Un mito, el costo laboral de las madres trabajadoras

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Un mito, el costo laboral de las madres trabajadoras
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- 03/06/2014

Durante la mayor parte del siglo XX y aún en la actualidad, el trabajo productivo y reproductivo se organizó sobre la base del modelo tradicional de familia –hombre proveedor y mujer ama de casa– y de rígidos roles de género que ya no coinciden con lo que ocurre en la realidad
 
La consecuencia es que la relación entre trabajo y familia está descompensada, lo cual genera altos costos especialmente para las mujeres, pero también para el conjunto de varones que desean participar de las tareas de cuidado, para las personas que requieren cuidados, para el crecimiento económico, el buen funcionamiento del mercado de trabajo y la productividad de las empresas.
 
Además, este desequilibrio refuerza las desigualdades socioeconómicas y de género: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a servicios de apoyo y cuidados de calidad y, por ende, a mejores oportunidades de desarrollo.
 
No es posible entonces enfrentar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza si no se abordan, al mismo tiempo y con la misma energía, la sobrecarga de trabajo de las mujeres y su falta de oportunidades ocupacionales.
 
Son reflexiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  contenidas en el documento: “Trabajo decente y cuidado compartido: hacia una propuesta de parentalidad”.
 
El documento señala que es imprescindible reconocer y visualizar el valor del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres y transformar su concepción: desde una responsabilidad privada de los hogares y de las mujeres hacia una mayor corresponsabilidad.
 
El gran desafío es promover el valor social del trabajo reproductivo que se hace en los hogares como parte de la creación de riqueza y asumir que se trata de una responsabilidad no sólo de mujeres y hombres, sino de la comunidad, las empresas y las instituciones, además de ser un eje central del desarrollo económico y social.
 
Este trabajo social reproductivo se convierte en una traba para acceder al trabajo remunerado. Uno de los argumentos que se esgrimen con mayor frecuencia para justificar la preferencia de contratar trabajadores por sobre las trabajadoras es el supuesto mayor costo laboral de las mujeres, asociado a la protección de la maternidad y los servicios de cuidado infantil.
 
Esto es un mito, ya que se ha comprobado que esos costos monetarios son muy reducidos para el empleador.
 
Dada la ausencia de estudios comparativos recientes en la región, se muestran algunos datos sobre la base de un estudio de la OIT para cinco países latinoamericanos en 2002, que habría que retomar para revisar la tendencia en este tema, y que concluye que dichos costos representan menos del 2 por ciento de la remuneración bruta mensual de las mujeres.
 
Una de las razones para que esos costos sean tan reducidos para los empleadores son de orden demográfico: la incidencia de asalariadas embarazadas al año es de 2.8 por ciento en Argentina; 3 por ciento en Brasil; 4.5 por ciento en Chile; 5.9 por ciento en Uruguay, y 7.5 por ciento en México, de las más altas.
 
La segunda razón, y la principal, es el carácter de la legislación laboral que establece que los costos monetarios asociados a la licencia por maternidad no son financiados directamente por el empleador, sino por fondos públicos (en el caso de Chile) y por los sistemas de seguridad social (en Argentina, Brasil, México y Uruguay).
 
Además, los recursos necesarios para otorgar esta prestación provienen de cuotas pagadas por los empleadores a la seguridad social por cada trabajador que contratan, independientemente de su sexo y edad.
 
Esa forma de financiamiento de la licencia por maternidad y de concebirla como una “inversión social” a cargo del Estado y los fondos públicos busca asegurar la protección de las mujeres frente a una posible discriminación laboral por razones de maternidad.
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
Los costos para el empleador relacionados con la protección de la maternidad, medidos como porcentaje de la remuneración bruta mensual oscilan entre 1.8 (Chile) y 0.2 por ciento para el caso de México. Estos gastos comprenden: sala de cuna, lactancia y el permiso anual (ver gráfica).
 
Adicionalmente, la seguridad social financia el costo de la atención médica a la trabajadora durante el embarazo y el parto, de la misma forma que el salario por maternidad.
 
Por lo tanto, para la contratación de una mujer, la licencia por maternidad y el costo de su atención médica durante el embarazo y parto representa un costo adicional nulo para los empleadores o patrones.
 
Si se carece de seguridad social, entonces los gastos se financian del bolsillo del trabajador o trabajadora, pero no del empleador y el Estado se deshace de esas obligaciones.
 
En suma, los escasos costos laborales vinculados a la protección de la maternidad y los servicios de cuidado infantil, así como las diferencias reducidas de éstos entre las mujeres y los hombres, en ningún caso podrían explicar la persistencia de una serie de mecanismos de discriminación laboral hacia las trabajadoras que continúan vigentes, entre los que se pueden señalar la falta de iguales oportunidades de acceso al empleo, capacitación, a los puestos de mayor responsabilidad y jerarquía, y las diferencias de ingreso con respecto a los hombres, que siguen siendo significativas.
 
La implementación de licencias parentales para que hombres y mujeres puedan indistintamente atender las necesidades de cuidado de sus hijas e hijos y otras personas dependientes en sus hogares, puede contribuir a derribar el mito de los mayores costos laborales indirectos asociados al empleo de las mujeres y, por tanto, a disminuir la discriminación laboral hacia ellas.
 
P.D.
Estancamiento económico. Por 30 años la economía del país ha tenido un bajo crecimiento. En el periodo 1980-2012 alcanzó 4.22 y para 2006-2013, los últimos siete años, es de 1.7. Cifra menor al 2.7, la última proyección de Hacienda; su estimación original era de 3.9. Por su parte, el Banco de México estima un crecimiento de la economía que va de 2.3 a 3.3, quiere decir que ese 2.7 puede ser menor.
 
Consecuencias: menor empleo, informalidad desbordada, desempleo para jóvenes y bajos, muy bajos salarios.
 
Twitter: @ramonaponce
 
*Economista especializada en temas de género.
 
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