NACIONAL
VIOLENCIA
   Publicada en el DOF, entra en vigor mañana
Ley sobre tortura debe aplicarse sin estereotipos de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 A partir de mañana entrará en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual dice que la prevención, sanción y reparación de este delito debe ser libre de estereotipos de género.
 
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos advierten que la norma contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
Con la nueva Ley, este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia o vista de autoridad judicial, y se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que cometa está práctica, sanción que aumentará hasta en la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer gestante, persona con discapacidad o haya violencia sexual, entre otras condicionantes.
 
Un informe elaborado por la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura indica que, en una muestra de casos, el 22 por ciento de las víctimas fueron mujeres; el 65 por ciento de los torturadores fueron policías, 15 por ciento eran policías con Ministerios Públicos, en 57 por ciento de los casos la tortura se practicó en vía pública y en 31 por ciento en el domicilio del sobreviviente de tortura.
 
De acuerdo con organizaciones como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), este crimen pude ser considerado, en ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
 
Ante la vigencia de esta práctica, las organizaciones emitieron un comunicado donde señalan que por ninguna razón debe ser tolerada y donde exponen que la ley contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
DENUNCIAS Y RECOMENDACIONES
 
Los colectivos indican que tan sólo del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes.
 
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
 
La tortura documentada por las organizaciones civiles va desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
 
Las asociaciones civiles instaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular, a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.
 
Asimismo llamaron a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica; así como generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país, a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar el delito en México y la impunidad en torno a ella.
 
Los casos de tortura sexual también han sido documentados: por ejemplo, en 2016 Amnistía Internacional publicó el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México” que documenta cien casos; mientras que en 2014 las once mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de 2006 en Atenco, Estado de México, lanzaron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
 
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