violencia sexual

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Caso Daphne no es excepción, sino regla
Cada 40 minutos, una denuncia por violación en México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/05/2017

Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de víctimas no hay justicia.
 
No son todos los casos, porque la mayoría de las víctimas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia. Así lo diagnosticó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016.  
 
Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) registró 39 mil 663 casos de violación. El Estado de México se colocó como la entidad con el mayor número de casos, 5 mil 954 en total; continúa Chihuahua con 2 mil 773, Chiapas 2 mil 350 casos, en Baja California 2 mil 037 y Nuevo  León con mil 973 casos registrados.
 
En Guanajuato sumaron mil 881 casos, en la Ciudad de México mil 872 y en Tamaulipas mil 654; mientras en Hidalgo fueron mil 337, mil 343 en Jalisco y Morelos tuvo mil 298 casos.
 
Entre enero de 2010 y junio de 2015, de 22 mil 399 averiguaciones previas por violación, sólo el 40 por ciento fueron con consignadas a expedientes en los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, 9 mil 043 continuaron el con el proceso judicial.
 
La cifra disminuye al hablar de sentencias. Según datos del Inegi hasta 2015 únicamente 3 mil 713 personas cumplían sentencia en centros penitenciarios por el delito de violación y otras mil 065 por violación equiparada, esta última entendida como la que se comete contra menores de edad o a personas con incapacidad intelectual para comprender el hecho.
 
LOS LENTOS PASOS DE LA JUSTICIA
 
Si bien la tipificación de este delito data de 1931, el movimiento feminista impulsó varias de las reformas al Código Penal y al capitalino, para que las víctimas de estos delitos accedieran a la justicia.
 
La primera reforma al Código Penal se hizo en 1966 cuando se incrementaron las penas de prisión de 2 a 8 años y se agregó una multa de 2 mil a 5 mil pesos. En 1966 se hizo una segunda reforma para, igualmente, incrementar de 6 a 8 años la prisión y derogar la multa.
 
Pero la realizada en 1989 fue crucial, cuando la presión de académicas y organizaciones civiles obligó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar el Código capitalino para ampliar la definición de violación y el concepto de cópula e incrementar la sanción de 8 a 14 años de prisión.
 
Por vez primera se tipificó el hostigamiento sexual, lo que sentó las bases legislativas para que el resto del país homologara sus leyes.
El antecedente de estas reformas fueron los 19 casos denunciados por violación ocurridas en la zona sur de la capital, en todos, los agresores fueron los mismos: ocho escoltas del entonces subprocurador de Narcóticos de la Procuraduría General de la República, Javier Coello Trejo.
 
Este hecho dio paso a la creación de las primeras instancias para la atención y procuración de justicia, que antes no existían. El mismo año, en la Ciudad de México, se instaló la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales del país, inició la preparación del protocolo para la atención a víctimas y reparación integral del daño y se estableció el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) dependiente de la Procuraduría de Justicia Capitalina, para asistir emocionalmente a víctimas de delitos sexuales.
 
En estas instancias fueron atendidas las víctimas de violación perpetradas por los escoltas del subprocurador Coello Trejo. Por el caso, en 1993 sólo fueron detenidas cuatro personas y debido al retraso en la actuación de las autoridades, las víctimas no continuaron con el proceso.
 
Al paso de los años y pese a la creación de nuevas normativas, las instituciones que años atrás fueron creadas para atender a las víctimas de este delito “están en decadencia” y son dirigidas por autoridades poco competentes.
 
 
 
LABERINTO A LA JUSTICIA
 
Las víctimas de violación enfrentan el primer obstáculo en su búsqueda de justicia cuando presentan la denuncia, señala la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Alicia Pérez Duarte. 
 
Para la experta en violencia y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pérez Duarte, la travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, pues es ahí donde enfrentan los primeros obstáculos dentro de las instituciones que están obligadas a garantizar la seguridad de las mujeres.  
 
A las víctimas se les pide que comprueben la violación, “les realizan exámenes ginecológicos que acrediten el delito y someten su declaración a dudas y la desestiman”, y agregó que en 2011 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó  que “la sola declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.
 
La abogada explicó que aunque en la investigación de este delito la presunción de inocencia es un derecho que los inculpados tienen, cuando dos derechos entran en pugna siempre prevalece el de mayor jerarquía. “Al atender este delito debe sobreponerse la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, el cual es prioritario porque tiene que ver con el derecho a la vida”.
 
TODAS SON DAPHNE
 
Evidencia de la violación de este derecho y obstáculo a la justicia es el caso de Daphne Fernández, en Veracruz, quien en enero de 2015 fue violada por cuatro jóvenes, apodados “Los Porkys”. Después de 2 años de buscar justicia, el pasado 28 de marzo el Poder Judicial de la entidad otorgó un amparo a uno de sus agresores por considerar que no había elementos suficientes para probar la intención del agresor por "satisfacer un deseo sexual".
 
Aun cuando la menor denunció haber sufrido tocamiento de senos, jaloneos de su playera y burlas, se dio prioridad a la declaración del agresor, “quien defendió a los “Porkys”, sacó de contexto la situación de Daphne para enfrentar la presunción de inocencia frente al derecho de una vida libre de violencia”, indicó Pérez Duarte.
 
La fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas, A. C. y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó, que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres “lo que se debe armonizar en los procedimientos penales son específicamente los medios de prueba”.
 
Cuando no se respeta el testimonio de la víctima desde el momento de la denuncia, precisó Olamendi Torres, se incumple con el principio de igualdad establecido en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde se especifica que no debe darse más importancia a la inocencia de la persona acusada.
 
“El caso Daphne no es una excepción en la regla diaria en México. Los jueces y Ministerios Públicos deben entender que las mujeres tenemos derecho al respeto de nuestro integridad física y la libertad sexual”, concluyó Olamendi.
 
INCAPACES, INSENSIBLES: MENOS SENTENCIAS
 
Otro de los factores que no permiten que la ley y las investigaciones corran con la debida diligencia es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los Ministerios Públicos (MP), agregó Olamendi Torres.
 
Como consecuencia, explicó, las autoridades minimizan el delito: “Equiparan la violación con el abuso sexual, dicen que son las mujeres quienes ‘provocaron’ a los agresores y cuando la violación se cometió con un objeto distinto al pene no la reconocen como tal”.
 
Pérez Duarte calificó como un “pacto patriarcal” la protección que el sistema de justicia da a los violadores. "Esto se ve claramente en las sentencias donde una mujer es la víctima, ahí se desencadenan inmediatamente los mecanismos en defensa del hombre acusado”, precisó.
 
Para Olamendi Torres, el bajo número de sentencias, es un reflejo de que las capacitaciones en perspectiva de género para los jueces no funcionan. “Todos dicen que ya pasaron capacitaciones, el resultado verdadero sería el acceso a las justicia de las mujeres”.
 
“Lo que vivimos las mujeres en México es una violencia institucional”, declaró Olamendi Torres y denunció que “la simulación y la impunidad en la atención de casos de violación dejan en desamparo total a las víctimas”.
 
La violación es un delito invisibilizado en la mayoría de las estadísticas de instancias como la CEAV y Fiscalías estatales, quienes no reportan los casos que están en proceso, tienen sentencia o no son denunciados, a pesar de ser un delito considerado por el Código Penal como grave, es incluido en los datos como “delitos sexuales”, sin dar muestra de la magnitud con la que se comete.
 
A esto se suma la falta de agencias especializadas para presentar la denuncia, programas e instituciones públicas de atención emocional  y en salud para las víctimas. Y las irregularidades que persisten en los Códigos Penales de cada entidad que refuerzan los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violación.  
 
17/MMAE/HZM/GG
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Apología de la violencia sexual, acusación ante FEVIMTRA
Académicas y administrativas de la UNAM denuncian a Perelló
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

Académicas y trabajadoras administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron penalmente al ex locutor de Radio UNAM, Marcelino Perelló Valls, ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”, según la denuncia cuya copia tiene Cimacnoticias.

La denuncia fue presentada ayer por 32 mujeres trabajadoras de la UNAM y está dirigida al procurador general de la república, Raúl Cervantes Andrade, y a la fiscal de la FEVIMTRA, Adriana Lizárraga González, para exigir se sancione a Perelló Valls, quien fue destituido del programa “Sentido Contrario” el pasado 7 de abril por realizar expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual en la emisión del 28 de marzo.

Señala la denuncia -con acuse de recibido de la FEVIMTRA el 24 de abril- que deben sancionarse las expresiones en defensa de la violencia sexual hechas por el académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque “provocan más violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, y agravan un problema social y vulnera los Derechos Humanos de las mujeres”.

Entre las denunciantes se encuentran la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña (ex fiscal especial para atender delitos de violencia contra las mujeres); la investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad, María Gabriela Delgado Ballesteros (primera directora de Inmujeres DF).

La secretaria Técnica del Centro de Estudios Europeos, Leticia Arroyo Peláez, la coordinadora de la Licenciatura de Pedagogía, Margarita Beatriz Mata Acosta, y la técnica académica de la Licenciatura en Historia, Dolores Latapí Ortega, son otras de las denunciantes.

Perelló Valls ha minimizado el impacto en las víctimas de violación a través de expresiones como “incluso en la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras”, dicha durante la transmisión de “Sentido Contrario” del 28 de marzo para referirse a la denuncia de la menor veracruzana, Daphne Fernández, por este delito. Con esto, según se lee en la exposición de hechos de la denuncia, el académico hace apología a los delitos de violación y acoso sexual.

También reiteró esta postura en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, el pasado 17 de abril: “¿Por qué la violación es tan grave? porque produce placer en la víctima”. Y lo mismo ha hecho  a través de sus cuentas en Facebook y Twitter.

Las denunciantes presentaron como pruebas los archivos de audio del programa “Sentido Contrario”  del 28 de marzo y la entrevista que Perelló Valls dio en la emisión de “Ciro Gómez Leyva por la mañana” del 17 de abril, y solicitaron que la PGR requiera a la UNAM y a Radio Fórmula los archivos originales sin ediciones; también entregaron un análisis de los publicado por el ex locutor en sus cuentas de Facebook y Twitter.

Además, llevaron como prueba el comunicado de prensa DGC/107/17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha del 7 de abril, en donde la instancia denuncia que la libertad de expresión no puede amparar señalamientos misóginos, porque “ofenden, descalifican, incitan, promueven o justifican la violencia de género contra las mujeres”. En él la Comisión consideró que las expresiones de Perelló Valls del 28 de marzo contribuyen “a la normalización del acoso callejero y la violencia sexual”.

Las mujeres también se comprometieron a otorgar, en caso de ser necesario, el testimonio del psicoanalista Juan Tuber-OKlander sobre los posibles efectos en la población mexicana de los comentarios emitidos.

Las firmantes solicitaron al procurador Cervantes Andrade que ordene iniciar la investigación correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, donde se establece la responsabilidad de los Ministerios Públicos para recibir todos los datos o elementos otorgados por las víctimas, tanto en la investigación como en el proceso y que se realicen las diligencias correspondientes.

La académica Pérez Duarte y Noroña expuso en la denuncia que las trabajadoras de la UNAM firmantes cumplen con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la obligación de las personas de denunciar ante el Ministerio Público un hecho “probablemente constitutivo de un delito”.

17/MMAE/GG








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
El problema es ser “mujer”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 11/04/2017

Hay algo en común en el enfoque noticioso en el caso del reciente accidente de Reforma y los comentarios sobre las mujeres que murieron en el automóvil conducido por un borracho, en los acosos que sufren las mujeres en redes sociales, en el desafortunado anuncio de la Feria del Libro de Yucatán, en donde se veía a una mujer prefiriendo que le pegaran antes de quitarle la lectura; en el caso de los “Porkis”, donde un juez penal otorgó un amparo para liberar a uno de los violadores de una menor de edad y en la salida de un locutor de radio, por sus comentarios misóginos y machistas al tratar el caso de la violación.
 
Ese común denominador, que constituye un problema en México, es que ser “mujer” es un problema en México, ya que todo el orden simbólico está orientado a validar la violencia contra el cuerpo de las mujeres y en el intento por desnaturalizarlo.
 
Las feministas, al tratar de explicar a la sociedad por qué está mal, recibimos todo tipo de ataques de “intelectuales” que dicen defender la libertad de expresión y defender el derecho de locutores a decir que las mujeres “goza n la violación”.
 
Mucho se puede discutir sobre estos argumentos e intentar ganar simpatías frente a la postura feminista, la postura del pensamiento más transgresor, lúcido y humano, frente a un discurso social que ha normalizado la violencia contra las mujeres, al punto de convertir el acto sexual en algo violento y así normalizar la violación. Esto último brillantemente expuesto por feministas como Catharine Mackinnon.  
 
El tema en esos casos, tanto en las páginas de diarios, en noticieros de radio y televisión y en redes sociales, es  un sentido de naturalización de la violencia contra las mujeres. Ahí se incluye las niñas víctimas de abusos, las adolescentes violadas ante la impunidad de los jueces, las jóvenes y mujeres víctimas de feminicidio, los crímenes más atroces que se repiten en México y en todo el mundo contra mujeres. Pero también la violencia cotidiana contra mujeres indígenas, artesanas y las más pobres.
 
El problema es que se normaliza una violencia contra “la mujer”, a quien no se le reconoce condición de persona y por ello se expresa libremente opiniones que suponen no tendrían que causar ningún efecto en la opinión pública, la cual  tendría que consentir –y lo ha consentido. Solo las hijas,  esposas, las hermanas son respetables por ser propiedad de un hombre, una extensión de sus territorios y solo ellos pueden demandar el que sus posesiones no sean violadas.
 
El discurso imperante y válido es ese “universo de sentido”, el sistema social en el que vivimos y que no reconoce condición de persona a las mujeres. De ahí que vivamos rodeadas de una violencia simbólica y una difícil comprensión de la sociedad de que “algo está mal” en esos argumentos y discursos.
 
Sé que no les es fácil a la mayoría de los hombres hacer una “auto reflexión”, incluso para aquellos que se dicen “pro-feministas” hablan y se enuncian desde sus “masculinidades hegemónicas” en las que todo gira en torno a ellos. Pero ahora resulta que tenemos que explicarles, justificar y probar o evitar “generalizaciones” para no los afectemos  moralmente y dañemos su imagen de “hombre”, porque “no todos son así”.
 
Su única lógica les dice que no tendríamos por qué protestar, que si protestamos los “dañamos” o afectamos y que no tendríamos por qué criticar al machismo, que es de “otros”, no de ellos…  postura hegemónica que supone que el hombre es el centro del todo y que sólo lo que pasa por su reflexión es pensamiento.
 
Intrincado y complejo, pero en el orden simbólico patriarcal del colectivo social existe sólo “una mujer”, son “todas iguales”, son “metibles”.
 
“El hombre concibe una sexualidad imaginaria para la mujer, el cuerpo imaginario de la mujer se reduce a un objeto que solo sirve para motivar las fantasías sexuales de un observador masculino. (…) En la pornografía se deshumaniza y falsifica a la mujer. Se deshumaniza al presentarla como un objeto y se falsifica al sugerir que la mujer experimenta placer al ser maltratada y humillada.” (Weiz, 1998)
 
Es el orden simbólico patriarcal, ordenamiento del logos que construye el hombre-Dios y que es para los otros, las otras, ahí se sostiene la proyección de una sexualidad imaginada, de ahí el “deseo de ser violada”, el deseo de ser golpeada y sodomizada que el colectivo sostiene como verdad para la mujer.
 
Una “verdad” impuesta y que da sentido y significado en las relaciones afectivas pero que también sostienen las relaciones de poder.
 
Si no fueras mujer no habría problema de salir a la calle y caminar entre miradas lascivas, de ser agredida, violentada, de ser vejada en las instituciones y que te digan lo que se supone que debes creer, y cómo lo debes pensar y expresar.
 
Lo que hace el feminismo es, como convoca Drucila Cornell, “a que re-imaginemos nuestra forma de vida de manera que podamos "ver" de otra forma, esto necesariamente involucra apelar a la ética, incluyendo el llamado para que modifiquemos nuestra sensibilidad moral".
 
Eso es a lo que parecen no estar dispuestos, porque les representa “perder”, ceder y reconocer que hay algo que no está bien o que eso que creen “válido” no lo es. Pero nosotras seguimos insistiendo y haciendo ruido para que los discursos naturalizados en ese orden simbólico dejen de ser el pensamiento común.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 








INTERNACIONAL
SALUD
   Mujeres y niñas de Siria e Irak, entre las afectadas
Recorte de EU a UNFPA cancela apoyo a víctimas de extremistas
Madres y bebés esperan ser atendidos en una clínica financiada con recursos de Estados Unidos en Uganda. Crédito: Lyndal Rowlands/IPS.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 07/04/2017

Estados Unidos retiró su apoyo económico al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en 150 países.
 
La decisión se basa en la falsa acusación, arguye el UNFPA, de que “apoya o participa en la gestión de o en programas de esterilización involuntaria y de aborto coercitivo (en China)”.
 
El argumento figura en una carta enviada el lunes 3 de abril por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a la agencia en la que anuncia el retiro de ese país, a pesar de que, conocedores del trabajo que realiza la agencia, han sostenido en reiteradas ocasiones de que no tiene sustento real.
 
“Siempre valoramos a Estados Unidos como socio confiable y líder de las iniciativas para garantizar que cada embarazo sea deseado, cada niño sea protegido y cada joven pueda desarrollar su potencial”, reza el comunicado del UNFPA en respuesta al recorte de fondos.
 
Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes del UNFPA, que en 2015 aportó 75 millones de dólares, en tercer lugar detrás de Gran Bretaña y Suecia. También es el segundo donante de las operaciones humanitarias de esta agencia. Y al igual que sucede con otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos realizan sus aportes al UNFPA de forma voluntaria.
 
Los recortes tendrán “consecuencias devastadoras” para las niñas y las mujeres de todo el mundo, se lamentó Shannon Kowalski, directora de políticas y campañas de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, en diálogo con IPS.
 
“El UNFPA desempeñó un papel fundamental en la distribución de servicios para las mujeres más marginadas, y ahora sus vidas y su salud están en juego”, subrayó Kowalski.
 
El trabajo de la agencia en el frente de situaciones de crisis será el más perjudicado, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas del Estado Islámico y de otros grupos extremistas en Medio Oriente, observó.
 
Según la Fundación de la ONU, la eliminación del apoyo de Estados Unidos pone en riesgo la capacidad del UNFPA de facilitar partos seguros a unas 48 mil mujeres en Siria y de apoyar a 55 centros que ayudan a 15 mil niñas y adultas sobrevivientes de violencia de género en Iraq, entre los que hay uno que ayuda a más de 700 yazidíes sobrevivientes de violencia sexual.
 
El UNFPA indicó que la contribución de Estados Unidos en 2016 le ayudó a evitar que 2 mil 340 mujeres murieran por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como 947 mil  embarazos no deseados, asegurar mil 251 operaciones para reparar fístulas obstétricas e impedir 295 mil abortos en condiciones inseguras.
 
Por su parte, Seema Jalan, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Universal de la Fundación de la ONU, dijo a IPS que el gobierno de Estados Unidos también es el principal contribuyente de la única maternidad del campamento de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania.
 
“Las sirias embarazadas no tendrán absolutamente ningún lugar donde parir a sus bebés”, subrayó.
 
Kowalski subrayó el enorme impacto que tendrá la decisión de Estados Unidos: “Es un claro mensaje de que al mundo no le importa dar respuestas a las mujeres en situaciones de enorme marginación y, en muchos aspectos, gratificará a los extremistas que buscan sacar provecho de esa marginación y abandono de la población femenina”.
 
Pero esta no es la primera vez que el UNFPA sufre recortes económicos del gobierno de Estados Unidos.
 
El presidente George W. Bush, ya había retirado 34 millones de dólares entre 2002 y 2008, con el mismo argumento de que la agencia participaba en políticas coercitivas en China.
 
Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.
 
“El gobierno chino todavía (violenta los derechos de las mujeres), pero como el UNFPA trabaja en el país apoyando la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, relacionan los dos hechos y dicen que el UNFPA apoya directamente las políticas coercitivas, lo que no es cierto”, explicó Kowalski.
 
MIENTE DEPARTAMENTO DE ESTADO
 
Una de esas políticas restrictivas es la de hijo único, que retrocede de a poco desde 2015, una iniciativa que el UNFPA ayudó a elaborar, apuntó Jalan. “El principal propósito del UNFPA en China es introducir el concepto de atención de calidad y de planificación familiar voluntaria”, precisó.
 
Además, Jalan subrayó que el UNFPA ni siquiera ofreció asistencia al gobierno chino ni a su agencia de planificación familiar en 2016, como arguye el Departamento de Estado en su carta.
 
Pero debido a la duplicación de las contribuciones de Estados Unidos desde 2002 y a las crisis humanitarias sin precedentes que aquejan al mundo, las consecuencias de este último recorte tendrán un alcance mucho mayor que antes.
 
 AGENDAS PROHIBICIONISTAS
 
Kowalski urgió al Congreso a revocar la Enmienda Kemp-Kasten, sobre el retiro de fondos a la agencia de la ONU.
 
La enmienda prohíbe la asistencia a cualquier organización, incluidas las estadounidenses y las multilaterales, que participen en esterilizaciones involuntarias y en abortos coercitivos.
 
Y es similar la Ley Mordaza Global, también conocida como Política de la Ciudad de México, que prohíbe a organizaciones extranjeras que reciban asistencia de Estados Unidos, distribuir información sobre abortos o servicios de aborto.
 
La decisión de Washington generó críticas entre numerosos dirigentes de Nueva York y California, quienes ya condenaron la medida.
 
“La hipocresía del presidente (Donald) Trump alcanzó nuevos niveles con la decisión de dejar de asistir al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace poco sostuvo que tenía ‘tremendo respeto por las mujeres y su papel en el mundo’, pero al mes decide recortar los fondos del UNFPA”, reza la declaración.
 
“Recortar esos fondos es una decisión cruel que no solo perjudicará a las mujeres y a sus hijos, sino que también atentará contra el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Le pedimos al presidente que ponga a las mujeres por encima de la política y modifique de inmediato esa decisión”, reclama la misiva.
 
Jalan dijo que ese pronunciamiento fue un comienzo “importante”, pero urgió a que se ponga en marcha una iniciativa de los dos principales partidos estadounidenses para revertir la decisión.
 
“Financiar la atención médica básica de mujeres y niñas, asegurar que refugiadas sirias embarazadas puedan tener un parto seguro y que sus hijos sobrevivan, y que alguien que sobrevivió a la violencia sexual pueda recibir atención y apoyo, creemos que son temas bipartidistas”, subrayó.
 
Por su parte, Kowalski remarcó la necesidad de que la comunidad internacional dé un paso al frente y contribuya a paliar el déficit del UNFPA.
 
Debido a la reintroducción de la Ley Mordaza Global, varios países reunieron unos 190 millones de dólares para paliar el déficit inminente, entre ellos Suecia, Canadá y Finlandia, que comprometieron 21 millones de dólares cada uno para no recortar el acceso global a los servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Este es el primero de los recortes que el gobierno de Trump dijo que implementaría.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG








NACIONAL
VIOLENCIA
   Es el trayecto con más agresiones a mujeres
El “arrimón” en la Línea 1 del Metro, ¿delito sexual anunciado?
Imagen retomada del portal saeso.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/03/2017

Ante la convocatoria hecha en Facebook y Twitter por personas sin identificar para que mañana 4 de marzo se realice un  “Arrimón masivo en el Metro CDMX”, en la Línea 1, la que más casos de agresión contra mujeres registró el año pasado, las autoridades han señalado que estarán atentas, pero no harán un operativo especial para evitar los anunciados casos de violencia sexual.  
 
En la descripción del evento, antes de que fuese borrado de Facebook, se invitó a las personas usuarias del metro a dar “arrimones” supuestamente de manera consentida en un recorrido que se planea inicie en la estación del Pantitlán a las 15:00 horas y termine en la Observatorio. Esto, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha en la que cada año grupos de la sociedad civil convocan a pronunciarse en contra de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
 
El “Arrimón masivo” recorrerá la Línea 1 del Metro y partirá de Pantitlán, la estación con mayor afluencia al día: la utilizan 126 mil 029 personas según cifras del Metro de enero a marzo de 2016 y la tercera en la que más se registraron casos de agresiones contra mujeres (10 casos) de acuerdo al informe hecho a 100 días de la Estrategia 30-100.
 
Además de Pantitlán, la Línea 1 incluye otras cuatro de las 13 estaciones en donde más se registran agresiones. Estas son Pino Suárez (5), Salto del Agua (4), San Lázaro y Observatorio (3 casos cada una).
 
Funcionarios y funcionarias públicas se han pronunciado en contra del “Arrimón masivo”, pero  no especificaron si habría acciones concretas y si habrá capacidad para atender un posible incremento de  agresiones sexuales y si estos serán sancionados.
 
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, anunció el 2 de marzo que no se implementará un operativo específico pero las autoridades sí estarán pendientes ante la incursión de delitos sexuales.
 
El director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño, declaró ese mismo día, en el noticiero de José Cárdenas, que el día previsto reforzará la vigilancia en la Línea 1.
 
De ocurrir agresiones sexuales, estas están  tipificados como delitos en el Código Penal de la Ciudad de México, el cual castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”, con penas  de uno a tres años de prisión.
 
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta León, denunció, a través de un boletín de prensa, que la convocatoria podría derivar en el incremento de agresiones sexuales presentes en el Metro.
 
La situación preocupa en un contexto en el que, según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 realizado por El Colegio de México y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres-CDMX) ocho de cada 10 mujeres se sienten inseguras por vivir o transitar en la Ciudad de México y 69 por ciento ha sido víctima de acercamientos indebidos.
 
Para hacer frente a ello, el 25 de abril de 2016 el Gobierno capitalino implementó la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios.
 
En cuanto al uso del Metro, según datos del informe emitido a 100 días de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos”, se registraron 163 agresiones la mayoría por tocamiento de glúteos o nalgadas (101), de la pelvis o genitales (13); porque el agresor se masturbó frente a la mujer (12); por frotamiento del pene en los glúteos de la mujer (11) y porque una mujer fue grabada o fotografiada sin su consentimiento (8).
 
Pese a estos datos, se sabe que hay un subregistro. El Instituto Nacional de las Mujeres de la capital (Inmujeres-CDMX) ha mencionado que ocho de cada 10 mujeres no denuncian la agresión sexual que viven en el transporte público, por considerarlas conductas “naturales” y el temor a represalias.
 
17/MMAE/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Insoslayable violación a sus DH
Hay más de 30 millones de refugiadas o desplazadas en el mundo: CEDAW
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 24/02/2017

De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo. 
 
La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.
 
En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.
 
El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.
 
Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.
 
España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total  mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.
 
CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO
 
En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
 
El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.
 
La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).
 
Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.
 
SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS
 
En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.
 
Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.
 
La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.
 
Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.
 
ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad,  no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.
 
En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.
 
En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.
 
El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
 
“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.
 
El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.
 
17/GL/GG








INTERNACIONAL
   Chile, Líbano, India, Siria…
Mujeres en el mundo denuncian acoso callejero y violencia sexual en la web
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 24/02/2017

El acoso callejero es una realidad cada vez más denunciada en todas partes del mundo. En ciudades como Egipto, más del 90 por ciento de las mujeres lo han experimentado alguna vez en lugares públicos, y casi el 50 por ciento reconoce sufrir violencia de su día a día en el ámbito familiar.
 
La Ciudad de México, por ejemplo, reportaba que, en el último año, las experiencias de acoso o abuso en el transporte público alcanzaron a 8 de cada 10 mujeres, de las cuales el 43 por ciento aseguraba haber padecido al menos cuatro experiencias de violencia durante ese año.
 
ONU Mujeres afirma que 1 de cada 3 mujeres se enfrentan a algún tipo de agresión sexual al menos una vez en su vida. En la India una mujer es violada cada 20 minutos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y niñas no hablan de este abuso por múltiples razones: el miedo a la sociedad, la cultura, la culpabilidad de las víctimas, miedo a la policía, a los procedimientos formales, etc. El autor se vuelve más audaz con el tiempo y lo aceptamos como parte de nuestra rutina diaria.
 
Para denunciar e intentar frenar esta violencia se están desarrollando proyectos en la red. Algunas de las iniciativas son estas.
 
SAFE CITY, EN INDIA
 
Safecity es un recurso digital que cuenta con historias personales de acoso sexual y abuso en espacios públicos. Estos datos anónimos se agregan como puntos calientes en un mapa que indica las tendencias a nivel local. La idea es hacer que estos datos sean útiles para las personas individualmente pero también para las comunidades locales y la administración local para identificar los factores que causan conductas que conducen a la violencia y trabajar en estrategias de solución.
 
Desde su lanzamiento en diciembre de 2012, han recopilado más de 10 mil historias de más de 50 ciudades en India, Kenia, Camerún y Nepal.
 
Safecity tiene como objetivo hacer las ciudades más seguras al fomentar la igualdad de acceso a los espacios públicos para todos, especialmente las mujeres, a través del uso de datos y tecnología de fuentes orales y mapeado.
 
WOMEN UNDER SIEGE, EN SIRIA
 
Women’s Under Siege se centra en Siria y en la población refugiada para denunciar la violencia sexual que se expande a medida que la crisis se despliega. Piden la colaboración de todo el mundo para que denuncien, de forma anónima, agresiones sexuales y violaciones, ya que con estas denuncias pueden exigir responsabilidades y respuestas a la comunidad internacional.
 
“Estas pruebas pueden utilizarse para ayudar a la comunidad internacional a comprender la urgencia de lo que está sucediendo en Siria y pueden servir de base para posibles enjuiciamientos futuros. Nuestro objetivo es hacer que estas atrocidades sean visibles, y reunir evidencias para que un día haya justicia”.
 
Además, han desarrollado un mapeo de agresiones sexuales y puntos calientes de riesgo para las mujeres. “La violencia sexual está presente en cualquier conflicto y muchas veces esto se silencia. Es muy importante contar qué ha ocurrido para prevenir futuros ataques y para reparar a las víctimas”.
 
HARASSTRACKER, EN LÍBANO
 
Se trata de un proyecto que busca eliminar la aceptación habitual y social del fenómeno del acoso sexual y asalto en el Líbano. El grupo está formado por personas de el Líbano y Francia, que trabajan para lograr un enfoque integrador que combina tecnología, informes y campañas en los medios digitales.
 
En el proyecto han creado un mapa con datos compilados a través de relatos, denuncias e informes con el fin de hacer campañas concretas que protejan a mujeres y otros grupos vulnerables en las calles, y hacer frente al acoso de todo tipo.
 
Desde el principio se plantearon transformar la percepción del acoso y hacer ver que este acoso callejero es un delito. “Hacerles conscientes de que es un delito creemos que disuade a los acosadores”.
 
NO TE DA VERGÜENZA, EN CHILE
 
Con un video que muestra cómo el tráfico de imágenes sexuales por chats y redes sociales, el acoso callejero y la violación son parte de un continuo de violencia, el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) de Chile y EME Masculinidades lanzaron la campaña #NoTeDaVergüenza, que busca sensibilizar a la comunidad masculina sobre la violencia sexual que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres.
 
“¿No te da vergüenza ser parte de esto? Si no hay consentimiento, es violencia sexual”, narran en un vídeo; además, la campaña recomienda acciones para que los hombres se involucren en la prevención de la violencia sexual. “Nunca culpes a la víctima” y “Reacciona cuando seas testigo de un caso”, son algunas de ellas.
 
*Este artículo fue retomado de la revista digital feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG








NACIONAL
INFANCIA
   En la mayoría de los casos las menores de edad son producto de abuso y violencia sexual
Embarazo infantil, un grave problema para el país
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017

El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR








NACIONAL
VIOLENCIA
   Mónica González Contró dice que no se obstaculiza denuncia
Abogada general de la UNAM niega que exista protección a docentes acusados de acoso
Mónica González Contró, abogada general de la UNAM | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/11/2016

Contrario a lo que sostienen activistas universitarias respecto a que existen obstáculos para denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de una presunta protección a los agresores que hostigan a las denunciantes, la abogada general, Mónica González Contró, afirmó que en su oficina no ha recibido ninguna denuncia en contra del personal directivo.
 
Entrevistada en sus oficinas en la máxima casa de estudios, la abogada Mónica González Contró indicó que su oficina personal y la Unidad de Atención de Quejas y Denuncias están abiertas para recibir a quienes tengan una inconformidad con el actuar del personal directivo con respecto a la implementación del protocolo.
 
Cabe recordar que la Asamblea Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM conformada por estudiantes de licenciatura que hacen acompañamiento a quienes denuncian violencia de género, informaron a Cimacnoticias sobre los obstáculos que se enfrentan las víctimas en el proceso de denuncia, como cuestionamientos que revictimizan a las denunciantes, además de minimizar la violencia.
 
En ello coincidió la “Red no estás sola”, integrada por alumnas de posgrado y docentes quienes confirmaron que directivos y profesores hostigan incluso a las docentes que apoyan públicamente a una estudiante que denuncia.
 
Cuestionada al respecto, la abogada negó categóricamente que se dé esta situación, incluso afirmó que no tenía conocimiento de ninguna denuncia en contra de la directora de la Facultad de Filosofía y Letras  Gloria Villegas Moreno o de la secretaria general de la misma, Luz Fernanda Azuela Bernal, quienes fueron señaladas por las estudiantes de obstaculizar los procesos de denuncia.
 
Sobre la mediación que propone el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” -del cual González Contró participó y que fue muy criticado por las activistas- presentado el 29 de agosto de este año en la UNAM, la abogada general dijo que ésta se aplicará en casos donde las víctimas sean menores de edad, en donde denuncien tocamientos y en otros casos “graves” de violencia (violación).
 
Para la abogada “los varones en particular, en ocasiones no son conscientes de que ejercen violencia cuando incurren en expresiones o aproximaciones con el sexo opuesto, como por ejemplo piropear a las mujeres”, por lo que consideró que un proceso de mediación bien llevado puede generar cambios en el agresor. 
 
“Un proceso de mediación bien llevado lo que puede hacer es que la víctima logre expresar lo que sintió y el agresor entienda realmente lo que pasó con la víctima. Entonces esto genera transformaciones a largo plazo en una cultura que es muy permisiva con la violencia de género” dijo González Contró.
 
Informó que desde que se publicó el Protocolo han recibido 81 denuncias de violencia de género por parte de alumnas y académicas de las cuales una se resolvió a través de mediación,  en 15 sancionaron a los agresores, en 3 no lograron acreditar la violencia y 56 están en proceso.
 
Las denuncias fueron interpuestas en 94 por ciento por mujeres estudiantes y académicas; 6 por ciento de los denunciantes son hombres. La violencia denunciada fue de pareja, sexting y hostigamiento.
 
Sobre los agresores, 93 por ciento fueron hombres, 5 por ciento mujeres y en 2 por ciento su identidad y sexo no fueron identificados. En 43 por ciento de las denuncias los agresores fueron estudiantes; 33 por ciento son académicos; 15 por ciento trabajadores administrativos y en 5 por ciento fueron personas externas a la universidad que se encontraban dentro del campus.
 
Las sanciones para los agresores pueden ser amonestaciones que se incluyen en sus expedientes académicos o laborales, sanciones que pueden ser cese de sus actividades escolares o laborales desde 6 meses a un año máximo y la expulsión definitiva, aunque las activistas han denunciado que a quienes se cambia de área o de clase es a las denunciantes.
 
16/GVV/LGL








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