Seguridad Social y Gasto en Salud

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Seguridad Social y Gasto en Salud
Por: Carmen R. Ponce Meléndez
CIMAC | México DF.- 06/10/2009

En la población sin seguridad social las mujeres superan a los hombres, especialmente mujeres jóvenes de 15 a 24 años, edad en que empiezan a ser consideradas como población económicamente activa.

Esto es durante el período que va de 2000 a 2008, previo a la crisis económica actual y según proyecciones del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).

El crecimiento más importante de mujeres sin seguridad social se registra en el grupo etario de 40-59 años, con un incremento del 38.1 por ciento.

A nivel global y durante el período de análisis, esta población sin seguridad social creció 17 por ciento y superó a la de los hombres en 1.9 por ciento.

Aunque estas proyecciones están rebasadas por la realidad económica del país -dado el crecimiento del desempleo y de la economía informal-, no dejan de ser un referente muy importante para dimensionar la presión que tiene el gasto social, tanto el que se destina al desarrollo social como el que corresponde a salud.

Se está generando una "economía ficción", ya que por un lado se aplican políticas públicas que incentivan la informalidad y no generan empleos y por el otro, se requiere dar cobijo a esa creciente población socialmente desprotegida; los recursos que se destinan a este fin se vuelven un pozo sin fondo y siempre serán insuficientes.

De alguna manera estas estadísticas de la población sin seguridad social nos dan una idea de la orientación que debe tener el gasto en salud y nos explican la existencia de figuras como el Seguro Popular.

La intención del Programa Nacional de Salud 2007-2012, es que se igualen los recursos de la Secretaría de Salud (Ss), con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).

En 2005 el gasto público en salud representaba 6.5 del PIB, inferior al promedio latinoamericano (6.9). Del total de recursos del país aplicados en la atención a la salud, más de la mitad (54 por ciento), es gasto privado, que proviene del bolsillo de los ciudadanos, la diferencia es gasto público.

Al respecto, la OCDE recomienda que el gasto en salud debe ser predominantemente público, en este Organismo el promedio del gasto público en salud es de 72 por ciento. Dentro de este Organismo México es el país con el gasto en salud más bajo.

Para 2010 el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en lo que podríamos llamar Sector Salud (ISSSTE, IMSS y Ss), asciende a 522.3 miles de millones de pesos del 2010, representan el 21.8 por ciento del gasto total programable, con una variación relativa de 5.5, respecto al autorizado en el 2009.

La participación más alta de este gasto la tiene el Imss con más de la mitad (61.3 por ciento) y la más baja corresponde a la Ss con 17.2 por ciento.

Esta estructura de gasto es un retroceso respecto a la que se tenía en 2005, donde el 50 por ciento de los recursos eran para el Imss.

El incremento más importante de este proyecto de presupuesto se ubica en el ISSSTE, del orden de 21.5 por ciento; en el límite inferior está de nuevo la Ss con una variación de tan sólo 0.3 por ciento.

La inversión muestra la misma tendencia, el porcentaje más alto está en Imss con 6.5 por ciento, en el caso de Ss, disminuye, ya que en 2006 era del 9 por ciento y para 2010 será únicamente 4.1 por ciento, con lo cual la creación de nueva infraestructura en esta materia es mínima.

Una primera lectura de estas cifras es que no se está cumpliendo con lo prometido en el Programa Nacional de Salud y que la Ss no podrá cubrir la creciente demanda de servicios de esa población no asegurada, que es del 81.5 por ciento (consulta externa 2005).

Esta insuficiente asignación de gasto público se expresa en el hecho de que solo existan 0.74 camas, 1.85 médicos y 2.2 enfermeras por cada mil habitantes; cuando el valor estándar recomendado por la OCDE es de una cama, 2.9 médicos y 8 enfermeras por cada mil habitantes.

La atención de salud para las mujeres tiene la misma tónica. Las causas de muerte en esta población son: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro vasculares y cáncer (de mama y cérvico uterino). En el caso de las enfermedades isquémicas del corazón, la tasa de mortalidad más alta (60.5 porciento), se presenta en las mujeres.

Todas ellas son enfermedades no transmisibles, que es el principal problema de salud en el país, ya que representa el 85 por ciento del total de muertes, junto con muerte por lesiones y los costos de sus tratamientos son onerosos.

Sin embargo estas enfermedades que aquejan a las mujeres y que son sus principales causas de muerte tienen una atención muy deficitaria.

Al aplicar la fracción de ganancia potencial en salud, medida que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), para conocer el acceso regular a servicios efectivos de salud, da los resultados siguientes: Cáncer de mama 21.5 por ciento; tratamiento de la hipertensión 23.1 por ciento y enfermedades no transmisibles 32.0 por ciento.

Descuidar de esta manera el capital humano del país tiene consecuencias irreversibles que a largo plazo son más costosas.

No solo se está desatendiendo a la población asegurada, sino que además no hay recursos suficientes para la creciente población sin seguridad social. Un porcentaje importante de la población del país tiene que resolver sus problemas de salud con recursos de su bolsillo.

Sí se aprueba el nuevo impuesto del 2 por ciento a medicamentos, propuesto en el paquete económico para el 2010, se impactará el gasto que cubre los cuadros básicos de medicamentos en las instituciones públicas de salud.

También es previsible un desabasto para el paciente, mayor al que actualmente existe, así como un cambio cualitativo en los medicamentos contenidos en este cuadro básico, donde se dará preferencia a los más baratos.

Otro de los efectos importantes es que la población que no tiene seguridad social, donde tienen mayor presencia las mujeres, absorberá este nuevo gasto. Todo ello deteriora la atención de la salud y la calidad de vida.

El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad social, el derecho a la salud es constitucional, como lo son el derecho a la educación y al trabajo.

Ante la disyuntiva que provoca el desmantelamiento de la seguridad social del país la no atención de la salud se convierte en un motivo importante de disolución social.

Siempre será preferible fortalecer los esquemas de seguridad social, generar empleos, con salarios bien remunerados y desentivar la informalidad, antes que apostarle a los programas asistenciales como única vía.

Pedir sacrificios es válido cuando se ofrezca a cambio un futuro mejor y no es el caso.

ramona_melendez@yahoo.com.mx