Alternativas de desarrollo para el país

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Alternativas de desarrollo para el país
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2017

Que las Mujeres y sus organizaciones participen activamente en el debate y discusión de la actual política económica y su replanteamiento -ante la coyuntura nacional e internacional- es un imperativo; hace mucho que la política económica dejó de ser para élites, o lo que es peor, sólo para los hombres.
 
Especialmente si esta participación femenina implica incorporar una amplia perspectiva de género en el desarrollo presente y futuro del país. Por tanto, es fundamental revisar y discutir los planteamientos que sobre el tema surjan, tal es el caso del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.
 
“El presidente Trump, desde el anuncio de su candidatura, colocó a México y a los mexicanos como protagonistas del torcido debate político-electoral en Estados Unidos. Culpó a nuestro país de la pérdida de empleos manufactureros, generó un clima de animadversión contra los trabajadores migrantes y los acusó de muy diversas manifestaciones de violencia y criminalidad. Si alguna nación fue agraviada en particular por el tono y contenido que Trump impuso a lo largo de la campaña electoral, la transición y el inicio de su gobierno, fue México”.
 
Esta es una parte muy importante del diagnóstico contenido en el documento presentado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, el pasado lunes 27 de febrero, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
 
Se denomina: “En defensa del Interés Nacional ante la coyuntura crítica, ¿Qué hacer?” y en su presentación estuvieron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y  Rolando Cordera, quienes han externado importantes críticas al posicionamiento del Gobierno, ya sea en materia de política económica o migratoria. Sus propuestas –en las que se puede estar de acuerdo, o no-  resultan una importante aportación, un aliento de bocanada de aire fresco, en momentos tan críticos como lo que hoy se viven en el país.
 
A continuación se citan algunas de sus propuestas más  destacadas:
 
Diseñar un programa de emergencia de apoyo al empleo, orientado a las regiones y segmentos de la población que probablemente se vean más afectadas por el choque externo que ya se resiente;
 
Lanzar un programa de inversión pública para mejorar y ampliar la infraestructura en las regiones más atrasadas del país, complementado con apoyos financieros oportunos y significativos de la banca de desarrollo;
 
Renovar el pacto fiscal de la nación: hay que elevar los ingresos y reorientar y hacer más eficiente el gasto público, con criterios de progresividad, transparencia y rendición de cuentas.
 
Sólo de este modo podrá el Estado hacer frente a los retos sociales de la emergencia y a las demandas de larga data en materia de mínimos de bienestar social y de infraestructura económica.
 
La nueva agenda de desarrollo tiene su sustento fundamental en reconocer que, de buen tiempo atrás, el mercado externo carece del dinamismo y del potencial para impulsar de manera significativa la economía mexicana; en consecuencia, habrá que otorgar prioridad al mercado interno como motor fundamental del crecimiento de largo plazo.
 
Lograr tal transformación de la estructura productiva y dinamizar el mercado interno supone colocar al combate a la desigualdad como preocupación central de la agenda macroeconómica. Exige, en la práctica, cambios importantes en cuatro áreas de la política económica, muy interrelacionadas entre sí: i) Política de desarrollo productivo, que incluye cambios en la política cambiaria y de financiamiento; ii) Políticas redistributivas, con énfasis en empleo y salarios; iii) Política fiscal, para influir tanto en el nivel y composición del ingreso y el gasto públicos, como en las estrategias de financiamiento, y iv) Adecuación del marco institucional para el diseño y planificación de las nuevas políticas, así como su ejecución y evaluación.
 
“No deja de ser llamativo que la incapacidad de crecer en forma más acelerada y sostenida se manifieste en el periodo en el que deberían dar fruto las reformas para remover las barreras al incremento de la productividad, la inversión privada y la competitividad.
 
Las causas del crecimiento mediocre e inferior a lo proyectado por el gobierno son diversas y su peso relativo ha variado a partir de 2013. Además de la desaceleración global, desde mediados de 2014 han incidido las caídas de los precios de exportación del petróleo y de la actividad de la construcción”.
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
Como se muestra en la gráfica, el PIB por habitante no ha tenido crecimientos importantes desde 1995. Para 2016 la disminución será de 12.4. ¿Así cómo quieren que se amplie el mercado interno?
 
Quizá por ello, en nuestro caso, más que incertidumbre, se enfrenta una amenaza, grave y clara. Algunas consecuencias negativas, por ejemplo, en el área de inversiones, tipo de cambio y ambiente de fuerte incertidumbre, ya se dejan sentir.
 
Ahora también influye, sobre todo en el primer semestre de 2016, el ajuste en las finanzas públicas, en particular en la inversión, y la caída de las exportaciones. Esta última, sumada al notable aumento de algunas importaciones, en especial las de gasolinas, petroquímicos y otros bienes intermedios, además de las agrícolas, han provocado el deterioro creciente de la balanza comercial.
 
Por último, desde hace decenios se requiere y ha sido diferida una y otra vez una reforma fiscal de fondo. Resulta aún más urgente ante la erosión de los ingresos derivados del petróleo. Se ha tornado notorio el hecho de que la carga fiscal en México es baja no sólo en relación a los países de la OCDE, sino también en América Latina y el Caribe.
 
 La reforma tributaria que México requiere debe contemplar, además de la supresión de exclusiones y la mayor progresividad del impuesto sobre la renta, en especial el de las personas, diversas otras figuras impositivas como el impuesto a las transacciones financieras, al patrimonio y a las herencias y legados entre otros.
 
La pregunta clave es, de nuevo, si la política económica de México tiene margen de acción para promover una expansión económica orientada a favor de la mayoría de la población, a través, entre otros instrumentos, de la inversión pública y privada y el fomento productivo, y de una política social y sectorial que asuma explícitamente las metas de empleo y de creación o reactivación de eslabonamientos en las cadenas productivas.
 
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
 
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