apoya a un sistema social que castiga a las mujeres.
 
Y por supuesto la hoguera social de las redes sociales, el llamado a “matarlas” cuando transgreden, que nos explica por qué México es un Estado feminicida, y eso es porque su sociedad también lo es.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La tortura sexual en la CoIDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 27/09/2016

La tortura en México es sistemática y generalizada, reportó el informe del relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Tortura (ONU), Juan E. Méndez, y la semana pasada la Comisión Interamericana envío a la Corte Interamericana el caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por policías en Atenco, el Estado de México, como una forma de opresión y castigo a la transgresión.
 
Después de varios años de espera, el caso es enviado a la Corte, en medio de una crisis política y económica que agudiza la falta de confianza en el gobierno, y la caída libre de la imagen de Enrique Peña Nieto, quien ha perdido la poca confianza que tenía entre la gente, incluso de quienes votaron por él.
 
En el peor momento que atraviesa el que fuera gobernador del Estado de México, y en un contexto de violencia generalizada, la llegada del caso a la CoIDH abre la oportunidad y posibilidad de que el Estado Mexicano reciba una nueva sentencia por graves violaciones a los derechos de su población, y este caso merece especial atención porque representa uno de los más claros ejemplos de la violencia sexual que se ejerció como tortura.
 
El tema de la tortura sexual ocupa un lugar preponderante en la opinión pública internacional, pero también en la de especialistas, profesionales y personas expertas en acceso a la justicia para las mujeres y hombres, por ser una de las formas de violencia más vergonzosa contra las mujeres. Una ofensa a la dignidad humana.
 
La gravedad de la tortura sexual radica en que es la manifiesta forma del Estado de encarnar al sistema patriarcal que castiga la transgresión; institucionaliza la desigualdad de género y es por sí misma una forma de violencia sobre el cuerpo de las mujeres como una extensión del territorio de la comunidad violentada y de vulnerar el honor de los hombres de la comunidad a la que pertenecen.
 
Todos estos elementos están presentes en el acto de tortura ejercido contra las mujeres en la ex Yugoslavia, así como en varios países de África y en algunas otras regiones del mundo. Son las mismas características y las mismas causas latentes en la tortura sexual ejercida por los policías en Atenco y/o por los militares que atacaron a mujeres indígenas.
 
La tortura sexual es la forma más violenta de ejercer el castigo a las mujeres que se ubican en la “periferia” y abandonan la centralidad del discurso hegemónico que sólo ofrece protección a las que se ajustan al deber ser, a las que permanecen en los espacios privados y a las que acatan las normas y estructuras de género.
 
La tortura sexual no puede entenderse en todo su alcance y dimensión si no se incorporan los criterios y conceptos de transgresión y los discursos de feminidad centralizada, sólo así es posible entender que se ejerza contra mujeres que han roto el deber ser y que su intervención en el espacio público justifique-desde la lógica de los agresores- que estos hechos propiciaron su exposición a situaciones de riesgo.
 
En los territorios en guerra, la violencia sexual contra las mujeres constituye una forma de oprimir a la comunidad entera, a los hombres y al resto de las mujeres a las que se envía un mensaje aleccionador y de efectos “terroristas”. El mecanismo es idéntico, es sembrar el terror en las sobrevivientes.
 
La tortura tiene el objetivo de quebrar a la persona, quebrar una parte de sí misma para que nunca pueda mirarse en el espejo como lo era antes del evento de violencia. Eso nos lleva a reflexionar que una persona no podrá repararse a sí misma y encontrarse de nuevo completa, en cambio tendrá que aprender a vivir fragmentada.
 
Entender esto nos permite comprender que el delito alcanza una gravedad que involucra lo inhumano, supone la intención de despojar de la humanidad a las personas, y en la tortura sexual esa violencia se extiende a ese ámbito de la vida de las mujeres: quebrarlas y despojarlas de la condición de persona, vulnerarlas en lo más profundo.
 
Al final, de eso se trata toda la violencia contra las mujeres.
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Negligente, policía de SLP para investigar el caso
Confiesa 5 casos de feminicidio y lo absuelven de uno por “falta de pruebas”
CIMACFoto: Marlene Martínez
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/09/2016

Adriana Martínez Campuzano era su nombre, tenía 13 años de edad. El 24 de mayo del 2011, su madre, Sandra Campuzano Nava, la reportó como desaparecida. Un mes después encontraron su cuerpo, pero fue hasta el 2014, que Filiberto Hernández Martínez confesó que la golpeó y asesinó, aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura y “por falta de pruebas”.
 
La familia Martínez Campuzano vivía en Aguascalientes, pero cuando Sandra Campuzano y su esposo Marco Antonio Martínez decidieron separarse, éste se fue a vivir a Tamuín, su ciudad natal. 
 
Tamuín es un municipio del estado de San Luis Potosí; ahí, Marco Antonio Martínez recibió a sus tres hijas y dos hijos durante las vacaciones de 2011, y como a ellos les gustó la Huasteca Potosina- lugar turístico donde los llevó a pasear su papá- decidieron pedirle a su mamá, Sandra Campuzano, mudarse a Tamuín.
 
La madre de Adriana hizo un acuerdo con su esposo, porque a pesar de estar separados, no quería que sus hijas e hijos dejaran de verlo.
 
Una vez instalados en Tamuín, Adriana, la segunda hija de la pareja conformada por Sandra y Marco Antonio, no tuvo problemas para adaptarse porque tenía buen promedio por su desempeño académico y no tardaron en proponerla como candidata a reina para la festividad del Día del Estudiante.
 
Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y para poder ganar su candidatura tenía que realizar “boteo” (colecta de dinero con cooperación voluntaria) para recaudar fondos para la festividad, dijo Sandra Campuzano en entrevista con Cimacnoticias.
 
Durante esas actividades que realizaba con sus compañeras y compañeros de clases- recuerda su mamá-conoció a Filiberto Hernández Martínez, un ex militar, que además impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio.
 
INICIA EL ACOSO
 
Sandra Campuzano contó que durante la colecta que su hija realizó con sus compañeras, Adriana fue acosada en varias ocasiones por Filiberto Hernández, situación que ella desconocía hasta que una amiga de su hija se lo contó.
 
Sólo notaba que Adriana se comportaba diferente, empezó a aislarse y su desempeño escolar bajó, lo que fue notorio para las y los docentes pues ella era una destacada alumna, por lo que una de las profesoras se entrevistó con Sandra para conocer qué pasaba.
 
Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió “nada mamá, te prometo que esto va a pasar”, recuerda.
 
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. El trayecto -que se realiza a pie- de casa de Sandra a la escuela a la que asistía Adriana, dura 10 minutos. Antes de llegar a la escuela, Adriana acostumbraba a pasar por su compañera Berenice, pero ese día no llegó.
 
A las 13:45 horas, la madre de Adriana vio con preocupación que su hija no llegaba para comer, por lo que fue a la escuela donde le dijeron que la niña no había asistido a clases. Después fue con Berenice para preguntarle si sabía de ella y ahí supo que esa mañana-como acostumbraba- Adriana no pasó para ir juntas a la escuela.
 
Enseguida se dirigió a la policía municipal para reportar la desaparición de su hija pero ahí solamente recibió burlas, le dijeron que no se preocupara, que seguramente “se había ido con el novio”, cuando Adriana ni siquiera había tenido uno.
 
Como los policías municipales no respondieron a la solicitud de buscar a su hija, se fue al Ministerio Público; ahí le dijeron que tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, pero tampoco se salvó de los mismos comentarios que recibió de la policía municipal.
 
Como la mayoría de las madres que se enfrentan a la misma situación, Sandra comenzó a investigar por cuenta propia; preguntó a las amigas y compañeras de clase para saber si alguien tenía información que le pudiera servir. Una de ellas le dijo que cuando hicieron el boteo Filiberto Hernández Martínez acosó a Adriana y que así siguió los días siguientes, que la seguía en su camioneta y la invitaba a subirse al automóvil.
 
Cuando la madre obtuvo la información del hostigamiento que vivía su hija por parte de Hernández Martínez, pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero a quienes investigaron fue a su esposo Marco Antonio Martínez y a ella.
 
El 11 de junio del 2011, un grupo de policías ministeriales acudió al domicilio de Sandra Campuzano para pedirle objetos o cabello de su hija, pues habían encontrado un cuerpo y querían contrastar el ADN.
 
Sandra se negó a darles lo que pedían, no quería que se tratara de su hija, pero tuvo que acudir a reconocer el cuerpo. Cuando lo vio, era evidente que se trataba de Adriana. La encontraron en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.
 
En la autopsia que le realizaron, detectaron que tenía un golpe en la cabeza y que murió por asfixia. Sandra Campuzano continuó realizando investigaciones porque la policía no detenía, ni tomaba declaraciones de Filiberto Hernández Martínez, pero sí acosaron e intimidaron a los compañeros de clases de Adriana.
 
“El pueblo entero mantenía silencio, tenían miedo porque acosaban y torturaban a los compañeritos de Adriana, las madres y padres de los alumnos se sentían intimidados por la forma de actuar de los policías ministeriales”, recordó Sandra.
 
Fue hasta el año 2014 cuando detuvieron a Filiberto Hernández Martínez quien confesó que golpeó a Adriana para subirla a su camioneta, después la violó y la estranguló.
 
Sandra Campuzano interpuso una denuncia en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (Cavid) de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del ex militar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
No obstante, la madre de Adriana -quien además de investigar por cuenta propia buscó asesoría legal- reiteró a Cimacnoticias, que la autopsia que le realizaron a su hija comprueba que la niña tenía un golpe en la cabeza, así como otras señales de violencia, por lo que solicitará que realicen el Protocolo de Estambul al asesino confeso de su hija para comprobar o “descartar” la supuesta tortura a la que dice, fue sometido.
 
16/GVV/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las invisibles entre invisibles
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 20/09/2016

En medio de la invisibilidad socialmente construida hacia las mujeres, hay quienes son más invisibles dentro del imaginario colectivo, así como su sexualidad y sus derechos sexuales. Ellas son las mujeres con discapacidad, las que se encuentran privadas de su libertad, las enfermas mentales y las que viven en situación de calle, entre otras.
 
No hay políticas públicas y por supuesto son pocas o escasas las acciones que desde las instituciones se diseñan pensando en sus contextos y condiciones. En vez de eso tenemos posturas basadas en el exterminio poblacional, una suerte de discurso eugenésico que pretende hacerse sutil al proponer la esterilización de “ellas”, que sólo así son vistas.
 
La sexualidad de las mujeres ha sido explotada como un sistema de control y opresión, como una cuota a cubrir para hacerse visibles; pero es selectiva, está dirigida a las mujeres cuyos cuerpos son consumibles por el mercado patriarcal que determina quiénes son consumibles, cosa de exhibición. En una centralidad de las hegemonías del deber ser en la feminidad y el cuerpo de las mujeres.
 
Las demás salen a la periferia, ese ámbito disperso en el que el Estado patriarcal ya no compromete protección a cambio de ser “consumible”, y ahí están las mujeres consumidoras de drogas, las mujeres privadas de su libertad, las enfermas mentales, las mujeres con discapacidad y las que viven en situación de calle.
 
Y quizá habría que sumar a las más pobres entre las pobres: las mujeres indígenas que al no ser vistas como personas, son abandonadas a su suerte y sólo se concibe una política de exterminio institucionalizada a través de las esterilizaciones forzadas y/o el parto en la acera pública, en la exposición y la violencia.
 
No hay estrategias de acceso a métodos anticonceptivos o distribución de éstos entre poblaciones de mujeres que viven estos contextos de vulnerabilidad e intersecciones de discriminación; aunque en general hay un difícil acercamiento entre las adolescentes y mujeres jóvenes a los métodos anticonceptivos que esté pensada con un enfoque de Derechos Humanos y de género.
 
Esto ofrece un reto para las activistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quienes afrontan la falta de recursos etiquetados no solamente para la promoción sino para la defensa en caso de violaciones a éstos.
 
Los medios de comunicación han empezado a difundir cuando una mujer indígena es abandonada y obligada a parir en la puerta del hospital, se ha puesto atención en la esterilización forzada que se realizaba en algunas clínicas rurales contra grupos étnicos, y quizá se ha pensado en la difusión de los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad auditiva, pero poco hay para mujeres con otras discapacidades.
 
Pensar en la sexualidad no consumible por el patriarcado está casi fuera del ámbito de reflexión y pensamiento, y en consecuencia, de las políticas públicas; es algo de lo que se elige no hablar.
 
Se prefiere no pensar en la sexualidad que no es “bonita”, en los cuerpos que no son consumibles por el sistema patriarcal y que no ofrecen ningún interés en su erotización y reproducción; pero ocurre en el discurso periférico de la violencia, ahí donde se cometen violaciones contra mujeres discapacitadas, enfermas mentales o en condición vegetativa, en contra de mujeres que consumen alguna droga o de las que viven en situación de calle.
 
Esta violencia sexual poco denunciada pero ligada a la percepción del cuerpo de las mujeres como una extensión de los territorios, está latente y demanda ser visibilizada.
 
De la misma forma, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres que viven en situación de cárcel y que están dando a luz a niñas y niños que permanecen con ellas hasta los 3 años de edad porque son separados como parte de las políticas institucionales, sin que se revise o considere las condiciones de la violencia de género que contribuyeron a la criminalización y encarcelamiento.
 
Construir una acción de intervención desde la sociedad civil organizada, asociaciones defensoras de mujeres, iniciativas y colectivos feministas, puede contribuir a atender, pero el Estado debe asumir también la parte que le toca y empezar a hacer visibles a las invisibles, y junto a ellas, a sus hijos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL








OPINIÓN
Aborto
   DESENREDO
Debate necesario
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 13/09/2016

Urge el intercambio de ideas ecuánime, en lugar de repetir esquemas de la Inquisición.
 
La problemática social que existe en Guatemala a raíz del elevado número de embarazos no deseados que ocurre, plantea la necesidad de reflexionar acerca del aborto. Piensen por un lado en el hombre que fue condenado recientemente en Quiché por abusar sexualmente de sus dos nietas (una de 14 y otra de 10, la primera tuvo un hijo), sin duda que él merece una sentencia, pero y ellas… cómo será posible que tengan una reparación digna.
 
Por otro, nadie puede negar que en este país las interrupciones de embarazos se realizan todos los días, mujeres de todos los estratos sociales recurren a esta respuesta; obviamente quienes son pobres enfrentan los mayores peligros.
 
Según el Ministerio de Salud y Seguridad Social de Guatemala, en 2015 registró 4 mil 431 embarazos en mujeres de 10 a 14 años de edad, los que de acuerdo al ordenamiento legal de este país fueron producto de violaciones sexuales.
 
Después de ver un programa televisivo que condena el aborto, imposible dejar de señalar que si bien cualquier medio puede sumarse a esa posición porque ello está respaldado por la libertad de expresión, es anti-ético recurrir a la mentira como argumento o a los recursos amarillistas para ganar adeptos. Si pretenden desalentar a quienes recurren al aborto mediante ese tipo de mensajes, lo que hacen es replicar las prácticas de aquellos retrógradas que condenaron a la hoguera a personas que pensaban diferente.
 
Hay que utilizar los medios para dar a conocer diferentes opiniones para que el público usuario tenga elementos para tomar sus propias decisiones. En nada contribuye al libre intercambio de ideas cuando se asegura de manera tajante que quienes interrumpen el embarazo irremediablemente tendrán secuelas nefastas o ignorar que esa práctica es legal en otros países, donde se efectúa de manera segura ya que los Estados proporcionan los servicios de salud necesarios.
Con la idea de contribuir al debate, vale conocer lo dicho por la antropóloga mexicana, Marta Lamas, quien explica que el aborto es una respuesta universal ante un embarazo no deseado, y distingue tres causas: a)  fallas de los métodos anticonceptivos; b) las que tienen que ver con carencias sociales; c) las que se relacionan con la condición humana: irresponsabilidad, “descuidos” y violaciones sexuales.
 
Asegura que si una mujer aborta no afecta los derechos de nadie, “los derechos de una mujer nacida no son equiparables con los derechos de un embrión (y esto no quiere decir que los embriones no deban ser protegidos cuando las mujeres quieran llevar a término un embarazo, sino eso: que no son equiparables).”
 
Al hablar del tema es evidente que aumenta la masa crítica que defiende la libertad y la importancia de los derechos, ya que quienes consideran válido el aborto NO pretenden que sea una obligación para nadie, por ello reclaman que quienes están en contra, tampoco quieran imponer sus creencias. El aborto es un tema polémico que requiere reflexiones colectivas con ecuanimidad y respeto, igual hay otras problemáticas como la anticoncepción, la violencia obstétrica, la mortalidad materna. Se bienvenido el Foro Parlamentario de Mujeres, presidido por la diputada feminista Sandra Morán, quien seguramente promoverá el debate entre mujeres que piensan diferente sobre los aspectos mencionados.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/LGL
 








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