NACIONAL
VIOLENCIA
   Mónica González Contró dice que no se obstaculiza denuncia
Abogada general de la UNAM niega que exista protección a docentes acusados de acoso
Mónica González Contró, abogada general de la UNAM | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/11/2016 Contrario a lo que sostienen activistas universitarias respecto a que existen obstáculos para denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de una presunta protección a los agresores que hostigan a las denunciantes, la abogada general, Mónica González Contró, afirmó que en su oficina no ha recibido ninguna denuncia en contra del personal directivo.
 
Entrevistada en sus oficinas en la máxima casa de estudios, la abogada Mónica González Contró indicó que su oficina personal y la Unidad de Atención de Quejas y Denuncias están abiertas para recibir a quienes tengan una inconformidad con el actuar del personal directivo con respecto a la implementación del protocolo.
 
Cabe recordar que la Asamblea Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM conformada por estudiantes de licenciatura que hacen acompañamiento a quienes denuncian violencia de género, informaron a Cimacnoticias sobre los obstáculos que se enfrentan las víctimas en el proceso de denuncia, como cuestionamientos que revictimizan a las denunciantes, además de minimizar la violencia.
 
En ello coincidió la “Red no estás sola”, integrada por alumnas de posgrado y docentes quienes confirmaron que directivos y profesores hostigan incluso a las docentes que apoyan públicamente a una estudiante que denuncia.
 
Cuestionada al respecto, la abogada negó categóricamente que se dé esta situación, incluso afirmó que no tenía conocimiento de ninguna denuncia en contra de la directora de la Facultad de Filosofía y Letras  Gloria Villegas Moreno o de la secretaria general de la misma, Luz Fernanda Azuela Bernal, quienes fueron señaladas por las estudiantes de obstaculizar los procesos de denuncia.
 
Sobre la mediación que propone el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” -del cual González Contró participó y que fue muy criticado por las activistas- presentado el 29 de agosto de este año en la UNAM, la abogada general dijo que ésta se aplicará en casos donde las víctimas sean menores de edad, en donde denuncien tocamientos y en otros casos “graves” de violencia (violación).
 
Para la abogada “los varones en particular, en ocasiones no son conscientes de que ejercen violencia cuando incurren en expresiones o aproximaciones con el sexo opuesto, como por ejemplo piropear a las mujeres”, por lo que consideró que un proceso de mediación bien llevado puede generar cambios en el agresor. 
 
“Un proceso de mediación bien llevado lo que puede hacer es que la víctima logre expresar lo que sintió y el agresor entienda realmente lo que pasó con la víctima. Entonces esto genera transformaciones a largo plazo en una cultura que es muy permisiva con la violencia de género” dijo González Contró.
 
Informó que desde que se publicó el Protocolo han recibido 81 denuncias de violencia de género por parte de alumnas y académicas de las cuales una se resolvió a través de mediación,  en 15 sancionaron a los agresores, en 3 no lograron acreditar la violencia y 56 están en proceso.
 
Las denuncias fueron interpuestas en 94 por ciento por mujeres estudiantes y académicas; 6 por ciento de los denunciantes son hombres. La violencia denunciada fue de pareja, sexting y hostigamiento.
 
Sobre los agresores, 93 por ciento fueron hombres, 5 por ciento mujeres y en 2 por ciento su identidad y sexo no fueron identificados. En 43 por ciento de las denuncias los agresores fueron estudiantes; 33 por ciento son académicos; 15 por ciento trabajadores administrativos y en 5 por ciento fueron personas externas a la universidad que se encontraban dentro del campus.
 
Las sanciones para los agresores pueden ser amonestaciones que se incluyen en sus expedientes académicos o laborales, sanciones que pueden ser cese de sus actividades escolares o laborales desde 6 meses a un año máximo y la expulsión definitiva, aunque las activistas han denunciado que a quienes se cambia de área o de clase es a las denunciantes.
 
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